El 78 – Julio Brea Franco

El vienes 7 de julio de 1978, hace ya 31 años, en avanzada hora de la tarde, el Oficial Mayor y Suplente de Secretario de la Junta Central Electoral, entregaba a los periodistas la decisión consolidada sobre los 97 recursos (entre impugnaciones, apelaciones y recusaciones correspondientes a 66 municipios) que había conocido el tribunal electoral en los 34 días de la fase contenciosa de aquel proceso electoral.

Esa “sentencia” seria conocida como el “fallo histórico”. Y, ciertamente, lo fue pero no en el sentido que había anunciado, días antes, el suplente en ejercicio. Fue un fallo paradigmático precisamente por la decisión política, sin asidero jurídico, que contenía y que alteró la composición del Congreso, en particular, del Senado.

La votación arrojaba 15 senadores para el PRD y 12 para el reformista. La decisión, sin embargo, la transformaba en 16 para los reformistas y 11 al PRD. Así se le cercenaba al gobierno electo la mitad del poder institucional. El partido y el presidente saliente controlarían la Justicia, la Cámara de Cuentas y la Junta Central Electoral.

En cuatro provincias (La Altagracia, Bahoruco, Maria Trinidad Sánchez y El Seíbo) la JCE ajustó el resultado, de acuerdo a un “procedimiento pragmático, irrefutable”. Lo que hizo fue que del total de no votantes, resultante de la diferencia entre el número de inscritos en el registro y los sufragantes a nivel provincial, dedujo el 10% como “abstención natural estimada”. Luego, de la cantidad restante, tomó la mitad para sumársela a la votación obtenida por el partido que había perdido los comicios en el cómputo provisional.

De esa manera, acogía en parte los reclamos del Partido Reformista pero rechazaba el pedido de elecciones complementarias, no contempladas en la constitución ni en la legislación electoral. Este fue, en esencia, el meollo del fallo a pesar que en sus 89 páginas trata por igual de otros incidentes surgidos en las elecciones.

Los comicios de 1978 provocaron una gran crisis electoral. La reacción de unos cuantos generales reacios a la victoria de la oposición produjo, a las cuatro de la madrugada del 17 de mayo, la interrupción del cómputo electoral. Si bien fue una situación delicada, pues no todo el alto mando militar estaba en el mismo temperamento, no puede decirse que estuviéramos al borde del abismo.

En primer lugar, el Presidente Balaguer no tenía intensión de avalar un golpe. Si lo hubiese querido, con su liderazgo lo habría materializado. Y esto no solo lo refieren las versiones que se han contado de aquellos momentos, sino que quedó claro en su discurso en la noche del 18 de mayo, en el que aseguró que acataría la decisión final de la JCE. Arremetiendo contra el registro electoral y su personal, explicitaba la que sería su línea de acción posterior propia de su estilo: ni gobernaba ni se iba sin el control del Senado. Así fue, también, en 1986.

Tampoco se anduvo en el borde de un desastre pues el PRD se manejó con una gran prudencia y tacto político. Había ganado, aunque inicialmente dijera que por más votos de los que al final obtuvo. Y sí, contaba con amplio respaldo popular.

La discusión electoral se centró en una supuesta manipulación de las listas electorales, avanzándose argumentaciones poco convincentes para que fuera llevada a cabo en una JCE en la que no había capacidad ni tecnología y menos en condiciones de secreto en una burocracia electoral cundida de reformistas, algunos bien aguerridos.

Lo que sí provocaron las impugnaciones fue un efecto enfriamiento para la aceptación de una victoria insoslayable, aceptada finalmente con el costo lamentable de aquel “fallo histórico”.