January 29, 2017

About JBF’s Blog

This area of the website will display Julio Brea Franco’s blog writings. All of his writings up to his last one in 2009 are featured here for your viewing and reference.

September 22, 2009

Mañas viejas

“Aquí siempre es la primera vez”, aunque las situaciones se repitan en el tiempo ocasión tras ocasión. Al parecer padecemos de un déficit de concentración: la atención no supera el corto plazo. Pasado el momento todo cae en el olvido hasta la siguiente ocurrencia que, de nuevo, vuelve a ser la primera. A las situaciones no se les da seguimiento. Y eso mismo ocurre con las elecciones, que son periódicas y con intervalos de dos o cuatro años. Un tiempo perfecto para el olvido.

El Senado, es decir, el PLD, aprobó una resolución solicitándole a la JCE la reversión de los cambios de residencia solicitados por ciudadanos en los últimos años. El organismo recibió la comisión y el documento, prometió investigar y, en apariencia, llego más lejos: por resolución del pleno, cerró la aceptación de solicitudes de cambio para el venidero proceso electoral de 2010.

Cualquiera diría que la Junta reaccionó positivamente -al menos en parte- al pedimento del Senado. Resulta, sin embargo, que ese cierre estaba ya previsto para el 16 de septiembre y se materializaría con o sin pedimento. Así consta en el cronograma electoral regresivo que ella misma publica.

Las razones recientes de la cuestión han sido las denuncias de supuestos trasvases o trasiegos de electores de un municipio a otro con el fin de abultar la masa de votantes comprometidos con un candidato; y así, en las votaciones, lograr escaños congresionales y municipales. La gente no es movidas graciosamente: se habla de compra venta. El “servicio” tiene su precio. Ya la maña no es nueva.

Cualquier sistema de registro electoral debe y tiene que prever la posibilidad de que un ciudadano pueda realizar cambios de residencia que implique su reubicación en otro lugar de votación. Una parte de la población se encuentra en movilización continua.

La normativa electoral se ocupa de estos movimientos, pero no lo hace de manera satisfactoria y los protocolos administrativos han demostrado no ser eficientes. Si lo fueran no habría intentos de trasiegos y menos exitosos.

Todo registro electoral guarda relación con la población en edad de votar. El análisis estadístico de las elecciones 2006 y 2008 da la alerta en cuatro demarcaciones. En ellas aparecen más inscritos que población electoral: el Distrito Nacional (117% y 114%); Salcedo (119 y 116); Santiago Rodríguez (106 y 105); Pedernales (92 y 117). No necesariamente estos excesos son la expresión de trasiego de electores. Pero la alarma sirve para analizar con detenimiento estos casos.

Nunca se puede hablar de fraude hasta que no se demuestre con datos objetivos. Y menos catalogarlo como tal antes de materializarse. Los datos de Pedernales 2006 apuntan a que sí hubo trasiego.

La pregunta siguiente sería: ¿fue efectiva la maniobra? Parece que no. Si se habla de unos 3 mil 500 electores movilizados, el crecimiento de los votantes debió ser cercano a esa cifra. Sin embargo fue tan solo se 1,393 votantes con respecto a 2002.

Por otra parte, el ausentismo tuvo un aumento neto 2,578 electores. Eso significa que en 2002 votó el 72% pero en el 2006 el 68%. Se movieron pero no todos votaron porque al final no acudieron a las urnas. Para determinar si se alcanzó el propósito hay que hurgar para determinar quiénes fueron los promotores. Si los potenciales interesados están entre los candidatos, habría que ver quienes ganaron.

¿Que hacer entonces para evitarlo? Hay que mejorar procedimientos, exigir documentación y, sobretodo, hacer comprobaciones. La gente que se muda debe solicitarlo en el nuevo municipio personalmente. Debe además demostrar con documentos que es real. Como han de disponer de un lugar para estar, que lo prueben (un contrato o acuerdo de alquiler o compra, algún recibo de servicios, comprobantes de pago de un empleador). Algo, que, en fin de cuentas, avale. Y debe renunciar primero a la inscripción en el municipio que abandona. Sin pruebas no se procesa la solicitud. La aceptación dependería de la comprobación. Eso es lo que se estila en las legislaciones y en la práctica en países de mayor desarrollo.

© Julio Brea Franco 2009
Florida, USA
Publicado originalmente en Periódico HOY de
República Dominicana
Septiembre 22, 2009

September 15, 2009

El voto electronico de capa caida

Los alemanes votarán en las elecciones del próximo 27 de septiembre, pero no lo harán con máquinas electrónicas. Así lo dictaminó la Corte Federal Constitucional el pasado 3 de marzo 2009. La razón de base es esta: “no garantizan una votación secreta y un control democrático del cómputo”.

En las pasadas elecciones de 2005 se utilizó el voto electrónico en una serie de distritos electorales. La experiencia no resultó satisfactoria. El politólogo J. Weisner y su hijo, ingeniero de sistema, elevaron entonces una demanda que finalmente fue acogida por el Tribunal. La sentencia, si bien no invalidó aquellos resultados, ha quedado como un hito y referente para todos aquellos que objetan seriamente en varios países el uso de la tecnología para la votación y recuento de los resultados.

El “voto electrónico” es el recurso informático aplicado a dos áreas específicas: la emisión del voto en sí misma (el votar) y el recuento de votos. Esto es, maquinas mediante las cuales el elector introduce sus preferencias utilizando un medio de entrada, “input”, (a través tablero incorporado o conectado) que lo agrega en la memoria del aparato y luego realiza la sumatoria acumulativa.

Se trata de un voto presencial: el elector debe acudir al recinto, mesa o precinto electoral al que haya sido asignado, que es donde está ubicada la máquina. Además, es un sistema que no requiere ni utiliza boletas previamente impresas. Sirve, entonces, para emitir y contar los votos en un mismo acto.

Como es una computadora utiliza un programa (software) y dispone de mecanismos de seguridad. Precisamente es este uno de los puntos más objetados. Otro: que no ofrece certeza absoluta ni imagen de invulnerabilidad que garantice dos aspectos fundamentales que han de estar presentes en cualquier elección: la confianza de que el voto será asumido como quiere el votante, y que se respete la confidencialidad y el secreto.

Los análisis conducidos por expertos realizados en países distintos no le han sido favorables. En Estados Unidos, en el 2006, se dio a conocer el reporte del Brennan Center (Universidad de Nueva York) . Expertos de la universidad de Princeton (Estados Unidos) poco antes del 2008 realizaron pruebas a las maquinas Diebold y pudieron manipularlas en minutos sin dejar constancia alguna. Más aun “inyectaron” virus que lograron manipular los resultados sin dejar huellas. En la misma tónica: el Chaos Computer Club (Alemania). En Argentina, las fundaciones “Via Libre” y la Heinric Boll el pasado año publicaron el libro “El Voto electrónico. Los riesgos de una ilusión “. También expertos en Francia, en Holanda, y así sucesivamente en varios países.

Las experiencias electorales recientes han desatado acres críticas. En Francia, en 2007; en Holanda, en el mismo año, se decidió volver al papel y lápiz; en Finlandia, en Bélgica. En Estados Unidos, después del 2000 y el 2004 las maquinas electrónicas se abandonan a la carrera: Florida las sustituyó por urnas que escanean las papeletas. En pobladas instituciones ha pasado igual: en la UNAM (universidad de México). A lo interno de estados federales: en Rio Negro en Argentina, en Bélgica en Finlandia…

El voto electrónico resultó una ilusión que la realidad lo ha embestido: no ha logrado convencer ni asegurar total confiabilidad. Para que un resultado sea legitimo y aceptable, tiene que fundamentarse en la credibilidad. Sin ello, en vez de ayudar lo que puede es complicar, desprestigiar y dar pie a insalvables querellas y hasta crisis electorales y políticas. . .

Aunque nos moleste aceptarlo “el actual sistema con boletas ha sido concebido para que cualquiera, incluso el más ignorante, pueda forjarse la íntima convicción de que el voto se ha desarrollado honestamente”. Y si no, siempre existe la posibilidad de demostrarlo con papeles: con los votos depositados en las urnas.

© Julio Brea Franco 2009
Florida, USA
Publicado originalmente en Periódico HOY de
República Dominicana
Septiembre 15, 2009

September 8, 2009

Cuando las instrucciones pervierten

Los partidos principales se encarrilan a la organización de sus convenciones y primarias para escoger sus dirigencias (PRD) y sus candidatos (PLD) ante las venideras elecciones legislativas y municipales. El tiempo avanza, hay plazos que cumplir y deben de hacerlo con o sin ley de partidos.

Desde ya exploran y recaban el soporte de la JCE, en particular de su Cámara Administrativa (CA), que muy bien puede prestárselo siempre que no implique la utilización de su presupuesto. Es que la colaboración del organismo electoral no debería traducirse en una fuente de financiamiento supletorio, aunque discreto, indirecto o escondido. Los partidos reciben suficientes recursos del Estado para pretender que también les hagan el trabajo o cuando menos que se lo sufraguen parcialmente. El PLD, por ejemplo, ha solicitado un poco de todo: escáners, valijas, urnas, tinta indeleble y más.

La mucha presión para la rápida aprobación del proyecto de ley de partidos ha sido por el asunto de las primarias. Sin duda estas son parte de la propuesta pero ni es lo único ni lo más trascendente. He insistido que la obligatoriedad de las primarias y la propiedad partidaria de los escaños constituyen los dos aspectos que podrían hacer zozobrar la iniciativa una vez aprobada. Los partidos pueden realizar primarias pero el método no puede ser exigencia forzosa, y menos, que su organización este a cargo de la Junta.

Aun no se han concretado el diálogo PRD-PLD respecto al proyecto de ley. Pero los inconvenientes no lucen insalvables. Si el PLD quiere esperar la culminación de la reforma que se comprometa, sin embargo, a que se apruebe inmediatamente después. El pais no puede repetir el escandaloso espectáculo del uso desmedido y desvergonzado de los recursos públicos por el partido de gobierno. Eso sí que es imprescindible e innegociable para el 2010. El PRD puede contribuir a llevarlo a puerto y de seguro concitará el más amplio apoyo.

Mientras eso sigue pendiente, la CA vuelve de nuevo con otro de sus inefables instructivos. Recuérdese aquel sobre las actas de nacimiento y las criticas razonables que levantó. Ahora se trata de los requerimientos y verificación de las solicitudes de reconocimiento de nuevos partidos. El plazo de cierre para la recepción de solicitudes ya concluye (ocho meses antes de las elecciones). En la presente ocasión se han elevado cuatro solicitudes de nuevos partidos y unas siete de agrupaciones accidentales. Precisamente para la verificación de estas solicitudes la CA emitió un instructivo destinado a los inspectores que han de realizar las labores de comprobación.

Son varias las condiciones exigidas por la ley electoral vigente. Una, la más importante, es de carácter cuantitativo: se requieren pruebas de afiliación de una cantidad no menor al 2% de los votos válidos en las anteriores elecciones. Estamos hablando de unos 81,731 afiliados (de 4 millones 86 mil 541). Obviamente no se verifica la totalidad de las firmas, se extraen muestras y se aplica una formula. Al menos, era eso lo que se hacía en el pasado.

Los otros requisitos atañen a los cuadros u órganos de dirección provisionales, locales abiertos, exposición de principios, dibujo y diseño con colores y sus combinaciones de los símbolos, presupuestos de ingresos y gastos. Con respecto a los locales la ley únicamente se limita a requerirlos sin precisar ni especificar detalles. La CA pretende exigirlos.

La pregunta entonces sería: ¿Puede la JCE, o una parte de ella que actúa en su nombre, requerir condiciones no definidas en la Ley Electoral? ¿Puede la JCE establecerlos, no ya en un reglamento, sino en un simple instructivo? ¿Pueden unas instrucciones cercenar derechos en base a condiciones antojadizas cuando la ley no se refiere a ello?

¿Cómo puede pretenderse que los locales incluso estén pintados con colores, símbolos y nombres de la organización si precisamente no han de usarlos hasta que sean aprobados por la JCE? Pero hay más: se exige que dispongan de materiales y equipos y de personal básico responsable que trabaje en el local. De casualidad que no ha exigido que esté debidamente uniformado, aseado, peinado y afeitado.

Son detalles, ciertamente, pero detalles que pervierten en la práctica la esencia de libertades consagradas en la Constitución y en la ley. ¿Parece poco?

© Julio Brea Franco 2009
Florida, USA
Publicado originalmente en Periódico HOY de
República Dominicana
Septiembre 8, 2009

September 1, 2009

De oligarquias y transfugas

El asunto ese de la “ley de partidos” se ha convertido en un “issue”, en materia de enfrentamiento, querella y hasta de chantaje político. El PRD presiona por su rápida aprobación, tal y como está; el PLD por hacerlo “después”. Ya este le jugó una trastada al primero al colocarlo en agenda cuando era previsible que perimiera al concluir la pasada legislatura. Pero el aquel lo aceptó. El chantaje tiene que ver con la bendita reforma constitucional, que aún le falta tiempo. Lo cierto es que esa es una ley “ex post” reforma y no “ex ante”.

Cuando las cosas llegan a ese punto, el debate razonable se malogra. Para las partes únicamente valen los objetivos, no ya las razones que pudieren esgrimirse entorno a un proyecto que ni es totalmente sabio ni absolutamente malo. La realidad es siempre mucho más complicada de las pretendidas simplificaciones de los políticos. Como hay polarización los análisis se aplauden cuando son propicios y se rechazan los críticos. Afortunadamente, el país no lo constituyen las cúpulas partidarias aunque nos lo quieran hacer creer.

Si el proyecto respondiese a un genuino convencimiento para estimular la institucionalización y la democratización de los partidos hubiese insistido, tanto o más que en las primarias, en la necesidad de renovación periódica efectiva de las dirigencias. Presentar candidatos siempre viene después. Si algo amenaza a los afiliados y a la democracia es precisamente “la sostenida tendencia oligárquica en los partidos”, detectada por el sociólogo (socialista por demás) Roberto Michels, en 1911.

La Cuba republicana influyó determinantemente en la legislación electoral dominicana. Ciertamente no fue una buena adaptación la que nos hicieran los cubanos (La influencia mayor, HOY 18 diciembre 2007). La dictadura de Trujillo cortó de cuajo cualquier corriente de influencia democrática. Pero en Cuba se siguió adelante.

La mítica constitución de 1940 avanzó en la constitucionalización de los partidos. Ya en el texto de 1928 se había introducido una referencia a los partidos. En la de 1940, su artículo 102 requería expresamente que estos debían “reorganizarse” seis meses antes de las elecciones. El requerimiento se desarrolló en la siguiente ley electoral de 1943. La reorganización era el proceso mediante el cual debían renovar sus asambleas y dirigencias. Nótese bien: antes de las elecciones. Nada de eso se exige entre nosotros, nuestra clase política se anquilosa y no “circula”: son los mismos desde hace 15, 20 y hasta 30 años.

Ahora se quiere que los escaños y los puestos sean propiedad de los partidos para hacerle frente al “transfuguismo”. Este no es más que una expresión del chaqueteo político. Hay quienes han saltado entre los tres principales partidos. Lo hacen por inmadurez, porque no se encuentran, porque buscan tribuna o simplemente por oportunismo. Eso también le ocurre a los partidos “emergentes” (debían llamarse los “atorados”, porque tienen añales emergiendo y no acaban de terminar). Solo basta revisar los pactos de alianzas para detectar aquellos que se han aliados con todos; pero siempre con el que se perfila ganador.

Chaqueteo político se vio en las pasadas elecciones: ¿cuánta gente no se pasó a la reelección y le ofrecieron y le dieron cargos? Tránsfuga es más específico: es el que ejerciendo un cargo electivo se separa del partido que lo presentó como candidato. Más que declararse independientes lo que hacen es pasarse al partido contrario. El autor del proyecto es uno de ellos.

Lo paradójico es que son recibidos con bombos y platillos en el partido opuesto. Si se busca castigar al traidor, todos deberían repudiarlo pues tan travieso es el que se cambia como el que le da la bienvenida.

Pero una cosa es cierta, no hay en la constitución, ni la que se va ni en la que viene, posibilidad de destituir a legislador alguno por cambiarse de partido. Y si no lo estipula la constitución, una ley de seguro que no lo puede establecer. Por ello riñe y reñiría con la constitución. Pretenderlo es pura bazofia.

© Julio Brea Franco 2009
Florida, USA
Publicado originalmente en Periódico HOY de
República Dominicana
Septiembre 1, 2009

August 25, 2009

La obligatoriedad de las primarias

Si el PRD necesita de unas primarias, porque las considera necesarias para vadear su conflictiva interna, nadie puede impedírselo. Es más: es recomendable que las haga. Potenciaría la legitimidad de sus nuevos directivos y resolvería el “match” actual. Y si eso vale para el principal partido de oposición, vale también para los demás.

Pero de ahí a que mediante una ley se estipule que las primarias sean el único mecanismo para la selección de sus candidatos, que sean obligatorias y que se realicen de manera simultánea, y organizadas por la JCE, es muy diferente.

De que las primarias tengan mayor potencialidad para obviar las imposiciones de las cúpulas partidarias, al promover el involucramiento de sus afiliaciones, es un planteo aceptable. Pero corresponde a cada partido establecer el sistema que crea conveniente, (la ley habla de convenciones), siempre que asegure transparencia. Implica por demás que las cúpulas respeten los resultados y no los trastornen con sustituciones, ejecutadas y manipuladas por sus secretarios. La JCE debe garantizarlo y así se establece en la ley.

Las leyes pretenden ordenar pero no pueden resolver problemas de institucionalidad, de cultura política y de maneras de hacer política. Es pura ingenuidad “iluminista” pretender hacerlo con constituciones y normativas.

No se contribuye a la institucionalización de los partidos cuando, en vez de confrontarlos a sus propias tareas, se les pretenda hacerles sus deberes. Eso es considerarlos incapaces. Si los partidos no son aptos para dirimir sus propios conflictos, organizar en la práctica sus propias vidas internas, no es verdad que están en condiciones de resolver problemas que aquejan al pais. Si son un dechado de violencias, de puños y armas, con heridos y muertos, eso no se soluciona con leyes que perviertan el espacio, que como asociaciones, les concede el mismo orden jurídico.

La “ley de partido” no trata únicamente de las primarias internas. Reglamenta por igual otras importantes facetas: el financiamiento y control de los recursos que los partidos reciben del Estado y de particulares; reglamenta las campañas electorales; la formación y constitución de agrupaciones ciudadanas en calidades de partidos. Incluso trata de las relaciones entre los legisladores electos y sus respectivos partidos.

Analizar, por tanto, una iniciativa de complejos alcances y objetos requiere especificar a cuales se hace referencia. Y las dos principales debilidades que se aposentan en el proyecto son la obligatoriedad de las primarias y la propiedad partidaria de los escaños que también se pretende. Si ambos se mantienen a ley aprobada puede ser fácilmente dinamitada constitucionalmente. Las primarias obligatorias son inconstitucionales por sentencia de la Suprema Corte de Justicia del 16 de marzo de 2005.

El conflicto es endémico en la JCE. Por eso reaparece. Su presidente se enfrenta a su propia coherencia: antes de ocupar el cargo atacó con éxito su constitucionalidad; y no sólo porque aquella ley no especificaba los recursos para llevarlas a cabo. Sabe de sobra que las objeciones fueron más profundas. Si cambia de parecer, ahora, es otro asunto.

En curiosa sintonía, posiblemente casual, entre los administrativos electorales y el partido opositor (inicialmente sobre el voto preferencial y ahora con las primarias), los primeros recogieron de prisa el grito aquel de “ansiedad” que expresaba cuan abrumados se sentían con las complicaciones agregadas a las próximas congresionales-municipales. Ahora, como por arte de magia, se declaran aptos, en capacidad, con recursos y disponibilidad de tiempo para acometer la tremenda tarea que implica organizar esos eventos. Peculiar situación…

© Julio Brea Franco 2009
Florida, USA
Publicado originalmente en Periódico HOY de
República Dominicana
Agosto 25, 2009

August 11, 2009

Partidos, Agrupaciones y Postulaciones

Lo lógico, lo prudente, lo sensato hubiese sido esperar la aprobación de la nueva constitución para entonces proceder al conocimiento del proyecto de ley de “partidos y agrupaciones políticas”. Es que este trata de un aspecto sensible y estrechamente imbricado a la política institucional. Si se quiere que esa pieza encaje en el mural debió esperarse que estuviese listo. Pero eso es demasiado pedir en la política dominicana.

Se conoció en primera lectura, y por un paso, no en las dos. Después de años de desatención les entró una “prisa acelerada”. ¿Por qué el afán? ¿Por lo provechoso que resultaría el control absoluto, que derivaría del combate al “transfuguismo” congresional? ¿Será por una súbita vocación institucional? ¿O simplemente hay que aprobarlo como esté para luego sea declarado inconstitucional, y así salir del paquete?

El proyecto que se discute contiene una zona confusa, que en los tiempos que corren debería ser clarificada. Se trata de las “agrupaciones políticas”. El término no es feliz. Un partido es una agrupación de ciudadanos con un fin político. Si partido es agrupación ¿en qué se diferencia la agrupación del partido? Una camisa es igual a la otra sin que importe la talla.

En la pieza se le llama agrupación a los que, en esencia, serian partidos locales. Locales porque su área de acción es limitada con respecto al ámbito nacional: provincias y/o municipios. Se establece que deben ser reconocidos y, por tanto, los requerimientos para su constitución serian iguales. La idea “partidos locales”, si bien no es desechable, dinamita la acepción de agrupaciones accidentales.

Las agrupaciones que proponen “independientes”, son accidentales se autorizan para una elección determinada y nada mas. Son “postulaciones independientes”, previstas en muchísimos ordenamientos electorales. Por mencionar algunos en nuestra área geográfica: Argentina, Colombia, Panamá, Ecuador, Venezuela. Pero la lista a nivel global es amplísima: 81 países (36%) lo permiten tanto en las legislativas como en las presidenciales; y en otros 67 estados (30%), en elecciones legislativas. Es un fenómeno bien generalizado en esta época de empuje participativo.

Entre nosotros se había previsto esa posibilidad, pero la práctica electoral la ha desdibujando al punto que ahora quiere eliminarse. Se busca el total monopolio partidario en la presentación de candidatos. La iniciativa, si se conecta a otras posiciones asumidas por los partidos, es de corte partidocratico. Recordemos las oposiciones al voto preferencial y ahora el establecimiento de la propiedad de los escaños para los partidos.

En la primera ley electoral moderna de República Dominicana, la de 1923, se reconocía el derecho a las postulaciones independientes con algunos requerimientos lógicos y recomendables. Se reiteró en las modificaciones de 1924 y la de 1926. En la ley de 1962, si bien se mantuvieron las candidaturas independientes, se establecieron requisitos similares a los exigidos a los partidos e incluso se difuminó la “accidentalidad”: se dispuso que las agrupaciones, en elecciones sucesivas, podían mantener los mismos candidatos.

Una muestra de cómo en la práctica se las haya distorsionado aconteció en 1990: la JCE llego a permitir alianzas entre partidos y agrupaciones accidentales. ¡Inaudito!

Es cierto: Las elecciones pueden tornarse ininteligible si concurren tantos candidatos al punto que el elector no pueda discernir. Por eso es necesaria la regulación de los requerimientos, pero respetando el carácter de temporalidad de candidatos no encuadrados en partidos; y no aniquilando las iniciativas. ¿No estamos asistiendo a un surgimiento de iniciativas ciudadanas que expresan visiones y acciones distintas del interés público? ¿Porqué no avanzan candidatos al margen de los partidos? ¿Y no los critican?

© Julio Brea Franco 2009
Florida, USA
Publicado originalmente en Periódico HOY de
República Dominicana
Agosto 11, 2009

August 4, 2009

Sobre los partidos

No es de ahora que se viene impulsando la idea de reglamentar los partidos políticos mediante una normativa separada de la ley electoral. Precisamente, por el tiempo que ha transcurrido en esos afanes, han circulado diversos anteproyectos de origen variado. Se tiene la impresión de que se anda perdido en una selva, y que se requiere orientación para determinar cuál es la versión a la que se le debe prestarse atención.

La averiguación concluye en la existencia de un proyecto sometido el 5 de agosto 2008 a iniciativa del diputado Acosta Félix (antes del PRSC y ahora del PRD). El proyecto fue tomado en consideración ese mismo mes y remitido a comisión especial. Esta rindió su informe el pasado 17 de febrero. Se advierte que ese proyecto (no necesariamente con el mismo texto) había sido reintroducido en agosto 2006 y, posteriormente, en febrero 2007.

Hoy día se ha anunciado que finalmente será discutido inmediatamente después de la reforma constitucional. La JCE dijo que estaba en condiciones de organizar las primarias generales. Sin embargo, al día siguiente, se apresuró a dejar claro que no tenia presupuesto para ello. Eso significa entonces, que si no tiene presupuesto no está en condiciones de llevarlas a cabo.

El proyecto adolece de muchas fallas, es confuso y en extremo invasivo y reglamentista. Si se aprueba, tal y como está, se expone a ser considerado no conforme a la constitución. La afirmación no debe sorprender. El 16 de marzo de 2005, la Suprema Corte de Justicia con argumentos muy sólidos declaró inconstitucional la Ley No. 286-04 del 15 de agosto 2004 que establecía el sistema de elecciones primarias mediante el voto universal, directo y secreto. El proyecto reproduce el texto de aquella exactamente igual.

Pero hay otros aspectos adicionales. Uno de ellos es el artículo 50 del proyecto que pretende que sean los partidos los propietarios de los representantes y de los escaños. Algo inaudito si se confronta con el artículo 2 constitucional que reza: “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes del Estado. El pueblo ejerce la soberanía por medio de sus representantes o en forma directa, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes”.

Los partidos no son el pueblo como totalidad. Quienes eligen son los ciudadanos. Los partidos apenas proponen candidatos, pero el mandato representativo no es traspasable. Introducir una especie de mandato imperativo a favor de los partidos colide con los principios y el patrimonio común que sustenta el derecho constitucional y parlamentario. ¡Vaya con el mal intento partidocrático!

Técnicamente, la opción de una ley de partidos separada de la Ley electoral no es recomendable y más aun es perniciosa. Es una invitación a la redundancia, a la asintonía, a la contradicción y al entorpecimiento de la interpretación y aplicación de la normativa.

Es un desatino si se piensa que la electoral contiene títulos y secciones, esto es, espacios, que recogen la mayoría de los aspectos del proyecto. No se entiende, entonces, porque en ese vaciado existente no se hacen los ajustes, los cambios, las modificaciones y se insertan las novedades que se pretenden, tales como la reglamentación de las campañas. Ese es el contexto natural para esa normativa y no un nuevo instrumento legal.

Luego está la distorsión y perversión que se hace con las “agrupaciones políticas” y las posibilidades que pierden los actores de la sociedad civil, tan deseosos de lograr sus propios espacios con iniciativas ciudadanas sin caer en la organización de partidos. El tema es extenso. Habrá que retomarlo luego.

© Julio Brea Franco 2009
Florida, USA
Publicado originalmente en Periódico HOY de
República Dominicana
Agosto 4, 2009

July 28, 2009

El 78

El vienes 7 de julio de 1978, hace ya 31 años, en avanzada hora de la tarde, el Oficial Mayor y Suplente de Secretario de la Junta Central Electoral, entregaba a los periodistas la decisión consolidada sobre los 97 recursos (entre impugnaciones, apelaciones y recusaciones correspondientes a 66 municipios) que había conocido el tribunal electoral en los 34 días de la fase contenciosa de aquel proceso electoral.

Esa “sentencia” seria conocida como el “fallo histórico”. Y, ciertamente, lo fue pero no en el sentido que había anunciado, días antes, el suplente en ejercicio. Fue un fallo paradigmático precisamente por la decisión política, sin asidero jurídico, que contenía y que alteró la composición del Congreso, en particular, del Senado.

La votación arrojaba 15 senadores para el PRD y 12 para el reformista. La decisión, sin embargo, la transformaba en 16 para los reformistas y 11 al PRD. Así se le cercenaba al gobierno electo la mitad del poder institucional. El partido y el presidente saliente controlarían la Justicia, la Cámara de Cuentas y la Junta Central Electoral.

En cuatro provincias (La Altagracia, Bahoruco, Maria Trinidad Sánchez y El Seíbo) la JCE ajustó el resultado, de acuerdo a un “procedimiento pragmático, irrefutable”. Lo que hizo fue que del total de no votantes, resultante de la diferencia entre el número de inscritos en el registro y los sufragantes a nivel provincial, dedujo el 10% como “abstención natural estimada”. Luego, de la cantidad restante, tomó la mitad para sumársela a la votación obtenida por el partido que había perdido los comicios en el cómputo provisional.

De esa manera, acogía en parte los reclamos del Partido Reformista pero rechazaba el pedido de elecciones complementarias, no contempladas en la constitución ni en la legislación electoral. Este fue, en esencia, el meollo del fallo a pesar que en sus 89 páginas trata por igual de otros incidentes surgidos en las elecciones.

Los comicios de 1978 provocaron una gran crisis electoral. La reacción de unos cuantos generales reacios a la victoria de la oposición produjo, a las cuatro de la madrugada del 17 de mayo, la interrupción del cómputo electoral. Si bien fue una situación delicada, pues no todo el alto mando militar estaba en el mismo temperamento, no puede decirse que estuviéramos al borde del abismo.

En primer lugar, el Presidente Balaguer no tenía intensión de avalar un golpe. Si lo hubiese querido, con su liderazgo lo habría materializado. Y esto no solo lo refieren las versiones que se han contado de aquellos momentos, sino que quedó claro en su discurso en la noche del 18 de mayo, en el que aseguró que acataría la decisión final de la JCE. Arremetiendo contra el registro electoral y su personal, explicitaba la que sería su línea de acción posterior propia de su estilo: ni gobernaba ni se iba sin el control del Senado. Así fue, también, en 1986.

Tampoco se anduvo en el borde de un desastre pues el PRD se manejó con una gran prudencia y tacto político. Había ganado, aunque inicialmente dijera que por más votos de los que al final obtuvo. Y sí, contaba con amplio respaldo popular.

La discusión electoral se centró en una supuesta manipulación de las listas electorales, avanzándose argumentaciones poco convincentes para que fuera llevada a cabo en una JCE en la que no había capacidad ni tecnología y menos en condiciones de secreto en una burocracia electoral cundida de reformistas, algunos bien aguerridos.

Lo que sí provocaron las impugnaciones fue un efecto enfriamiento para la aceptación de una victoria insoslayable, aceptada finalmente con el costo lamentable de aquel “fallo histórico”.

© Julio Brea Franco 2009
Florida, USA
Publicado originalmente en Periódico HOY de
República Dominicana
Julio 27, 2009

July 21, 2009

Bellum omnium contra omnes

Pensemos en la Suprema Corte de Justicia. Pensemos que entre sus integrantes existen diferencias de criterios técnicos, profesionales y personales. Pensemos cuando el alto tribunal tiene que elaborar decisiones importantes y de trascendencia, o definir situaciones de su funcionamiento interno y administrativo. Pensemos que cada juez accede a los medios de comunicación, que a través de ellos, expone sus consideraciones y formula sus críticas acremente en contra de sus colegas o de alguno en particular.

Pensemos en la Presidencia de la República. Pensemos que entre los secretarios de Estado no sólo expresan criterios distintos al del Jefe del Gobierno, sino que además ventilan en los medios de comunicación sus diferencias, sus celos, sus pugnas y, más aun, se critican y acusan mutuamente de mal manejo de fondos; o sugieran que lo han usado con fines particulares.

Pensemos en la Conferencia del Episcopado. Pensemos, por igual, que cada obispo opine de manera diferente de la gestión del presidente de la conferencia y que acudan a la televisión o escriban artículos o concedan entrevistas para abundar en denuncias y consideraciones sobre el Cardenal, o que emitan visiones distintas sobre temas considerados indiscutibles para la Iglesia católica.

Pensemos en las Fuerzas Armadas. Pensemos en que sus generales o algún grupo de ellos arremetan contra la institución, que denuncien las gestiones de sus respectivos jefes, o que simplemente emitan sus opiniones y consideraciones sobre lo que debe ser su papel en la sociedad a detrimento de un principio fundamental de disciplina y respeto jerárquico.

Pensemos ahora en las reacciones que se producen en la opinión pública a consecuencia de esas discusiones. Pensemos en los alineamientos que se producen en tono a las partes en disputas, a las defensas y a los ataques que despiertan en unos y en otros, con argumentaciones incompletas al no disponerse de los elementos suficientes para fundamentar y conceder la razón a alguna de las partes.

Vivir y contemplar las situaciones apenas supuestas nos llevaría al infernal estado de naturaleza de Hobbes: el de la guerra de todos contra todos (bellum omnium contra omnes). Un estado de disolución y caos social.

Por suerte a ese punto no se ha llegado en la Suprema, en el Gobierno, en la Iglesia, ni en las fuerzas armadas, a pesar del reciente caso del general. Sin embargo, es eso lo que viene aconteciendo desde hace tres años en la Junta Central Electoral. Una crisis tras otra. De nada han valido los llamamientos a la sensatez de sectores ponderados de la opinión pública. Incluso hasta de los mismos partidos políticos, algo muy singular vista la centrifugación que los caracteriza.

La diferencia de criterios, de valoraciones, de actitudes, de simpatías, de personalidades es consustancial en cualquier agregado social. No son evitables ni deben ser tomados como avances apocalípticos. En democracia es consenso como también disenso. Pero esos procesos en confrontación se ventilan en ámbitos específicos, adecuados y delimitados. Y es esto lo que se infringe, lo que se resiste a entender y lo que se contraviene.

No es que tengamos una Junta esquizofrénica, ni que quienes la integran lo sean. Tan solo es multiceala. Una Junta en la que, sin embargo, abunda el personalismo narcisista azuzado por terceros con difusos propósitos.

Aplaudir a unos o a otros, sin confrontar esta gente a su realidad institucional, es enjabonar la pendiente hacia la disolución institucional. Lo penoso es que ellos lo saben y aun así persisten en seguir destruyendo lo bueno que han podido hacer.

© Julio Brea Franco 2009
Florida, USA
Publicado originalmente en Periódico HOY de
República Dominicana
Julio 21, 2009

July 14, 2009

El costo de la torpeza

La de Honduras es una crisis prohijada por las torpezas. Así, en plural. De un Presidente torpe y de una reacción extrema igualmente torpe.

Hay que ser muy, pero que muy torpe, en la lectura política de una situación para, con la oposición de todos los actores institucionales y fácticos, de los partidos políticos incluyendo el suyo propio, insistir en llevar a cabo una “consultar popular” sin autorización y en contravención a lo establecido en la propia constitución (Artículo 5 Constitución de 1982).

Por demás, en la pretendida “auscultación” se pretendía preguntar sobre el cambio a la reelección cuando explícitamente se establece que “incitar, promover o apoyar el continuismo o la reelección del Presidente de la República” implica la pérdida de la calidad de ciudadano (Artículo 42 Constitucional).

La torpeza compitió con la torpeza. En el Congreso de Honduras había suficiente fuerza política para proceder a la acusación de Zelaya y llevarlo a juicio ante la Corte Suprema de Justicia.

Tan solo el Partido Liberal, el de Zelaya (63 escaños) y el Partido Nacional, en la oposición (55) contaban con el 92% de la totalidad de la matricula (128). Solo cuatro de los cinco diputados del minoritario UD (Unificación Democrática) apoyaban al Presidente. Si disponían de esa base tan amplia ¿por qué procedieron a apresar al Presidente y, en pijamas, enviarlo de madrugada a Costa Rica? Eso nadie lo entiende.

En cualquier república constitucional existen disposiciones para enjuiciar al Presidente. En Honduras por igual. Entonces, si se hubiesen dado pasos en esa dirección se habría alcanzado el propósito. Pero utilizaron a los militares desatando el sólido y unánime rechazo de la comunidad internacional. Sin la intervención militar no se hubiere podría hablar de golpe.

Hay interrogantes que no han sido dilucidados. Uno de ellos es sobre Estados Unidos. En Honduras tienen enorme poder disuasivo. Su peso es impresionante en ese pais. Si hay un gobierno y un Presidente que cuenta con torrentes de información fina, precisa y desmenuzada es el de Estados Unidos. El golpe no fue una sorpresa. Días antes hasta Insulza lo había advertido. ¿Cómo fue posible que su personal “in situ” no haya dejado ver expresamente a esa gente cual sería su reacción?

Una cosa es cierta más allá de las curiosidades: el Presidente Obama ha sido lineal y sostenido en la condena del golpe y en la reposición de Zelaya. La Clinton habló de inmediato y en su equipo hay coherencia de posiciones. La insistencia de Obama alimenta la ilusión de Zelaya que pide una restitución pura y simple y una salida absoluta de los que están en Tegucigalpa.

Lo que sí resultó inteligente fue sacar de Washington los reflectores al ubicar las conversaciones en Centroamérica, y más en Costa Rica, pais muy querido, de gran aceptación entre los americanos con un Presidente Arias con suficiente prestigio, experiencia y equidistancia para ocuparse del asunto.

Está claro que la crisis no se va a resolver en dos días. Sin embargo, el tiempo, en vez de dañar, puede ayudar. A Zelaya le cuesta mucho mantener el tema vigente y al gobierno en Honduras el aislamiento le hará sudar sangre.

Las posiciones iniciales tienden a ser rígidas pero algo de flexibilidad debería seguir. Para iniciar, ambas partes deben empezar a reconocer sus errores. Zelaya no habla de sus desatinos; solo pretende que sean los otros que lo hagan.

Ya la lección a los potenciales golpistas en el continente está dada. Con restitución o sin ella.

© Julio Brea Franco 2009
Florida, USA
Publicado originalmente en Periódico HOY de
República Dominicana
Julio 14, 2009

July 8, 2009

La pendencia

Todavía la Asamblea Revisora no acaba de salir del paquete de la Junta. Seguimos con la “discusión” respecto al tamaño: uno quieren tres miembros, otros cinco; algunos, nocivos, plantean que se deje la definición a la ley y no a la Constitución.

Ya se aprobó un Tribunal Electoral integrado por tres miembros a ser escogidos por el Senado sin que se haya establecido un mecanismo de postulación. El Presidente de la JCE siempre tan dramático, exuberante, prolijo y prolífico en sus declaraciones ha catalogado su creación de “revolución electoral”. ¿De que revolución habla? ¿Emula al Presidente Fernández con su “revolución democrática”?

Nada nuevo habrá, precisamente porque existe una estructura diferenciada para decidir lo contencioso desde el 2002. La única diferencia será de matiz: ahora tendría personalidad constitucional. Estaría por verse su grado de independencia y eficacia en el control de la aplicación de la normativa de campañas. En eso aun estamos en alta mar porque la actual JCE no ha hecho absolutamente nada en el tiempo transcurrido desde mayo 2008, luego de anunciar que daría pasos para proponer y promover una reforma electoral.

El Presidente de la Cámara de Diputados, plantea, o planteaba, dejar a la ley la configuración numérica de la Junta. Si así se hace volveríamos a lo de siempre: al cotejamiento de conveniencia, a los aumentos sin límites de la matrícula y a la burda repartidera, pues eso es lo que ha ocurrido hasta hoy precisamente por ausencia de un límite supralegal. Se continuará siendo un juguete de las conveniencias políticas.

Por otra parte, el Presidente de la Cámara Administrativa (CA) que habla como político pero no como profesional -hasta ahora no se le conoce ningún análisis diagnostico del rol de la JCE en la política dominicana en el que haya avanzado hipótesis con fundamentaciones comprobables-, se ha despachado con aquello de que el número de miembros tiene una relación directa con “los desastres electorales”. Lo que muestra la experiencia es otra cosa: problemas ha habido con tres, con cinco y con nueve miembros: 1978, 1986 y 1990 (con tres) 1994 y 2000 (cinco), 2002 (siete), 2006 (nueve). Los problemas no dependen del número de integrantes.

Es narcisismo pretender que una JCE específica haya acabado con los supuestos fraudes (que algunos quieren ver, sin demostrar, hasta en la sopa). No hubo “desastre” en la reciente presidencial. Si en la CA son tres miembros ¿por qué una JCE únicamente administrativa no podría trabajar igual?

Tres es un número factible para hacer el trabajo de administración electoral en sentido amplio. Esa es la propuesta racional. Sin embargo, para los niveles de desconfianza prevalentes, y para mayores tranquilidades, 5 miembros seria la opción más realista. Con tres miembros solo dos partidos podrían estar en ella, con 5 hay mayores rejuegos.

Los partidos no es que busquen entre sus dirigentes para proponer alguno pero no lo hacen porque quieren. Lo de 1992 fue un total desatino. El reclutamiento consiste en colocar gentes que simpaticen por ellos y, más aun, que les sean confiables. Y lo mismo vale para los actores “fácticos”. La realidad es que nadie llega a la Junta sino es bajo estas condiciones.

Hay que fijar el número en la Constitución y funcionar con ese. Solo así se podrá despachar lo de la JCE con un mínimo de inteligencia política y sentido de posibilidad. De lo contrario seguirá el relajo.

© Julio Brea Franco 2009
Florida, USA
Publicado originalmente en Periódico HOY de
República Dominicana
Julio 07, 2009