Resulta paradójico abogar por una reforma “global” del sistema electoral dominicano y urgir, al mismo tiempo, que sea realizada en unos pocos meses, de manera que este lista antes de las venideras elecciones. Una reconstrucción “total” requiere de mucho análisis, discusión, participación. Es un acto de inteligencia y concertación.
Las reformas electorales realizadas en los últimos 50 años se llevaron a cabo en la proximidad de comicios. Salvo las de 1962 y 1997, que fueron reformas extensas, todas las demás han sido modificaciones puntuales y, las más de las veces, contingentes e interesadas.
La ley No. 600 del 11 de mayo de 1977 y la No 3-86 del 3 de febrero 1986 son paradigmáticas. La de 1986 fue una modificación a la ley del Registro Electoral, que dió al traste con la seguridad electoral: las reglas del juego no pueden cambiarse al último momento. No existe en nuestra Constitución disposición alguna que asegure esta seguridad restringiendo cambios en la normativa electoral en los ocho meses previos a una elección.
El peligro que la iniciativa sucumba es enorme. La nuestra es una política huérfana de sentido de Estado, desprovista de ideas, concepciones y planes. Nuestras competencias electorales se han convertido en cruda garata por el poder basada en el dinero y por dinero.
Objetivamente es difícil tratar de propiciar, en este tipo de ambiente, una reforma profunda y amplia del sistema electoral. Pero lo seria por mucho más si se hace ante la prisa y la presión de elecciones próximas, cuando como ya se aprecia la proliferación de tantas ambiciones en elecciones por los puestos congresionales y municipales.
Por otra parte, continúa la presentación de proyectos de ley surgidos en el Congreso Nacional como iniciativas aisladas, que no toman en consideración el conjunto ni las consecuencias y requerimientos que pueden implicar para los votantes y la administracion de las elecciones.
Evitar el ruido de la pugna de intereses coyunturales y la dispersión de las iniciativas es necesario si se busca una reforma electoral de largo respiro. ¿Por qué es necesaria y recomendable? Simplemente, porque nuestra legislación es disfuncional, poco clara, incoherente y muy antigua. Muchas de sus disposiciones provienen de la ley cubana de 1908, por demás muy mal adaptadas.
Considerables son los avances en la teoría y técnica electoral en general.
La experiencia ha evidenciado, además, los muchos aspectos que requieren reglamentacion y procedimientos de controles necesarios para asegurar la competición electoral.
Para encarar la dispersión normativa esta la opción de su codificación en un único instrumento llámese este Código Electoral o Ley Orgánica de Elecciones. Pero elaborar un código es tarea muy ardua que exige mucha dedicación y atención.
La JCE es la llamada a asumir el liderazgo institucional de la reforma. Pero no siendo únicamente reactiva ante los planteamientos de los partidos y otras entidades de la sociedad. Ha de asumir, proactivamente, la responsabilidad de animar y conducir el proceso, sin prisas ni festinación.
© Julio Brea Franco 2008
Florida, USA
Publicado originalmente en Periódico HOY de
República Dominicana
Julio 1, 2008