En política controlar el dinero es difícil pero no imposible. Hacerlo es más que necesario. El punto no es que los partidos y los candidatos gasten mucho y que, por tanto, deben ser inducidos al ahorro. El meollo es otro: el dinero afecta y desequilibra la competencia política, introduce desigualdades en las oportunidades de acceso a los cargos públicos. No puede permitirse que los ricos también compren poder político o lo condicionen. Ahí es que esta el pecado.

Las elecciones no constituyen el único momento en que el dinero puede actuar y pervertir. Los sobornos, la compra de legisladores o de sus votos en decisiones acerca de asuntos específicos que afectan o favorecen intereses, no constituyen únicamente actos de corrupción: son una manera de envilecimiento de la vida política. Por ello quienes compran y reparten dineros por medio de cabilderos con maletines repletos de billetes son tan maleantes como los congresistas proclives a la seducción. Y asi como hay mecanismos utilizables para controlar el dinero en la política electoral también los hay en la política congresional, gubernamental y judicial.

Ciertamente el dinero es más evidente en la actividad política de los partidos cuando esta se intensifica buscando votos para sus candidatos. De ahí el interés de controlar el dinero y sus efectos dañinos en tiempos de campaña. Pero reglamentar la captación de recursos y velar por un uso políticamente correcto, no implica que se logre automáticamente disminuir sus efectos desiguales. Se requiere sin duda una buena reglamentación y eficaces mecanismos de supervisión. Una buena normativa se caracteriza por la solidez de su fundamentación, claridad de sus propósitos, definición de conceptos y operacionalidad de sus disposiciones. Y obviamente ha de ir de la mano con estructuras bien diseñadas, procedimientos y sanciones directas e indirectas.

Sucede sin embargo que muchas normativas de la especie no definen muy bien el objeto de la reglamentación. Esta falla es lo que explica como en países de América Latina -no así en otros con mayor desarrollo democrático fuera de nuestra región- se haga coincidir la campaña electoral con la apertura del proceso electoral. Una de las pocas excepciones es México donde esta inicia luego de la proclamación de los candidatos. Antes que eso suceda no puede hablarse de campaña propiamente dicha. Entre nosotros hablamos de limitarla a tres meses cuando precisamente la práctica de 16 elecciones muestra que ese ha sido su duración promedio. Lo saludable es reducirla fundamentándola con razones validas. Limitarla al periodo inmediatamente posterior a la presentación de candidatos es una argumentación atendible.

El problema es que la realidad es mucho mas complicada. El país acaba de salir de las primarias del partido oficial. Por la naturaleza de esa competencia en particular ella debió estar limitada al ámbito interno de esa organización. Pero no fue así: la competencia para la candidatura del PLD terminó convirtiéndose en una campaña nacional con la participación a favor de uno de los candidatos –el Presidente de la Republica- de grupos ajenos al partido. Este desbordamiento fue indebido. Las primarias son primarias y las elecciones presidenciales nacionales.

Se ha dicho con mucha agudeza que existen intereses creados comerciales y empresariales que no desearían que cambie el estatus quo, que todo siga igual para seguir ganando dinero con las campañas. Es muy cierto. La prueba las encontramos en los contratos de tecnologías y servicios para el sistema de identificación nacional aprobados con mucha sospecha y resultados cuestionables que la JCE otorgó en 1993, 1998 y ahora el de SOMO.

Hay mucho camino que transitar, pero todo lo que se haga con buenas intensiones y pluralismo, aunque sea poco, es ya ganancia. Existen motivos para abrigar mayores y mejores perspectivas de hacer cosas para adecentar la política electoral y disminuir las desigualdades en la competencia política. Nos estamos volviendo más exigentes.

© Julio Brea Franco 2007

Florida, USA

Publicado originalmente en

Periódico HOY de

Republica Dominicana

Mayo 8, 2007