Para tratar con seriedad el tema del organismo electoral, complejo por antonomasia, hay que comenzar por el principio: por su naturaleza, sus funciones, y las condiciones que han de asegurarse para que pueda realizar su rol institucional. Lo demás se desprende de este núcleo esencial.

Como organismo especial tiene funciones de administración y de justicia electoral. Ha de organizar las elecciones y resolver los conflictos que pudieren suscitarse antes, durante y después de efectuadas de acuerdo a la Constitución y las leyes. La administración electoral incluye el sistema de identificación personal y sus partes o subsistemas: el registro civil, la cedula y el registro electoral.

Además de estas funciones institucionales está llamada a desempeñar un rol de arbitraje político, cuya eficacia dependerá de su legitimidad, independencia, credibilidad y autoridad moral. Se le ha de requerir equidistancia política y partidaria. Para que lo logre el mecanismo de designación es crítico. Es desde ahí donde hay que comenzar.

Hoy día la elección le corresponde al Senado, la cámara menos representativa por su integración mediante que el sistema electoral mayoritario uninominal que sobrepremia al partido que logra la Presidencia de la República y que ahora será aún más cuando las elecciones se volverán a realizar simultáneamente.

En ningún momento se ha considerado poner a discusión este aspecto que es esencial en un diseño institucional democrático. Si se buscara equidistancia política como conjunto para el organismo electoral, habría que eliminar la fuente de la suspicacia involucrando al más amplio espectro político presente en el Congreso Nacional induciendo institucionalmente al acuerdo.

Si hoy la integra una muchedumbre hay responsables y razones del porque es así. De tres miembros hasta 1992, se pasó a una Junta de cinco, luego de siete y, por último, de nueve. Los auspiciadores de estos incrementos fueron los mismos legisladores en arreglos politiqueros de coyuntura como también la dañaron en el 2002 con las cámaras internas.

Los partidos, y los legisladores en su nombre, han jugado con la Junta. El propósito siempre ha sido controlar sus decisiones. Y sus elegidos, atendiendo a sus compromisos, se han dejado. Estamos en lo mismo desde 1923: desde Sumner Welles hasta hoy día con los mediadores de la sociedad.

La designación no resuelve todo- la inmadurez de los elegidos es difícil de evitar- pero es la esencia de una administración y una justicia electoral razonablemente independiente. En cualquier pais democrático. ¿A quién se le quiere atribuir ahora la justicia electoral, el aspecto menos controversial en la Junta actual? ¿Es un ardid sutil de control? ¿A instancias conformadas por el acuerdo de unos poquísimos en reuniones de aposento?

Modificamos las instituciones de improvisaciones en improvisaciones, de fracaso en fracaso (los colegios cerrados, la división en cámaras, separación y unificación de elecciones) y no para que todo siga igual sino para peor. Las decisiones de este tipo no se han de tomar por coyunturas, por simpatías o antipatías hacia funcionarios. Las cosas tiene que pensarse, analizarse y tomar en consideración la experiencia institucional acumulada.

Los sastres actuales de la asamblea no andan buscando la solución a un asunto ya muy viejo que necesita ser definitivamente arreglado. Como se pinta la cosa el nuevo traje tendrá los pantalones “salta charcos”, las mangas dispares, los bolsillos en la espalda y cuidado si no le cosen la corbata a un lado pensando que puede verse más bonito.

© Julio Brea Franco 2009
Florida, USA
Publicado originalmente en Periódico HOY de
República Dominicana
Junio 1, 2009