Nunca antes, Junta Central Electoral alguna, o cualquiera de sus integrantes, habían hecho manifestaciones públicas destacando supuestos obstáculos, o expresando dudas sobre la confiabilidad del registro electoral en los prolegómenos de unos comicios.

Hoy somos testigos de algo inédito en la historia de la administración electoral dominicana.

Sorprende que luego de la realización exitosa de las presidenciales de 2008 se diga y se quiera sembrar duda y suspicacia en la realización de las venideras Congresionales y Municipales. Aun más, que se insista en ello precisamente en el momento político e institucional por el que se transita.

La Asamblea Revisora ha reiniciado sus labores. En el proyecto de reforma que cursa se propone la celebración simultánea de las elecciones en sus tres niveles (presidencial, congresional y municipal) y, en consecuencia, la unificación del mandato constitucional para todos los cargos electivos. En disposición transitoria, además, se establece, como excepción, que los electos en las comicios de 2010 agotarán un mandato reducido de dos años, para ensamblar en el 2012 el mandato unificado. Es un tema inscrito necesariamente en la agenda de discusión.

Desde hace años (1998 y con mayor intensidad en 2002) subyace el deseo de prolongar por dos años el periodo del Congreso y de los Ayuntamientos. Hasta ahora no se ha cristalizado, en gran parte por la crítica activa de la opinión pública.

Sin embargo, el deseo continua latente y poderoso. Existen incentivos políticos. El PLD y su gobierno, por ejemplo, ha debido de sufrir desgaste, lo que en términos electorales podría reflejarse en una merma en su fuerza congresional. Mantener el status quo (su preeminencia congresional) le resultaría de un “bypass” electoral. Un beneficio sin costo.

El PRSC muy disminuido electoralmente y, por ende, económicamente, sigue enfrascado en una “reunificación” que no acaba de cuajar. Es posible que requiera de más tiempo político. Unas elecciones ahora podrían resultar catastróficas: la humillación de la pérdida de su condición como partido. El “bypass” le podría resultar útil: una ganancia de dos años también sin costos.

El PRD no debería obtener provecho de una extensión: el 2010 podría acarrearle avance político. El problema es que son variados y distintos los intereses y propósitos que bullen en su interior. De ahí que los deseos de unos no sean los de los otros.

Como ahora, nunca ha habido más peligro para una aventura de prolongación. Con la puerta abierta de la Revisora, y el tema en agenda, mover esa palanca es menos costoso. Las direcciones nacionales de los partidos no se han atrevido a inclinarse abiertamente por esta aventura, pero “sus gentes” en el Congreso no lo esconden.

Caminamos por senderos de tentaciones. Por eso dos de las tres voces del momento en la Junta resultan imprudentes e irresponsables al no tomar en cuenta las consecuencias de sus decires: de ellas extraer razones para la excusa perfecta que andan buscando los aventureros de la prolongación.

Solo el Presidente de la Junta es el que ha venido asegurando que hay tiempo y capacidad de realizar las elecciones. Sin embargo, el deterioro institucional es tal que se le ha querido desautorizar públicamente desde el interior de la propia institución. Algo inaudito, por igual.

© Julio Brea Franco 2009
Florida, USA
Publicado originalmente en Periódico HOY de
República Dominicana
Abril 14, 2009