El sistema electoral dominicano aun espera por una gran reforma. Una necesidad que no va a resolverse con una ley especifica de partidos –aunque sea más rica y quizás más moderna que las actuales disposiciones contenidas en la Ley Electoral y algunos reglamentos dictados en años recientes. Ciertamente se requieren de mecanismos más funcionales y eficientes para su financiamiento público y privado y, aun más, mayores garantías para estimular la democracia interna. Sin duda ese aspecto es importante pero sigue siendo una parte del todo.

Hay disposiciones vigentes que no alcanzan su aplicación plena por la aun endeble autoridad del liderato electoral. Y hay mucho más. En la legislación actual, por ejemplo, se pueden identificar numerosos artículos relativos a aspectos medulares como el cómputo electoral, que datan de 1926 y que aun permanecen casi idénticos. Basta solo examinar la redacción de nuestra ley para advertir técnicas distintas en diferentes épocas.

Pero los problemas no son únicamente de redacción añeja de la ley; también encontramos lagunas y reglamentaciones incompletas e incoherentes. Una muestra la ofrece el sistema de identificación personal y electoral que no cuenta con una base normativa detallada que permita la imprescindible garantía de los derechos de los ciudadanos en sus aspectos sustantivos procedimentales.

Propugnar por una gran reforma no es en absoluto imitar el debate inacabable que se escenifica desde hace décadas en Italia, con ensayos y contra-ensayos en la búsqueda de la tierra prometida de una gobernabilidad difícil, propia de un país políticamente fragmentado

En la democratización de los sistemas políticos en Latinoamérica se habla de dos grandes categorías: los países con experiencia previa –que se redemocratizaron- en el Cono Sur y los que la instauran y comienzan su larga marcha de democratización. En el primer grupo existían normativas e instituciones previas que fueron reanalizadas a la luz del fracaso. Los demás, establecieron nuevas constituciones y leyes con el propósito de reglamentar y propiciar la dinámica democrática

En República Dominicana no hubo solución de continuidad institucional salvo el golpe de estado de 1963 y la secuela de acontecimientos relacionados y consecuenciales. A partir de entonces se ha vivido en un ambiente de estabilidad relativa y paulatinamente creciente.

En ningún momento se ha motorizado una iniciativa para poner en discusión nuestro arreglo institucional. La única experiencia que disponemos fue en la fase inicial del postrujillismo 1961 y 1962, antecedidas por el proyecto elaborado por la Comisión para el Estudio del Régimen Electoral (CERE) nombrada por Balaguer en Julio de 1961 y los informes, uno publico y otro, digamos, muy discreto, elaborado por Víctor Goytia, panameño, Juan Pedro Zeballos, uruguayo y Henry Wells, estadounidense por cuenta de la OEA. Fue este último el único análisis global del sistema electoral que incluyo propuestas muy lucidas.

Es cierto, se han celebrado innumerables seminarios -muchos repetitivos- pero no se han tomado como plataforma de debate en el Congreso Nacional que es donde deben ser tomados en consideración y discutidos.

Seguimos entonces con un entramado originado en 1926 que ha cambiado poco incluso con las lavadas de cara que ha realizado la JCE y la reforma de los reformistas en 1992.

Hablar de gran reforma es invitar a pensar en lo electoral como una totalidad, como sistema, como conjunto de elementos relacionados. Es preocuparse por los fines que se persiguen y los medios para lograrlos. Y sin esa visión seguiremos dando pasos sin dirección, con la cola mordida por nosotros mismos.

© Julio Brea Franco 2007

Florida, USA

Publicado originalmente en

Periódico HOY de

Republica Dominicana

Febrero 20, 2007