Pretender que en un sistema de identificación, en su función electoral, con más de 5 millones 700 mil electores y en crecimiento continuo, no existan repeticiones, errores, suplantaciones y falsificaciones es pecar de ingenuidad, de irrealismo y de perfeccionismo.
La confiabilidad del sistema nunca podrá asentarse en un 100 porciento de corrección sino en la de una proporción aceptable de “suciezas” cuyo eventual impacto sea aleatorio y no afecte a una parte en específico. Si en unas elecciones eso sucediese estaríamos ante un caso de manipulación fraudulenta.
La afirmación que implicados en acciones criminales hayan sido encontrados con una multiplicidad de cédulas con distintos nombres emitidas por la Junta Central Electoral no debería arrancar airadas reacciones. No implica en absoluto que ella esté involucrada ni sea cómplice.
Tampoco significa que el documento adolezca de fallas de naturaleza tal que pongan en entredicho la aceptabilidad de las elecciones. Reacciones de este tipo no son más que destemplanzas y exageraciones frutos del desorden en la comunicación pública que caracteriza la Junta, con sus múltiples voces, ligeras y aspaventosas con gran frecuencia.
La falsificación de documentos es un mal que no respeta ni siquiera países de gran desarrollo tecnológico y sofisticados mecanismos de seguridad. Estados Unidos, por ejemplo, no ha sido inmune. Ningún mecanismo de seguridad documental se ha demostrado plenamente inviolable ni siquiera los biométricos.
La seguridad documental, sin duda alguna, ha contribuido a dificultar las violaciones y falsificaciones aun en esta era digital en que todo es más manejable por la propagación y disponibilidad de la tecnología. El robo de identidades es pavoroso, real y más extendido de lo que podemos imaginar.
La JCE ha apostado todo a la captación de los datos biométricos (foto, huella, firma). Sin embargo también este tipo de seguridad tiene limitaciones. El registro de las huellas dactilares no hace que su control y verificación sea siempre sencillo. Se requiere accesibilidad a las bases de datos, de lectores de huellas y de computadoras de gran capacidad de procesamiento y memoria.
La autentificación o cruce de la huella registrada en el documento con la que aparece en el archivo de la persona – control (1 a 1)- es más factible que la búsqueda de una huella en una base de 7 millones de archivos – control (1 a n). Para el primer control los bancos y algunas oficinas gubernamentales puedan disponer de los recursos apropiadas pero de seguro será dificilísimo hasta para la misma policía y organismos de investigación, para la búsqueda y verificación del segundo tipo.
Es esa la razón por la que un Sistema general (o civil) de Identificación Automatizada de Huellas Dactilares impone la necesidad de limitarlo a ámbitos determinados como es el caso criminal o delictivo.
Las falsificaciones de documentos suelen darse en dos ámbito: fuera de la entidad emisora o en el ámbito interno de ella. Reproducir el material, las impresiones y las firmas de un documento protegido es cada día más difícil y costoso. No así mediante el soborno de empleados y funcionarios.
La importancia de la reciente denuncia del ayudante fiscal, aunque no sea nueva, lejos de incomodar y ser objeto para manipular la paranoia, lo que debe es alertar y afinar los controles internos y procedimentales. Simplemente.
© Julio Brea Franco 2009
Florida, USA
Publicado originalmente en Periódico HOY de
República Dominicana
Marzo 31, 2009
