Diseño y realidad política – Julio Brea Franco

Tendremos que ver si la pausa del fin de semana ha permitido la consolidación de las propuestas para la configuración, estructura y composición del organismo electoral, aun pendiente en la Asamblea cuando el quórum precario se rompió.

Al momento del cierre de esa sesión, la propuesta había sido planteada de esta manera: dos órganos distintos (para superar la estructura tricéfala actual) con un total de seis integrantes titulares: tres para la Junta Central Electoral, con funciones de administración electoral, y tres para un Tribunal Superior Electoral con atribuciones jurisdiccionales y contenciosa. La designación de su personal correspondería al Senado (la cámara menos representativa) eliminándose la injerencia del Consejo Nacional de la Magistratura. Por otra parte, los de la Junta serian miembros (no ya impropiamente considerados magistrados), y los del tribunal, jueces.

Así planteada, la propuesta derivada del informe Mariotti –con el supuesto consenso del PLD y del PRD-, el organismo vería reducida su matrícula a seis integrantes, es decir, tres menos. Ahora son nueve, incluyendo las dos cámaras y el pleno. Los tres eliminados serían el actual Presidente de la JCE (un rey sin gobierno) y dos de la cámara contenciosa.

Pese a consideraciones de que no debería ser así, el diseño del organismo y la designación de sus integrantes, cuando toca hacerlo, es asunto político. Lo es por el rol que la Junta ha jugado en la política dominicana.

Más allá de sus atribuciones, su importancia es claramente percibida por los partidos, el gobierno y los actores fácticos. Así ha sido desde el momento mismo de su creación (1923). Se apetece su control, pues ayuda en mucho como herramienta de ventaja política. Esto es lo que explica las querellas e insatisfacciones que generan sus designaciones. Dado que el Senado es el que elige, siempre se reedita la sospecha.

Precisamente ese cariz político es imprescindible para entender “lo oculto” en esto de la JCE. Su diseño no puede ser visto como algo técnico, racional y de eficiencia a secas.

En 1987, el PLD ejerció presiones para que se aumentara el número de tres a cinco porque reclamaba un miembro en la institución. En aquel momento no lo logró pero si lo alcanzó en 1992. En ese entonces la propuesta de Peña Gómez se materializó (pero no en la dirección que deseaba): presencia del PRSC, del PRD y del PLD completada con “independientes”. Los independientes, al final de cuentas, no fueron tales, y los reformistas de Balaguer terminaron con tres y los demás con uno por cabeza.

Lo que siguió es bien conocido: la JCE ha crecido exageradamente. En cada incremento ha primado el abrirle “espacio” a los partidos y después, sus grupos internos en pugna. Esta es una realidad política.

Podemos estar todos de acuerdo en reducir a su mínima expresión la composición pero veremos en el 2010 los conflictos y las pugnas que se escenificarán con la repartición de las plazas entre el gobierno-PLD, que no quiere perder, y el PRD que quiere ganar. Esta no es una elucubración teórica sino un análisis objetivo del pasado más reciente.

No hay que andar creando más órganos de los que podemos y debemos tener. Desde 1986 abogo por una sola estructura con diferenciación estructural interna y controles propios que puede asegurar una buena y bien supervisada (subrayo) administración electoral; con una justicia razonable si se insertan algunos aditamentos esenciales.