La democracia no fracasa. Los que fallan son los gobiernos, sus políticas y, desde luego, sus políticos. La democracia en sí no es la que se pone en juego ante la miríada de limitaciones y problemas que tienen nuestros países. Si las cosas siguen como siempre han sido, y en cierto modo peor aún, se debe en gran parte a las incapacidades de las élites políticas y de sus organizaciones además de la sicorigidez e intransigencia de los que se niegan aceptar cambios.
Todavía, pese al aprendizaje político que hemos hecho, la democracia dominicana continúa distante de estar consolidada. Las instituciones y los procedimientos son considerados como instrumentos. Por eso se manipulan en pos de objetivos muy concretos para solo alcanzar y ejercer el poder sin desear ir más allá.
La consolidación democrática es otra cosa y se mide por un aumento en el reconocimiento que la población realiza de la democracia como forma de gobierno y de vida, como un valor en sí mismo. Que hayamos hecho camino eso no significa todavía que exista un compromiso profundo con la democracia.
Ese carácter instrumental y para nada finalista es lo que se advierte en los continuos intentos de acomodar las reglas – obviar, modificar o crear constituciones y leyes para facilitar la consecución de las metas concretas en proyectos políticos contingentes.
Es sabido como las reformas constitucionales se han hecho a la medida y a la conveniencia de los gobiernos que la propician. Nadie se sienta alrededor de una mesa para que, de manera conjunta se proceda a definir y configurar un arreglo institucional que valga para todos, para el que esté en el gobierno o en la oposición. Todas las iniciativas nacen debilitadas precisamente por ser expresión de visiones y acciones de parte y no del conjunto.
Lo mismo pasa con las leyes en general, sean políticas o de otra naturaleza. Por eso lo encontramos en la zona electoral. Está siempre sembrada la desconfianza y la sospecha de parcialidad. Las JCE nunca se salva de los mismo: que una fue de un partido y que la otra de otro. Se busca modificar la ley para la conveniencia del gobierno o de la oposición. Es un continuo ir y venir que no parece terminar.
Estas reflexiones las calzo ante las recientes peticiones de los tres principales partidos. Primero fue que la campaña se abriera a inicio de diciembre; ahora que el plazo para recibir las solicitudes de inscripción de los nuevos electores se prorrogue al 15 de enero del próximo año; y, finalmente, que se libere del costo para la obtención de la cédula tanto en el caso de que sea por primera vez o de solicitud de duplicados por perdida o cambio de residencia y domicilio.
Lucen todas peticiones oportunistas. Los peticionarios no fundamentan objetivamente sus demandas. El PLD sostiene que por los efectos de la tormenta Noel los estragos han generado un contingente inmenso de dominicanos que perdieron sus documentos en el julepe. Pero hay más: según declaraciones del presidente del PRSC el asunto no es únicamente tormentoso. Hay que rodar el plazo simplemente para que no se quede tanta gente fuera del sistema.
Lo curioso es que en todas las elecciones anteriores, desde 1996 a las del 2006, nadie había hecho ese reclamo. Desde aquellas presidenciales la JCE, por resolución, cambio la fecha del cierre al 16 de diciembre. Es ese, hoy día, plazo para quienes se inscriben.
Sin embargo las estadísticas muestran que el crecimiento del registro ha seguido un patrón similar. Cada cuatro años el total de electores hábiles crece por encima de los 850 mil electores. Para las elecciones del 2008 se ha afirmado que en dos años el incremento rondara los 500 mil. Entonces ¿dónde está el raquitismo?
La JCE tiene la facultad de mover el plazo de acuerdo (articulo 6 Atribuciones Reglamentarias literal i) Pero si desde hace 12 años dispuso otro es porque hay razones técnicas que lo aconsejan. Pero el problema va más alla.
Hay una peligrosa debilidad en el régimen electoral: no hay seguridad ni estabilidad en las reglas y es una expresión de un sistema en el que el oportunismo decide.
