Entre la miríada de definiciones excogitadas acerca de la expresión “relaciones públicas” hay una que es simple pero muy adecuada: “hacerlo bien y hacerlo saber”. En nuestro medio se actúa diferente. El énfasis se coloca en lo que se piensa realizar no en lo que se ha logrado. Si las cosas no se hacen adecuadamente no hay relaciones públicas que valgan.
Ahora se dice que los resultados de las próximas presidenciales de 2008 se darán a conocer en no más de dos horas. A todas luces la afirmación carece de seriedad y responsabilidad profesional. Eso no es posible aun con un sistema de voto computarizado.
Unas elecciones presidenciales celebradas por separado suelen ser mucho más simples y rápidas que cualquier otra. Sin embargo, ya se habla de iniciar los cursos de entrenamientos del personal de las mesas cuando hay una regla de oro en administración electoral que este no debe de realizarse con tanta antelación pues el adiestramiento se evapora.
La única manera de proyectar, esto es, estimar un resultado no contando el total de los resultados de las mesas electorales seria mediante conteos rápidos. Algo que ningún organismo electoral puede hacer pues únicamente ha de trabajar con datos reales. Si así fuese no habría necesidad de hacer elecciones: una encuesta nacional seria más que suficiente. En ningún país del mundo ni en ninguna época se ha procedido de esa manera. En la liturgia electoral están las garantías.
Ciertamente que ya nada sorprende en las declaraciones que vierten algunas voces de la JCE. El presidente de la Junta, el vocero oficial de la institución, no habla, y cuando lo hace trata, asuntos marginales. Desde fuera se tiene la impresión que la Cámara Administrativa ha sustituido la Junta. Cada dia se leen planteamientos imprudentes, insensatos y extemporáneos. Un miembro de la JCE no puede hablar a titulo personal. Si lo hace debe limitarse a un ámbito privado. ¿Para qué entonces existe un órgano colectivo si cada integrante anda por ahí emitiendo sus opiniones? Que hablen en las instancias internas que para ello están.
¿A que viene eso de estar diciendo ahora de la “obligación” que pende sobre el Presidente de la República de tener que tomar licencia del cargo para hacer su campaña electoral, cuando sea el momento, es decir, dentro de nueve o diez meses? El uso de los recursos del Estado no radica en el combustible del helicóptero presidencial ni de los vehículos de sus escoltas que debe utilizar en el ejercicio de su alta posición. Insistir sobre eso es auspiciar animadversiones infructuosas e innecesarias. Es generar ruido.
La única prioridad que tiene la JCE, por el momento, es concentrar todas sus energías en la ejecución del ambicioso y costoso proyecto contraído con el consorcio SOMO para llevar a cabo una secuela de automatizaciones: la del registro civil, del registro electoral y la del voto.
Hay mucha niebla en torno a ese contrato que no ha querido ser despejada. Ninguna documentación aparece en la página oficial de la Junta y mucho menos una explicación entendible a la opinión publica lo suficientemente explicita que permita su entendimiento, seguimiento y evaluación. No es para menos: se trata de 62.5 millones de dólares.
Si hubo escarceo sobre la autorización de un último pago de 1.3 millones de dólares, aparte los 24 millones que se libraran como pago inicial correspondiente al 30 por ciento del contrato, y se hacen aprestos para llevar a cabo una auditoria de ejecución de los trabajos, todo eso invita a pensar que mas allá de su firma la JCE no ha creado una unidad operativa de administración del proyecto que emita reportes, por lo menos semanales para que el pleno de la institución conozca de manera sostenida lo que se está haciendo y las dificultades que se van encontrando. Trabajos de esa magnitud –es de pensar que lo son- no pueden estar a cargo de los mismos funcionarios con atribuciones cotidianas.
¿En que consisten esas las automatizaciones? ¿Es únicamente la digitalización de los libros, que ni siquiera los anteriores contratistas en 1998 lo hicieron? ¿Dónde están las explicaciones? ¿Cuáles serán los objetivos y resultados? ¿Qué es lo que se pretende automatizar en el registro electoral? Se sabe que uno de los componentes más atrevidos, menos analizados, y evaluado, es el llamado voto electrónico que al parecer será una copia del brasileño. ¿Se ha tomado acaso en consideración las peculiaridades de las elecciones en ese país en cuanto a fiscalización partidaria de los cómputos electorales? ¿Era recomendable contratar una solución completa y total –un acta, una cédula, un voto- y no separar los componentes para no “poner todos los huevos en el mismo canasto?
La transparencia reposa en explicaciones y en el flujo de información constante. Si la JCE tomó la decisión de comprar una tecnología -sin aparentemente consultar puntos de vistas distintos- a un consorcio sin el adecuado aval y reconocimiento, con el empujón visible de técnicos que servían a la OEA, y del tribunal electoral de Brasil, ella y el país sufrirán las consecuencias. Que lo haya hecho la Junta anterior termina no siendo relevante: es un compromiso institucional.
© Julio Brea Franco 2007
Florida, USA
Publicado originalmente en
Periódico HOY de
Republica Dominicana
Mayo 22, 2007
