June 30, 2009

Diseño y realidad política

Tendremos que ver si la pausa del fin de semana ha permitido la consolidación de las propuestas para la configuración, estructura y composición del organismo electoral, aun pendiente en la Asamblea cuando el quórum precario se rompió.

Al momento del cierre de esa sesión, la propuesta había sido planteada de esta manera: dos órganos distintos (para superar la estructura tricéfala actual) con un total de seis integrantes titulares: tres para la Junta Central Electoral, con funciones de administración electoral, y tres para un Tribunal Superior Electoral con atribuciones jurisdiccionales y contenciosa. La designación de su personal correspondería al Senado (la cámara menos representativa) eliminándose la injerencia del Consejo Nacional de la Magistratura. Por otra parte, los de la Junta serian miembros (no ya impropiamente considerados magistrados), y los del tribunal, jueces.

Así planteada, la propuesta derivada del informe Mariotti –con el supuesto consenso del PLD y del PRD-, el organismo vería reducida su matrícula a seis integrantes, es decir, tres menos. Ahora son nueve, incluyendo las dos cámaras y el pleno. Los tres eliminados serían el actual Presidente de la JCE (un rey sin gobierno) y dos de la cámara contenciosa.

Pese a consideraciones de que no debería ser así, el diseño del organismo y la designación de sus integrantes, cuando toca hacerlo, es asunto político. Lo es por el rol que la Junta ha jugado en la política dominicana.

Más allá de sus atribuciones, su importancia es claramente percibida por los partidos, el gobierno y los actores fácticos. Así ha sido desde el momento mismo de su creación (1923). Se apetece su control, pues ayuda en mucho como herramienta de ventaja política. Esto es lo que explica las querellas e insatisfacciones que generan sus designaciones. Dado que el Senado es el que elige, siempre se reedita la sospecha.

Precisamente ese cariz político es imprescindible para entender “lo oculto” en esto de la JCE. Su diseño no puede ser visto como algo técnico, racional y de eficiencia a secas.

En 1987, el PLD ejerció presiones para que se aumentara el número de tres a cinco porque reclamaba un miembro en la institución. En aquel momento no lo logró pero si lo alcanzó en 1992. En ese entonces la propuesta de Peña Gómez se materializó (pero no en la dirección que deseaba): presencia del PRSC, del PRD y del PLD completada con “independientes”. Los independientes, al final de cuentas, no fueron tales, y los reformistas de Balaguer terminaron con tres y los demás con uno por cabeza.

Lo que siguió es bien conocido: la JCE ha crecido exageradamente. En cada incremento ha primado el abrirle “espacio” a los partidos y después, sus grupos internos en pugna. Esta es una realidad política.

Podemos estar todos de acuerdo en reducir a su mínima expresión la composición pero veremos en el 2010 los conflictos y las pugnas que se escenificarán con la repartición de las plazas entre el gobierno-PLD, que no quiere perder, y el PRD que quiere ganar. Esta no es una elucubración teórica sino un análisis objetivo del pasado más reciente.

No hay que andar creando más órganos de los que podemos y debemos tener. Desde 1986 abogo por una sola estructura con diferenciación estructural interna y controles propios que puede asegurar una buena y bien supervisada (subrayo) administración electoral; con una justicia razonable si se insertan algunos aditamentos esenciales.

© Julio Brea Franco 2009
Florida, USA
Publicado originalmente en Periódico HOY de
República Dominicana
Junio 30, 2009

June 22, 2009

La ilusión en la burbuja

Ahora, y como entretención, se plantea el papel institucional del Presidente de la República, precisamente cuando ya la Asamblea Revisora terminó de aprobar las disposiciones sobre el ejecutivo y una buena parte de las relativas al legislativo. En una reforma que avanza a empujones a pesar de los acuerdos políticos, en una asamblea de oídos sordos a las sugerencias y en un proceso caracterizado por el dejar hablar para que les dejen hacer.

Por lo que se viene decidiendo, no parece que se haya acogido ninguna sugerencia de las tantas que se depositaron en la Asamblea, lúcidas o no lúcidas, pero sí con buen propósito y mucha ingenuidad. Ni siquiera instituciones como la Junta Central Electoral ni la Suprema Corte han sido tomadas en serio. La nuestra es una República de palabras sin semántica donde la gente escucha, cree, se ilusiona y se deja convencer.

Quizás si se hubiese empleado el mismo furor al que se le ha prestado al asunto ese de la Sala o del Tribunal constitucional, la discusión del presidencialismo hipertrófico hubiera podido alcanzar mejor posicionamiento en el ámbito político intelectual. El tema es más difuso y menos especifico. No tiene el mismo propósito como el querer arrancarle a la Suprema el control directo de la constitucionalidad. Y como si ahora no lo hubiese, se sostiene que únicamente habrá “defensa de la constitución”, si no es con sala o tribunal. En adición poco se dice de la otra gran garantía: la rigidez constitucional.

Las constituciones no describen nunca la realidad política. No lo hacen porque no están hechas para eso. Lo que pretenden es disciplinar; reglamentar la vida político-institucional. Y no siempre lo logran y nunca lo hacen por completo.

Eso de cambiar el mundo escribiendo constituciones es apenas la prehistoria de lo que sería la “ingeniería” constitucional, electoral y política. Saberes aplicados de limitado impacto en política y mucho más en medios de políticos solo fin, egotistas y alienados de sus sociedades.

Quien lee las constituciones de Trujillo aprecia la misma fachada democrática que conserva el texto aun vigente. Había elecciones, Congreso, Justicia. JCE, Municipios. Todo eso y más. Pero Trujillo era el Jefe, no porque se lo dijeran sino porque lo era. Era el generalísimo de las Fuerzas Armadas, el presidente y líder del Partido Dominicano y el Presidente de la República en varios periodos. El partido sometía los candidatos, los congresistas eran sustituidos por el partido, el Senado designaba la Junta, la Suprema y todos los jueces. Todo dependía del Partido y en el partido todo dependía de Trujillo.

¿A que se ha debido el cambio si las normas constitucionales son prácticamente las mismas? Postular por más atribuciones para el Congreso despierta la curiosidad: ¿las ejercerá cuando el juego de las fuerzas políticas dimana de mecanismos que prohíjan una mayoría fosilizada y vasalla de la Presidencia?

¿Acaso no se acaba de dar el tiro de gracia a las elecciones separadas que cierra posibilidades al reflejo del humor político intermedio? ¿No se quiere que sea el Consejo de la Magistratura el que haga designaciones, que como buena oligarquía abre, su puerta a los poderes facticos para avanzar sus intereses colocando sus propias gentes?

Cambiar las constituciones podría ayudar algo pero quedarse en ellas sin auspiciar cambios que cambien no es más que una ilusión en la burbuja.

© Julio Brea Franco 2009
Florida, USA
Publicado originalmente en Periódico HOY de
República Dominicana
Junio 22, 2009

June 8, 2009

Sí, pero no

Si se dice, como se ha dicho, que los acuerdos políticos de los últimos tiempos han sido suscritos por y para la reforma, tendremos Constitución muy pronto. Sería esta la lógica consecuencia de unos entendidos que han terminado arrancando toda la centralidad decisiva a la Asamblea Revisora.

En el primer pacto (Fernández-Vargas Maldonado) los firmantes se cuidaron de redactar un escrito de compromiso articulado en siete aspectos. En el segundo (Fernández-PRSC), hasta ahora nada escrito ha sido dado a conocer. Es por ello que parece un entendido difuso; puede cubrir tantas cosas como los cargos electivos para los comicios del 2010.

Ya en los tiempos finales de Balaguer había comenzado la centrífuga. En el gobierno de Mejía, la “casa” andaba ya en esos menesteres y por eso malograron a Peynado. Después unos “disidentes” se encontraron con Fernández cuando buscaba volver en el 2004 y de ahí “engancharon” con el gobierno. Los remanentes se tornaron rosados al aliarse con el PRD para luego volver sobre sus pasos. Veleidades propias de “hustler”. Lo cierto es que la “reunificación” tiene patrocinador con interés propio. El oportunismo ha satelizado lo que aún queda de partido.

A tres semanas de la rúbrica del concierto constitucional con Vargas, la Asamblea ha aprobado dos puntos (nacionalidad y simultaneidad de las elecciones) y rechazado el de los “legisladores de la diáspora”.

Es curioso, pero el rechazo fue planteado nada menos que por el Presidente de los Diputados quien había participado en el antes y el durante del pacto del 14 de mayo. En esa negativa confluyeron todos los bloques de la Asamblea lo que sugiere que había desde el inicio una posición negativa definida. Si hubo compromiso al más alto nivel político, ¿cómo es posible que se procediera de esa manera? ¿Fue un motín a bordo?

Todo indica que se escribieron cosas y por lo bajo se convino otras. Nadie, ninguno de los suscribientes y allegados, reaccionó frente a esta desaprobación. Fue un sí, pero no. ¿Qué otros asuntos hay en el acuerdo similares a estos? Lo cierto es que los firmantes salieron del “paquete” sin pecado, cumpliendo su promesa demagógica, pero endosando la culpa al colectivo indiferenciado de la Asamblea.

Y que conste, fue un buen rechazo a una mala propuesta. La creación de una circunscripción exterior es un dislate que no se sostiene en la teoría de la representación. Italia y Portugal son los dos únicos casos existentes. En Portugal puede explicarse por su pasado colonial, pero en Italia -una república parlamentaria muy fragmentada- fue una reforma estrambótica auspiciada por una clase política mediocre y criticada por los cerebros mejor amueblados de Italia incluyendo al malgenioso pero brillante Sartori, y los politólogos y constitucionalistas destacados que no son pocos.

¿Cómo es posible, sin población censada por el Estado dominicano, sin circunscripciones territoriales definidas para aplicar las claves de representatividad, que se pretenda asignar diputaciones y senadurías? ¿Van a ser representantes por mandato imperativo de intereses particulares de radicados, por decisión propia, en otra realidad distante del pais? De gente, además, con un horizonte de futuro particular ajeno al nacional, en otros estados y otros gobiernos que son los que resuelven in situ y que si algo requieren del pais de origen se puede resolver por otros medios y canales, sin la necesidad de zánganos políticos.

© Julio Brea Franco 2009
Florida, USA
Publicado originalmente en Periódico HOY de
República Dominicana
Junio 8, 2009

June 1, 2009

¡Ah, la Junta!

Para tratar con seriedad el tema del organismo electoral, complejo por antonomasia, hay que comenzar por el principio: por su naturaleza, sus funciones, y las condiciones que han de asegurarse para que pueda realizar su rol institucional. Lo demás se desprende de este núcleo esencial.

Como organismo especial tiene funciones de administración y de justicia electoral. Ha de organizar las elecciones y resolver los conflictos que pudieren suscitarse antes, durante y después de efectuadas de acuerdo a la Constitución y las leyes. La administración electoral incluye el sistema de identificación personal y sus partes o subsistemas: el registro civil, la cedula y el registro electoral.

Además de estas funciones institucionales está llamada a desempeñar un rol de arbitraje político, cuya eficacia dependerá de su legitimidad, independencia, credibilidad y autoridad moral. Se le ha de requerir equidistancia política y partidaria. Para que lo logre el mecanismo de designación es crítico. Es desde ahí donde hay que comenzar.

Hoy día la elección le corresponde al Senado, la cámara menos representativa por su integración mediante que el sistema electoral mayoritario uninominal que sobrepremia al partido que logra la Presidencia de la República y que ahora será aún más cuando las elecciones se volverán a realizar simultáneamente.

En ningún momento se ha considerado poner a discusión este aspecto que es esencial en un diseño institucional democrático. Si se buscara equidistancia política como conjunto para el organismo electoral, habría que eliminar la fuente de la suspicacia involucrando al más amplio espectro político presente en el Congreso Nacional induciendo institucionalmente al acuerdo.

Si hoy la integra una muchedumbre hay responsables y razones del porque es así. De tres miembros hasta 1992, se pasó a una Junta de cinco, luego de siete y, por último, de nueve. Los auspiciadores de estos incrementos fueron los mismos legisladores en arreglos politiqueros de coyuntura como también la dañaron en el 2002 con las cámaras internas.

Los partidos, y los legisladores en su nombre, han jugado con la Junta. El propósito siempre ha sido controlar sus decisiones. Y sus elegidos, atendiendo a sus compromisos, se han dejado. Estamos en lo mismo desde 1923: desde Sumner Welles hasta hoy día con los mediadores de la sociedad.

La designación no resuelve todo- la inmadurez de los elegidos es difícil de evitar- pero es la esencia de una administración y una justicia electoral razonablemente independiente. En cualquier pais democrático. ¿A quién se le quiere atribuir ahora la justicia electoral, el aspecto menos controversial en la Junta actual? ¿Es un ardid sutil de control? ¿A instancias conformadas por el acuerdo de unos poquísimos en reuniones de aposento?

Modificamos las instituciones de improvisaciones en improvisaciones, de fracaso en fracaso (los colegios cerrados, la división en cámaras, separación y unificación de elecciones) y no para que todo siga igual sino para peor. Las decisiones de este tipo no se han de tomar por coyunturas, por simpatías o antipatías hacia funcionarios. Las cosas tiene que pensarse, analizarse y tomar en consideración la experiencia institucional acumulada.

Los sastres actuales de la asamblea no andan buscando la solución a un asunto ya muy viejo que necesita ser definitivamente arreglado. Como se pinta la cosa el nuevo traje tendrá los pantalones “salta charcos”, las mangas dispares, los bolsillos en la espalda y cuidado si no le cosen la corbata a un lado pensando que puede verse más bonito.

© Julio Brea Franco 2009
Florida, USA
Publicado originalmente en Periódico HOY de
República Dominicana
Junio 1, 2009

May 25, 2009

Coyuntura no mas

Ahora resulta, según el pensar de algunos, que al asumir el compromiso de no buscar la reelección presidencial de 2012, el Presidente Fernández podrá dedicarse, no sólo a gobernar, sino a bien hacerlo. Y uno se pregunta: ¿para qué se eligen los Presidentes?

De seguro que no es para que desayune en “La Francesa”, para andar de visita en visita con amigos y relacionados, para viajar, dictar conferencias, participar en encuentros y cumbres o para estar en aspiración y campaña permanente. Si el Presidente ahora se dedicará a su trabajo la pregunta sería entonces: ¿Y es que no lo ha estado haciendo?

Se supone que el Presidente no anda de paseo en España, aunque haya tenido que comprar de urgencia un gran llavero para las llaves de ciudades que le han entregado. Estamos al borde de un colapso energético total, el gobierno no tiene dinero para pagar los 700 millones a las empresas del sector y se anda vadeando un déficit considerable que preocupa a los entendidos. ¿Traerá algo?

Mientras tanto, el “pacto” sigue siendo tema. Por lo pronto ya se empiezan a ver sus efectos en la Asamblea Revisora. En otros ámbitos, las reacciones políticas fueron inmediatas: la migración oportunista de unos reformistas que estaban sentados en el “garaje” a la espera del mejor postor. ¿Se creía de veras en la “reunificación”?

El acuerdo es a todas luces pura coyuntura. La unificación de las elecciones, ya decidida, favorece a cualquier Presidente -al que está y al que viene- pues elimina el enjuiciamiento de la gestión política dentro del periodo presidencial tal como se vio en las elecciones del 2002 y del 2006. Volvemos entonces a turbinar los votos hacia un Congreso muy “presidencial”. ¿Otra expresión de la “revolución democrática”?

La idea de la conjunción electoral fue del Presidente -parcialmente de la comisión que elaboró el anteproyecto. Demasiadas elecciones y demasiada politiquería. Ese fue el argumento simple y pueril. Pero el asunto no es de teoría, es de ganancia y control político.

Hay aquí que decir, con las mismas palabras presidenciales: nos daremos cuenta del error. Adiós elecciones tranquilas: la declaratoria de Presidente electo tendrá que esperar la resolución de las impugnaciones que afecten la sumatoria de votos.

Pero donde el vaso rebosa es en el superperiodo ese de seis años para el Congreso y los Ayuntamientos. No se sabe de quien salió la propuesta si del Presidente o del Lic. Vargas. Sería interesante que se diga. En el proyecto se había propuesto un periodo de dos años para el 2010 y uno normal de cuatro en el 2012. Si no es que se dice una cosa y luego se hace otra, la idea, por forfait, le cae a Vargas.

La única diferencia entre estas travesuras de estiramiento del periodo de los mandato de los congresistas es el momento de actuarla: ahora o en las próximas elecciones de 2010. Lo demás queda igual: son ambas diabluras. ¿Por qué debemos todos abdicar ante la desfachatez argumental esa que en periodo de dos años no se recupera la inversión?

En una de esas “citas citables” siempre a mano, se usa de frecuente una de Churchill sobre una importante diferencia: el político actúa pensando en la próxima elección; el estadista lo hace pensando en la próxima generación. Queda a discreción de cada quien colocar el rotulo que considere mas adecuado.

© Julio Brea Franco 2009
Florida, USA
Publicado originalmente en Periódico HOY de
República Dominicana
Mayo 25, 2009

May 18, 2009

Incertidumbre, no certeza

En los días que corren, el tema que acapara la atención continua siendo el acuerdo suscrito entre el Presidente de la República y el que fuera candidato presidencial del PRD en el 2008 y, sin duda, la figura emergente y mejor aspectada para lograr tanto la presidencia del partido como, nueva vez, la nominación presidencial para el 2012.

Pese a los calificativos y las reacciones que ha provocado en unos y otros, resulta redituable, sin embargo, explorar las proyecciones y potenciales desarrollos de este entendido que en ningún momento fue de partidos sino entre dos personalidades de arraigo político.

El pacto más que un objetivo en sí mismo puede ser para el Presidente y su partido apenas un primer paso de una estrategia de mayor respiro. Visto por separado y en su conjunto el pliego, empernado en siete puntos, no va más allá de la oportunidad y conveniencia de las partes. Aunque se quiera asegurar lo contrario, no hay en el arreglo vocación para sentar bases para un desarrollo institucional más sano. Si ese hubiera sido el objetivo habría sido más inclusivo y comprensivo en estos y otros aspectos sensibles.

Lo de la no reelección en el ’12 no es una renuncia por convencimiento sino por inviabilidad de una estrategia -se venía evidenciando- que hubiese resultado demasiado costosa en los actuales momentos. La salida temporal de una figura, hasta ahora invencible electoralmente, abre ciertamente la brecha para, desde la oposición, avanzar en la conquista de la Presidencia además de restablecer el futuro al Presidente Mejía.

Para el Presidente –fue explicito en ello- la reelección no es un asunto de principio. Y si no lo es, entonces es cuestión de oportunidad y coyuntura. Que no se venga ahora con la ridiculez de corifeo a decir que lo hizo por desprendimiento.

En lo estipulado no hay contribución a la solución de la cuestión. No es acuerdo para establecer reglas de juego aceptables para todos y en cualquier situación. Sorprende que un candidato que puso el grito al cielo por el uso desmedido y escandaloso de los recursos oficiales en las presidenciales anteriores no se haya hecho eco de sus lamentos.

El asunto de las reelecciones no es que el Presidente pueda o no repostularse ni competir. Es que la pugna se realiza de manera harto inequitativa y desbalanceada al punto de tornarla peligrosa. No deberá ser motivo de sorpresa para lo que viene en el 2010 y 2012 que se escuchen las mismas acusaciones provenientes de las mismas voces.

El hecho que el Presidente se comprometa a no ir no significa, desde ya, el éxito de la oposición. Los escenarios no se abandonan y más cuando se es y se quiere seguir vigente. Hay tiempo suficiente para preparar una salida que asegure el volver. Por más juventud política que se tenga, el 2016 o el 20 quedan aún lejos.

Los reformistas volverán a bailar. ¡Cuidado si no más pronto de lo que piensan! Son herramientas útiles, y de seguro siguen en el firmamento mental del Presidente. Son parte de su capital político.

La incertidumbre, la posibilidad de victoria de cualquiera de los duelistas –el más importante indicador de competencia electoral- está sembrada por el momento. Que se arremanguen las mangas, que es mucha la faena que queda por venir si es que quieren llegar.

© Julio Brea Franco 2009
Florida, USA
Publicado originalmente en Periódico HOY de
República Dominicana
Mayo 18, 2009

May 11, 2009

¡Cuidado con la ilusión!

En el montaje del nuevo texto constitucional, la Asamblea Revisora acaba de incluir algunas figuras de democracia directa y deliberativa además de reconfirmar el derecho a votar en las elecciones al que se acompasa el deber de hacerlo.

Por la votación con que se decidió (133 a favor y 8 en contra) no luce que habrá cambio en lo que resta del proceso de aprobación. Sin embargo, aun proclamada la Constitución tendrá que ser una ley específica la que deberá reglamentar en detalle sus procedimientos.

Las nuevas figuras son varias: el referéndum, la iniciativa legislativa popular y la petición. Deberán ellas ser bien definidas y diferenciadas, especificándose sus objetos, consecuencias vinculantes, modalidades, quórum (la votación mínima para que puedan ser válidos), su eventual frecuencia, oportunidad y convocantes, entre otros aspectos.

Es de esperar que esa reglamentación no sea una copia, o un mero trasplante de legislaciones similares de otros países, que no tome en cuenta nuestra realidad. Habrá de considerarse las experiencias acumuladas en los distintos sistemas políticos en los que se utiliza; tomando especial atención en sus previsiones y seguridades para que no sean manipulados.

El hecho de que se incluya en la Constitución, y se reglamente inteligentemente, no basta para que se logren sus propósitos y se permita la eficaz canalización de demandas que sean expresión del humor popular.
La acogida que se ha hecho tiene sus límites. No se incluye el referéndum constitucional, ni siquiera como elemento del procedimiento de reforma. Todo apunta, entonces, que continuaremos con una Constitución semirrígida –reformable por un órgano ordinario- tan susceptible a modificaciones coyunturales que la convierte en palanca al servicio de gobiernos y partidos de turno. La nuestra no ha sido, en la realidad política e institucional, una súper ley.

Por igual habrá que ver cuáles experiencias vamos a acumular en el futuro para determinar cuál será su utilidad concreta más allá de la letra de la Constitución. Qué niveles de participación se registrarán a la luz también de la técnica refrendaría, esto es, la manera en que se planteen las cuestiones y las preguntas al pueblo político.

Acabamos de observar la consulta realizada en Cotí, Maimón y Fantino. La experiencia es una primicia pero aún no marca tendencia alguna, por lo que ha de ser analizada con la meta de que sea efectiva.

Lo importante no es que se vote por votar. Hay que estimular, motivar para que efectivamente haya deliberación sobre la base de una compresión y valoración de lo que se habrá de decidir. No puede pretenderse que el común de los ciudadanos disponga de un “capital cultural” que ni siquiera muchos diputados ni regidores lo tienen. Hay que saber que someter a consideración y plantearlo con claridad.

A partir del nuevo texto constitucional el referéndum será una posibilidad. Sin embargo, eso no asegura que se celebre cuando se requiera. Para los partidos y los gobiernos incluirlos en el papel es un lujo a mostrar. A la hora nona, sin embargo, son bien reacios a despojarse del poder y de controles.

Piénsese en la sugerencia aquella de someter a referéndum la nueva Constitución. La reacción no se hizo esperar: no se quiere como no se quiso la constituyente. No nos dejemos llevar por la ilusión.

© Julio Brea Franco 2009
Florida, USA
Publicado originalmente en Periódico HOY de
República Dominicana
Mayo 11, 2009

May 4, 2009

La geografia del aborto

La geografía del aborto no es tan simple y extrema como a veces se quiere presentar. Siempre la realidad es más compleja de lo que deseáramos. Las legislaciones de los países distan de ser uniformes y múltiples son sus matices.

En el extremo de una línea imaginaria se colocan aquellos países en los que el aborto o la interrupción del estado de gravidez es permitida legalmente. En el opuesto, están aquellos en los que es ilegal de manera absoluta. En el continente americano, por ejemplo, en el primer grupo se cuentan Canadá, Cuba, Barbados y Bahamas; entre en los segundos: Antigua y Barbuda, Chile, El Salvador, Nicaragua y eventualmente República Dominicana. (Abortion Laws Map 2007)

El grueso de los países, sin embargo, se coloca en una miríada de puntos intermedios: como principio general no es permitido pero se reglamentan situaciones de excepción en las que es posible realizarlo.

Una de las variantes muy recurrente es el tiempo de gestación (el primer trimestre o al inicio del cuarto aun si la fijación del límite exacto es variable); otra son las motivaciones (salud de la madre, graves malformaciones del feto, violencia carnal o estupro).

Lo que si queda claro es que el aborto no es un mecanismo de control de natalidad aunque se utilice como política población. Es este el caso de China con el propósito de asegurar una población masculina. Ahora resulta que los hombres superan a las mujeres en más de 40 millones.

Se entiende que el panorama sea diverso: la admisibilidad del aborto depende en gran parte de convicciones éticas y de orientaciones religiosas que influyen en la cultura de una sociedad determinada. Esta realidad empírica, desde una perspectiva global, debe tomarse también en cuenta en la discusión sobre este tema que suele ser muy teórica y muy de convicciones poco inclinadas al análisis.

Pero también nos dice que en cada pais existe una situación de opinión que se concreta en la decisión política que subyace a la reglamentación que adopta. Otro elemento interesante que se colige es que al través del tiempo se registran cambios, tanto en una dirección como en otra. En Polonia se paso de la liberalización absoluta a la negación absoluta del aborto. En otros, los cambios han sido paulatinos como en el caso de varios países europeos.

Italia es un caso a ser considerado. ¿Por qué Italia? En su seno esta entroncado el Papado, que ejerce sin duda alguna gran influencia política (hasta 1994 Italia contaba con el mayor partido democristiano de Occidente. La discusión sobre el aborto se importantizó en 1975 al punto que la Corte Constitucional mediante sentencia (no.27 de 18 de febrero 1975) dictaminó que si bien la “tutela del concebido” tiene un fundamento constitucional, consentía el recurso a la interrupción voluntaria de la gravidez pero por motivos graves.

Esa sentencia allanaría el camino para la aprobación de la Ley 194 del 22 de junio de 1978 con la que se abrogaron varios artículos del Código Penal. La reglamentación de 1978 pese a dos referéndums abrogativos celebrados en 1981, no ha podido ser modificada. Ni por los que buscaban la ampliación de las excepciones ni por los que quería su limitación. Por ello, todavía hoy, sigue siendo la expresión del acuerdo italiano sobre la cuestión.

© Julio Brea Franco 2009
Florida, USA
Publicado originalmente en Periódico HOY de
República Dominicana
Mayo 4, 2009

April 28, 2009

La votacion del miedo

Ciento sesenta siete (167) votos contra treinta y dos (32) es una diferencia considerable que en nada puede rotularse de pírrica. Las cifras cuantifican el resultado en la Asamblea Revisora de la deliberación del artículo 30 del proyecto de reforma (y 33 del anteproyecto de la Comisión). El tema: el derecho a la vida.

Más allá del encono o satisfacción que haya provocado la decisión, la votación expresa un estado de situación sobre un aspecto controversial y complejo muy añejo y muy actual en todas las latitudes y países.

Ciertamente, los números no son los que determinan la razonabilidad, la conveniencia o la sabiduría en la dilucidación de cualquier asunto, pero sí son el elemento esencial para la aprobación o rechazo de decisiones vinculantes en sociedades democráticas, sin reparar el su grado de desarrollo.

Para unos la decisión representa un retroceso; para otros un progreso. No parece que sea un retroceso: las cosas quedan igual a como están y la interrupción del estado de gravidez es ilegal y seguirá siéndolo. Y lo que se mantiene igual, obviamente, ni es avance ni reversa.

Sin embargo, constitucionalmente sí podría considerarse que lo es: la constitución actual (1966-1994-2002) no cierra de manera tan absoluta la posibilidad de que por ley se dictaminen excepciones atendibles a la regla. Si lo aprobado de reciente llega a puerto y se convierte en definitivo (“desde la concepción hasta la muerte”) se habría abortado cualquier cambio en el porvenir. Se requerirá una más potente voluntad política para abrir nuevamente las puertas.

Si nos dejamos llevar por las calificaciones que se han dado al voto, en la mayoría y la minoría, este ha sido producto del miedo. Los que dijeron SI lo habrían hecho por la presión política de la Iglesia, nada despreciable en nuestra sociedad.

Los que votaron NO, lo habrían hecho por miedo a los que abogan por la liberalización. No me parece que el miedo sea la correcta y útil perspectiva para la lectura de la decisión.

La dilucidación de la votación es necesaria, aunque se lancen rayos y centellas a la clase política y su derivado parlamentario. La que nos gastamos es por la sociedad y su cultura que le da espacio, la importantiza, y secretamente la ama y la busca. De lo contrario hubiese otra distinta.

En ambas partes hay posiciones de principio que son atendibles, en sus lógicas reciprocas. El asunto es controversial. Para la Iglesia es cuestión de fe y dogma y, por tanto, no discutible. Para el otro, es asunto de razón, de realidades sociales crudas y de convicciones de libertad y dignidad.

La votación expresa que estamos lejos aún que se imponga una visión secularizada al gran problema del aborto. Abogar por ella toma tiempo y requiere paciencia. El uso de la razón y el buen tino no es una condición natural. Hay que promoverla.

La discusión ha sido positiva pues ha importantizado la cuestión, y más personas se han ido incorporadas. Sin embargo fue demasiado corta. Y por ello ha de seguir. Pero a nada conducen los enconos, las descalificaciones ni las etiquetaciones. Para cambiar el presente estado de situación hay que expandir conciencia y sensibilización.

Y es posible: en el Medioevo a los que buscaban remedios en las plantas, los quemaban por brujería.

© Julio Brea Franco 2009
Florida, USA
Publicado originalmente en Periódico HOY de
República Dominicana
Abril 28, 2009

April 21, 2009

La Asamblea en función

La probabilidad que la reforma la llevase a cabo una Constituyente, desde el inicio mismo del proceso, era ínfima para no decir ninguna. Sin embargo, todavía hoy, con una semana de trabajo en la Revisora, hay voces que siguen insistiendo en ella al punto de haber recurrido a los tribunales para detenerla.

La argumentación que avanzan no tiene asidero dentro de las coordenadas del texto vigente: la modificación se ha planteado en consonancia al mecanismo de revisión establecido. Que sea una reforma total –que no altera la forma de gobierno- es permisible en ausencia de límites explícitos. La objeción que se arguye es de índole interpretativa: quiere hacérsele decir a la constitución algo que no dice.

Que se haya utilizado medios institucionales para detener la reforma no es para nada dañino. Al contrario. En el caso de un remotísimo éxito, el mundo dominicano no terminará como pretenden otros al hablar de apocalipsis cada vez que se toca al Presidente de la República. Esos planteamientos hubiesen sido más propios del Medioevo cuando cualquier desgracia se la interpretaba como furia del Supremo.

Con el tiempo se ha evidenciado que en la otrora Comisión de entendidos –tan cuidadosamente pergeñada para que fuera políticamente correcta- tenía su quinta columna. Gente que no se dimitió para en el después y fuera de ella, actuar de oposición a la propuesta introducida a las cámaras. El producto de la Comisión no vinculaba al Presidente. Eso se sabía desde el inicio, en el durante y en el después de sus trabajos. Quien había aceptado ese papel profesional no era para luego sucumbir a la tentación de empujarse al escenario político. Procederes impropios que profesionalmente suelen provocar boomerang.

Los trabajos en la Asamblea sin bien han comenzado, van lentos. A seis artículos por semana, la primera lectura requerirá unos cuatro meses sin contar las discusiones de los temas políticamente álgidos. Lo cierto parece ser que las deliberaciones tomarán su tiempo y hay que tener paciencia. Lo que no se promete es contar con una atención pública sostenida. Sera una película de largo metraje y la nuestra es una opinión pública de concentración parvularia.

La preocupación por los votos se mantendrá. Ante el “protagonismo” de los del PLD, el Presidente corrió a la casa de al lado para reunirse con el reformista preocupado por la falta de solemnidad en las dos primeras sesiones. Es encomiable este desvelo por la urbanidad y la corrección parlamentaria. El andar sin rumbo propio en todos estos años al menos ha logrado avances en educación política.

Orlando Gil no anda equivocado cuando habla de gentes “que dispara primero y luego apunta”. Eso luce lo que ocurre a unos cuantos que escriben lo que piensan, lo que quieren, o quisieran que sea aunque sea oblicuamente.

Con su 4.5% en el 2008 al PRSC se le quiso escribir el epitafio y dictaminar su destierro del sistema de partidos. En un tris se diagnosticó el bipartidismo. Aunque el paciente tiene fiebre alta, sigue vivo y coleando: 26 miembros en las Cámaras lo hace apetecible políticamente. Y por eso se le busca. Ya se verá cual será su “performance” en el 2010, pero al momento eso es lo que hay.

© Julio Brea Franco 2009
Florida, USA
Publicado originalmente en Periódico HOY de
República Dominicana
Abril 21, 2009

April 14, 2009

La excusa perfecta

Nunca antes, Junta Central Electoral alguna, o cualquiera de sus integrantes, habían hecho manifestaciones públicas destacando supuestos obstáculos, o expresando dudas sobre la confiabilidad del registro electoral en los prolegómenos de unos comicios.

Hoy somos testigos de algo inédito en la historia de la administración electoral dominicana.

Sorprende que luego de la realización exitosa de las presidenciales de 2008 se diga y se quiera sembrar duda y suspicacia en la realización de las venideras Congresionales y Municipales. Aun más, que se insista en ello precisamente en el momento político e institucional por el que se transita.

La Asamblea Revisora ha reiniciado sus labores. En el proyecto de reforma que cursa se propone la celebración simultánea de las elecciones en sus tres niveles (presidencial, congresional y municipal) y, en consecuencia, la unificación del mandato constitucional para todos los cargos electivos. En disposición transitoria, además, se establece, como excepción, que los electos en las comicios de 2010 agotarán un mandato reducido de dos años, para ensamblar en el 2012 el mandato unificado. Es un tema inscrito necesariamente en la agenda de discusión.

Desde hace años (1998 y con mayor intensidad en 2002) subyace el deseo de prolongar por dos años el periodo del Congreso y de los Ayuntamientos. Hasta ahora no se ha cristalizado, en gran parte por la crítica activa de la opinión pública.

Sin embargo, el deseo continua latente y poderoso. Existen incentivos políticos. El PLD y su gobierno, por ejemplo, ha debido de sufrir desgaste, lo que en términos electorales podría reflejarse en una merma en su fuerza congresional. Mantener el status quo (su preeminencia congresional) le resultaría de un “bypass” electoral. Un beneficio sin costo.

El PRSC muy disminuido electoralmente y, por ende, económicamente, sigue enfrascado en una “reunificación” que no acaba de cuajar. Es posible que requiera de más tiempo político. Unas elecciones ahora podrían resultar catastróficas: la humillación de la pérdida de su condición como partido. El “bypass” le podría resultar útil: una ganancia de dos años también sin costos.

El PRD no debería obtener provecho de una extensión: el 2010 podría acarrearle avance político. El problema es que son variados y distintos los intereses y propósitos que bullen en su interior. De ahí que los deseos de unos no sean los de los otros.

Como ahora, nunca ha habido más peligro para una aventura de prolongación. Con la puerta abierta de la Revisora, y el tema en agenda, mover esa palanca es menos costoso. Las direcciones nacionales de los partidos no se han atrevido a inclinarse abiertamente por esta aventura, pero “sus gentes” en el Congreso no lo esconden.

Caminamos por senderos de tentaciones. Por eso dos de las tres voces del momento en la Junta resultan imprudentes e irresponsables al no tomar en cuenta las consecuencias de sus decires: de ellas extraer razones para la excusa perfecta que andan buscando los aventureros de la prolongación.

Solo el Presidente de la Junta es el que ha venido asegurando que hay tiempo y capacidad de realizar las elecciones. Sin embargo, el deterioro institucional es tal que se le ha querido desautorizar públicamente desde el interior de la propia institución. Algo inaudito, por igual.

© Julio Brea Franco 2009
Florida, USA
Publicado originalmente en Periódico HOY de
República Dominicana
Abril 14, 2009

April 7, 2009

Ansiedad electoral

Si bien aún queda tiempo por para las elecciones de 2010 – salvo que la Asamblea Revisora se lance a modificar el calendario electoral- desde la Junta Central electoral, en particular su Cámara Administrativa, ha venido expresando ansiedad y preocupación ante las tareas que conlleva su organización.

Primero fue el voto preferencial, al que le endilgan pecados y peligros que no le son propios. El tema no se ha resuelto. Desde ya se ha convocado a los partidos, al promediar el mes en curso, para que digan lo suyo. Las cúpulas partidarias no lo quieren pero la Junta no está para complacer peticiones ni sumarse a una conspiración simplemente para aligerar la administración de las elecciones. Los problemas con el preferencial en el 2002 y el 2006 se debieron a la manera infeliz en que se concibió y aplicó.

También lo del SOMO -se dice- distrae, consume atención y dedicación. Como si una institución grande tuviera que paralizarse para hacer averiguaciones sobre un asunto que ella misma creara como resultado de sus pugnas intestinas. Unos están contentos, y los otros rabiosos. No se entiende a que viene el hacer público un asunto de trabajo interno. ¿Será que se está usando como obstrucción o que los administrativos estén perdiendo liderazgo? El Presidente de la Junta lo ha dicho: hay tiempo suficiente para preparar las elecciones.

Por último, está el asunto ese de las elecciones en los distritos municipales. Olivares tiene mucha razón en lo que ha dicho al respecto. Ellas se dispusieron por ley (la No. 176-07) y no establece prórroga alguna ni periodo de gracia para su implantación. Por eso deben realizarse. La Junta debía estar consciente que era una tarea a acometerse en el 2010. Tuvo tiempo suficiente para dejar constancia de sus pareceres ante las cámaras. Ahora ya no es oportuno.

Ciertamente son muchos Distritos (229) a los que hay que sumarles los 158 municipios (a cada rato se habla de mas y de menos), las circunscripciones intraprovinciales y las 31 provincias y el Distrito Nacional. La cantidad hace aun más complejas las elecciones. Pero no hay razón para hablar de “caos electoral”, sobre todo en una administración como la actual que tanto se ufana en decir que es la mejor de toda la historia electoral. Si así es, se está en las mejores manos.

No hay que crear ninguna Junta Electoral, ni siquiera Subjuntas. Los Distritos Municipales están dentro de los Municipios y cada uno cuenta con una Junta. De lo que se trata es de extender las elecciones a unidades intramunicipales. No hay por qué halarse los cabellos por el diseño de los formularios y ni siquiera por la boletas. La ley electoral prevé opciones.

Nunca antes una Junta se había manejado con tantos recursos. En el pasado se debieron montar elecciones conjuntas en apenas cinco meses, con poquísimo dinero; con gobiernos y partidos traviesos, con una burocracia ineficiente; en un ambiente de zancadillas, con gente que buscaba hacer su “agosto”; con muchísimas presiones y Juntas entrampadas en pleitos políticos. Y así se hicieron. Hoy el ambiente es muy distinto y distante.

Cuando hay ansiedad se toman ansiolíticos. Quizás lo estén necesitando.

© Julio Brea Franco 2009
Florida, USA
Publicado originalmente en Periódico HOY de
República Dominicana
Abril 07, 2009