Todavía la Asamblea Revisora no acaba de salir del paquete de la Junta. Seguimos con la “discusión” respecto al tamaño: uno quieren tres miembros, otros cinco; algunos, nocivos, plantean que se deje la definición a la ley y no a la Constitución.

Ya se aprobó un Tribunal Electoral integrado por tres miembros a ser escogidos por el Senado sin que se haya establecido un mecanismo de postulación. El Presidente de la JCE siempre tan dramático, exuberante, prolijo y prolífico en sus declaraciones ha catalogado su creación de “revolución electoral”. ¿De que revolución habla? ¿Emula al Presidente Fernández con su “revolución democrática”?

Nada nuevo habrá, precisamente porque existe una estructura diferenciada para decidir lo contencioso desde el 2002. La única diferencia será de matiz: ahora tendría personalidad constitucional. Estaría por verse su grado de independencia y eficacia en el control de la aplicación de la normativa de campañas. En eso aun estamos en alta mar porque la actual JCE no ha hecho absolutamente nada en el tiempo transcurrido desde mayo 2008, luego de anunciar que daría pasos para proponer y promover una reforma electoral.

El Presidente de la Cámara de Diputados, plantea, o planteaba, dejar a la ley la configuración numérica de la Junta. Si así se hace volveríamos a lo de siempre: al cotejamiento de conveniencia, a los aumentos sin límites de la matrícula y a la burda repartidera, pues eso es lo que ha ocurrido hasta hoy precisamente por ausencia de un límite supralegal. Se continuará siendo un juguete de las conveniencias políticas.

Por otra parte, el Presidente de la Cámara Administrativa (CA) que habla como político pero no como profesional -hasta ahora no se le conoce ningún análisis diagnostico del rol de la JCE en la política dominicana en el que haya avanzado hipótesis con fundamentaciones comprobables-, se ha despachado con aquello de que el número de miembros tiene una relación directa con “los desastres electorales”. Lo que muestra la experiencia es otra cosa: problemas ha habido con tres, con cinco y con nueve miembros: 1978, 1986 y 1990 (con tres) 1994 y 2000 (cinco), 2002 (siete), 2006 (nueve). Los problemas no dependen del número de integrantes.

Es narcisismo pretender que una JCE específica haya acabado con los supuestos fraudes (que algunos quieren ver, sin demostrar, hasta en la sopa). No hubo “desastre” en la reciente presidencial. Si en la CA son tres miembros ¿por qué una JCE únicamente administrativa no podría trabajar igual?

Tres es un número factible para hacer el trabajo de administración electoral en sentido amplio. Esa es la propuesta racional. Sin embargo, para los niveles de desconfianza prevalentes, y para mayores tranquilidades, 5 miembros seria la opción más realista. Con tres miembros solo dos partidos podrían estar en ella, con 5 hay mayores rejuegos.

Los partidos no es que busquen entre sus dirigentes para proponer alguno pero no lo hacen porque quieren. Lo de 1992 fue un total desatino. El reclutamiento consiste en colocar gentes que simpaticen por ellos y, más aun, que les sean confiables. Y lo mismo vale para los actores “fácticos”. La realidad es que nadie llega a la Junta sino es bajo estas condiciones.

Hay que fijar el número en la Constitución y funcionar con ese. Solo así se podrá despachar lo de la JCE con un mínimo de inteligencia política y sentido de posibilidad. De lo contrario seguirá el relajo.

© Julio Brea Franco 2009
Florida, USA
Publicado originalmente en Periódico HOY de
República Dominicana
Julio 07, 2009