La ley que reorganizó las funciones de la Junta Central Electoral en dos cámaras –una administrativa y otra contenciosa- fue una mala reforma. Mala pues respondió, en primer lugar, a una situación coyuntural y, en segundo término, en vez de resolver el problema que la causaba, agregó otro. Muy lejos de lograr una “mayor eficiencia, funcionalidad y racionalización”, como se declara en uno de los considerando de la Ley No. 02/2003, lo que propició fue una fragmentación del poder institucional colocando obstáculos para la cooperación.
Una cosa es abogar por una separación de las funciones electorales atribuyéndolas a órganos distintos y separados -precisamente para evitar que el organizador de las elecciones sea el mismo que la juzgue- y otra, muy distinta, crear una diferenciación en el interior de un mismo órgano colegiado.
Todo comenzó a finales de septiembre del 2002, Morel Cerda fue reconfirmado como Presidente de la JCE, sin embargo los demas partidos congresionales -el PLD y el PRSC- lo objetaban. Como no existía ni existe un mecanismo de remoción de los miembros de la Junta (había sido eliminado de la Ley Electoral luego de una efímera vigencia en 1962) por motivos de confianza política no ya por juicio político por faltas graves en el ejercicio de sus funciones, estos funcionarios son inamovibles por cuatro años. Eso significa que la única manera que puede dar lugar a una sustitución es por renuncia voluntaria o fallecimiento de un incumbente.
Fue asi como, en predios reformistas surgió la idea de neutralizar a Morel despojando a la presidencia de la JCE de atribuciones importantes mediante la creación de las dos cámaras y estableciendo funciones limitadas para el pleno. La solución se impuso por conveniencia. Al final de la historia Morel renunció y comenzó la presidencia débil. Ciertamente, era necesario reducir la extraordinaria concentración de poder en el Presidente que se advertía tanto en la reglamentación interna como en la cultura de la institución, pero la fragmentación funcional y potestativa por la que se optó no es la adecuada avenida para conseguirlo. Fue así que se originó la Junta tricéfala que hoy tenemos.
Desde el inicio mismo del 2003 se evidenciaron sus malos efectos: la debilitación en la coordinación de las labores, las pugnas internas, el alineamiento de funcionarios y empleados dando pie a actitudes grupistas y, por supuesto, los protagonismos y la proliferación de las voces de la JCE en los medios de comunicación.
Las diferencias de visiones, de personalidades, de intereses, de inclinaciones políticas son naturales en cualquier órgano colegiado. Aspirar a un estado de perfecta armonía entre sus miembros es un ideal pero no el reflejo de la realidad. Eso vale para todo: una cámara legislativa, un comité político de un partido, un consejo de administración. Las personas tienen sus agendas personales, sus objetivos, sus pretensiones de hacer carrera. Las instituciones no se conciben únicamente para la gente buena sino para cualquiera. El problema no radica en las diferencias por sí mismas sino en el como se canalizan estas para inducir un grado razonable y posible de coordinación. Sin ella no pueden a tomar decisiones.
El pleno de la JCE ha sido debilitado por las cámaras. Hay asuntos que deberían ser sometidos a la consideración de todos y no únicamente de tres o de cinco. Ese es un aspecto. Otro es que los presidentes –el anterior y el actual- no han tomado conciencia de su rol en este nuevo escenario interno. No ejercen el liderazgo arbitral e integrador entre iguales al que están abocados. Por ello se asiste a un espectáculo discursivo retórico, con pobres e intrascendentes planteamientos, frecuentemente precipitados. Esos son cargos que exigen prudencia, ponderación. No se pueden enjuiciar las cosas a la ligera. Por esa senda se llega directo a las recusaciones. No hay liderazgo institucional. Hoy son varias las voces.
Se advierte además la ausencia de una política informativa. No hay reglas. Cualquiera accede a los medios y opina, hace sus valoraciones. Salvo contadas excepciones, son pocos los miembros que se manejan con recato. Da la impresión un inmaduro protagonismo.
Si se tiene derecho a voz y voto en el pleno ¿por qué acudir a los periódicos a criticar, regañar, atacarse entre si? Colocarse al margen de los mecanismos institucionales no es ser responsable, es hacerle daño a la institución, a su credibilidad y consecuente legitimidad. ¿Por que tanto afán en buscar los aplausos?
Desde la Junta no se va a ninguna parte salvo a un cargo diplomático o consular, a lograr igualas profesionales o, hasta hace poco, desempeñar alguna rentable Oficialía del Estado Civil. Más nada. El poder los otorga no de manera graciosa sino como pago por servicios prestados. Para hacer la averiguación correspondiente el link obligado es el de las Gacetas Oficiales y la colección de leyes, decretos y resoluciones. Ahí esta todo.
