Al paso que vamos no deberá sorprender que alguien proponga la idea de suprimir las elecciones, argumentando que estas profundizan el clientelismo e incrementan el gasto público. A esa impresión se arriba con facilidad ante comentarios que, sin explicitar fundamentos, sin análisis ni evidencia empírica alguna, avanzan estrambóticas consideraciones. Ahora -se dice- que el voto preferencial incrementa el clientelismo, aumenta los gastos de campaña e impidió que muchos “diputados y diputadas que fueron antes elegidos, resultaron barridos en el último certamen electoral”.
Lo que maravilla es que quienes así lo consideran pierdan de vista lo que precisamente se busca: que el votante disponga de la posibilidad de señalar una preferencia por un candidato a diputado dentro de la lista presentada por su partido de preferencia.
Al desbloquear la lista de candidatos, se pretende que los votantes puedan deslindar democráticamente sus preferidos de los amigos de las cúpulas, de los dirigentes, de los caciques políticos.
El voto preferencial, ciertamente tiene efectos positivos y negativos, pero en ningún caso es una variable independiente, un factor que contribuye con autonomía al clientelismo. Este es un fenómeno más complejo y profundo, expresión de sociedades con características económicas y sociales que destilan una particular manera de valorar, concebir y actuar en política.
Afirmar que los pecados del voto preferencial son tales que merece ser excomulgado requiere algo más que afirmaciones ligeras, sin prueba alguna, sin rigurosidad ni seriedad.
Los que no lograron ser elegidos no fue por obra de las preferencias sino por razones distintas y distantes: la carencia de base política, de apoyo electoral en cantidad suficiente para colocarse o recolocarse en los lugares más probables de elección al momento de la asignación de los escaños en la Cámara de Diputados.
Para evaluar el voto preferencial, su impacto real, se requiere no sólo determinar la cantidad de votantes que hizo uso del mismo- lo que no es por si mismo un indicador de su éxito o su de fracaso. Hay que determinar cuantitativamente en qué grado las preferencias alteraron y modificaron el orden de la lista de candidatos de los partidos y las alianzas electorales, después del escrutinio de los votos y al momento de la aplicación de la fórmula proporcional y la adjudicación de los escaños de diputados. Es entonces cuando se podría sostener si el voto preferencial tuvo impacto y de cual magnitud.
Pero aun en la hipótesis de que en una elección específica resulte inocuo-que no altere significativamente el orden original de la lista- el voto preferencial se justifica por si mismo, pues implica una ampliación del poder de influencia de los votantes.
Es cierto que el voto preferencial tiene efectos secundarios que pueden ser negativos: la competencia interna que conlleva entre candidatos de un mismo partido puede potenciar una tendencia centrífuga. También puede aumentar la vulnerabilidad que deriva de la ayuda económica a los candidatos a nivel local. Pero esto no siempre se produce, y esta por demostrarse si así ocurre.
Ni siquiera hay razones para excomulgar el voto preferencial en vista de los problemas que se verificaron en las elecciones de 2002 y mas dramáticamente en las recientes del 2006.
Los descuadres de las actas de votación no fueron por el voto preferencial. Como tampoco se explica endilgándole la culpa al adiestramiento del personal de las mesas. No fue el voto preferencial sino la manera en que la JCE articuló su reglamentación y su promoción y, finalmente, su traducción confusa en los formularios electorales diseñados por los técnicos de la institución.
© Julio Brea Franco 2007
Florida, USA
Publicado originalmente en
Periódico HOY de
Republica Dominicana
Abril 3, 2007