En la administración de elecciones periódicas, el componente fundamental –y siempre el más costoso- es el sistema de identificación electoral. Mantener un registro de millones de datos de ciudadanos, nacionales y de extranjeros residentes implica además un ingente labor. La complejidad viene de su carácter permanente: su continuo movimiento de entradas y salidas. Se requiere en consecuencia, de tecnología, personal técnico para asegurar que el registro exhiba calidad, seguridad, certidumbre e inclusividad.
Todo sistema de identificación se ha de nutrir prioritariamente de las informaciones que se generan al momento posterior al nacimiento de cada individuo. Si bien el nacer es un hecho vital, cada persona debe ser declarado e inscrito para pueda iniciar su vida civil. Por eso es que el registro civil es la fuente primigenia, el eslabón inicial de la vida civil y jurídica. Esa función capital aun si no es la única aunque no se le presta la debida atención la de generar las estadísticas vitales.
Sin un aceptable registro civil no puede haber un buen sistema de identificación electoral. La relación no es absoluta: el registro electoral dominicano, por ejemplo, no podría calificarse de pésimo por no estar totalmente respaldado por el registro civil. Pero sin lugar a dudas, hasta que no se logre ese objetivo no podrá alcanzar el grado de confiabilidad y certidumbre que debe tener.
Republica Dominicana empezó a utilizar las tecnologías de computación en la captación y agregación de los resultados electorales prácticamente al mismo tiempo que Brasil (1982), y antes que en ese país para la elaboración de los padrones o listas electorales. En efecto, los primeros pasos en tal dirección se dieron en 1980 con el establecimiento del primer centro de procesamiento en la JCE. Desde entonces el desarrollo tecnológico ha sido tan espectacular que la institución se ha visto obligada a la adopción de equipos y sistemas de software mas avanzados.
Muy lamentablemente el registro civil no fue considerado -hasta hace muy poco- una prioridad. El problema del subregistro de los nacimientos y de los fallecimientos y, en particular, de la gran cantidad de personas indocumentadas de la que tan solo se dispone de estimaciones, continúa siendo un problema muy actual. El tema de la “penetración” de haitianos, del desplazamiento de mano de obra dominicana, del maltrato que reciben y de la explotación en que viven con yuxtapuestas y extremas posiciones valorativas podrían estar creando un ambiente en que acciones violentas sean justificables. Ha primado mucha irresponsabilidad.
El registro electoral, la unificación de la documentación de identificación y ahora el registro civil, en suma, el mejoramiento del sistema ha provocado que la JCE haya suscrito una serie de contratos en los últimos 14 años. Han sido tres. El primero fue suscrito con la GBM-Kodak en 1993 para llevar a cabo la unificación de la entonces cedula de identidad y el carné del registro electoral. El segundo se suscribió en 1998 para una segunda cedulación con la firma DATOCENTRO. El mas reciente fue firmado con el consorcio SOMO y continúa en el orden del dia.
Todos estos contratos han estado rodeados de discordia, acusaciones, críticas, sospecha de corrupción entre partidos políticos, grupos y empresas en oscuros maridajes de intereses de oportunidad. En 1993 se denunció que había sido otorgado sin concurso previo además de haber sido motorizado y apadrinado por los reformistas. Entonces se comentaba que algunos despachos de funcionarios de muy alto nivel del Palacio Nacional dedicaban sus desvelos, en conjunción al de empresarios políticos y de políticos a seca, para que fuera aprobado. La oposición fue intensa y provenía de un concierto de empresas que abogaba por un documento con foto integrada y huellas digitales incluidas.
Al final se unificó el documento –sin que la Junta estuviera debidamente preparada para llevarla a cabo- pero se creo el escenario para la manipulación de las listas electorales concebida y empujada por los mismos personajes, auspiciada por miembros que contaban el sólido y alto respaldo del poder.
El segundo de la serie fue el de 1998 otorgado a una de la empresa opositora a GBM-Kodak: DatoCentro. Las actas de la Junta evidencian conflictos de intereses entre funcionarios de la Junta que estaban estrechamente relacionados a alto nivel con la empresa que por igual se comentaba que tenia vínculos con los perredeistas. Fue sin duda un contrato costosísimo, que termino siendo incumplido hasta el punto que dos de sus componentes -el de las huellas digitales y la digitalización de los libros del registro civil – fueron incumplidos que dieron motivos a que la empresa fuera condenada a pagar una indemnización a la JCE. Sin embargo debe mencionarse como un aspecto positivo debe mencionarse sin embargo un aspecto positivo como fue la creación del padrón fotográfico que ha venido siendo muy útil.
© Julio Brea Franco 2007
Florida, USA
Publicado originalmente en
Periódico HOY de
Republica Dominicana
Mayo 15, 2007
