March 31, 2009

De enconos y paranoias

Pretender que en un sistema de identificación, en su función electoral, con más de 5 millones 700 mil electores y en crecimiento continuo, no existan repeticiones, errores, suplantaciones y falsificaciones es pecar de ingenuidad, de irrealismo y de perfeccionismo.

La confiabilidad del sistema nunca podrá asentarse en un 100 porciento de corrección sino en la de una proporción aceptable de “suciezas” cuyo eventual impacto sea aleatorio y no afecte a una parte en específico. Si en unas elecciones eso sucediese estaríamos ante un caso de manipulación fraudulenta.

La afirmación que implicados en acciones criminales hayan sido encontrados con una multiplicidad de cédulas con distintos nombres emitidas por la Junta Central Electoral no debería arrancar airadas reacciones. No implica en absoluto que ella esté involucrada ni sea cómplice.

Tampoco significa que el documento adolezca de fallas de naturaleza tal que pongan en entredicho la aceptabilidad de las elecciones. Reacciones de este tipo no son más que destemplanzas y exageraciones frutos del desorden en la comunicación pública que caracteriza la Junta, con sus múltiples voces, ligeras y aspaventosas con gran frecuencia.

La falsificación de documentos es un mal que no respeta ni siquiera países de gran desarrollo tecnológico y sofisticados mecanismos de seguridad. Estados Unidos, por ejemplo, no ha sido inmune. Ningún mecanismo de seguridad documental se ha demostrado plenamente inviolable ni siquiera los biométricos.

La seguridad documental, sin duda alguna, ha contribuido a dificultar las violaciones y falsificaciones aun en esta era digital en que todo es más manejable por la propagación y disponibilidad de la tecnología. El robo de identidades es pavoroso, real y más extendido de lo que podemos imaginar.

La JCE ha apostado todo a la captación de los datos biométricos (foto, huella, firma). Sin embargo también este tipo de seguridad tiene limitaciones. El registro de las huellas dactilares no hace que su control y verificación sea siempre sencillo. Se requiere accesibilidad a las bases de datos, de lectores de huellas y de computadoras de gran capacidad de procesamiento y memoria.

La autentificación o cruce de la huella registrada en el documento con la que aparece en el archivo de la persona – control (1 a 1)- es más factible que la búsqueda de una huella en una base de 7 millones de archivos – control (1 a n). Para el primer control los bancos y algunas oficinas gubernamentales puedan disponer de los recursos apropiadas pero de seguro será dificilísimo hasta para la misma policía y organismos de investigación, para la búsqueda y verificación del segundo tipo.

Es esa la razón por la que un Sistema general (o civil) de Identificación Automatizada de Huellas Dactilares impone la necesidad de limitarlo a ámbitos determinados como es el caso criminal o delictivo.

Las falsificaciones de documentos suelen darse en dos ámbito: fuera de la entidad emisora o en el ámbito interno de ella. Reproducir el material, las impresiones y las firmas de un documento protegido es cada día más difícil y costoso. No así mediante el soborno de empleados y funcionarios.

La importancia de la reciente denuncia del ayudante fiscal, aunque no sea nueva, lejos de incomodar y ser objeto para manipular la paranoia, lo que debe es alertar y afinar los controles internos y procedimentales. Simplemente.

© Julio Brea Franco 2009
Florida, USA
Publicado originalmente en Periódico HOY de
República Dominicana
Marzo 31, 2009

March 24, 2009

De los que son y no están, de los que están y no son

Hasta 1994 la identificación personal en República Dominicana se apoyaba en tres anillos relacionados pero no plenamente conectados: el registro civil, la “cédula de identidad personal” y el registro electoral.

El registro civil (se llevaba a través de Oficiales del Estado Civil nombrados por el Poder Ejecutivo) documenta la existencia de la persona entre sus dos hechos vitales esenciales: el nacimiento y el fallecimiento y consigna además los actos civiles que realiza. La cédula (expedida por una Dirección General también dependiente del Poder Ejecutivo) fungía como único documento de identificación e incluso en determinado periodo tuvo una función impositiva.

El tercer anillo era el registro electoral creado por ley en 1971 y organizado en 1974, a pesar de estar consignado en la legislación electoral desde muchos años atrás y cuya administración le competía a la Junta Central Electoral). Dos eslabones de la cadena, por tanto, eran controlados por el gobierno. Esa dependencia nos explica entonces la desconfianza que existía cuando se celebraban elecciones y el Presidente y/o el gobierno de un partido procuraban reelegirse o continuar en control del poder público.

En 1992, en una de los dos piezas legislativas en que se articulo de reforma electoral de aquel año, la ley No 8-92 de 1992, dispuso la unificación de la cédula y el registro en único documento multifuncional. La dirección de la cédula anterior y los oficiales del Estado Civil, por consiguiente, pasaron a ser dependencia de la JCE quien designa sus personales.

Pese a todos los altibajos de los inicios, la ejecución de la reforma de 1992, creó las bases de un sistema de identificación al engarzar, bajo un mismo techo institucional, sus tres elementos constitutivos básicos que pasaron a ser los subsistemas. Estamos en presencia de un sistema cuando un conjunto de elementos cumple funciones principales y se articula en instancias definidas y delimitadas que ejecutan procedimientos distintos pero interconectados.

El registro electoral por tanto no puede ser concebido con la autonomía que disponía en el pasado. Actualmente para un ciudadano dominicano obtener la cédula de identificación es prerrequisito (al menos en teoría) avalar su solicitud con un acta que certifique que es titular de la nacionalidad. Solo con el carné de cedula y únicamente con ella se puede acudir a votar en unas elecciones.

La realidad, sin embargo, no es tan sencilla. No todas las inscripciones en el registro cedular están avaladas con actas de nacimiento aun si en la medida de su continua renovación se ha ido logrando mayor respaldo documental.

El nudo problemático del sistema sigue siendo las deficiencias del registro civil, lleno de “suciezas técnicas”, lejos aún de la inclusividad que debiera tanto por causas del subregistro de los que son pero no están (personas sin identidad civil) y de los que están que no son (los fallecidos).

Un sistema de identificación, y más específicamente, un registro civil nacional, es indicador de país organizado. Entre nosotros ha habido mucha irresponsabilidad y falta de voluntad política para acometer esa tarea. Y aun hoy nos jalamos los cabellos discutiendo sobre dominicanos que no están y no dominicanos que no deberían estar.

© Julio Brea Franco 2009
Florida, USA
Publicado originalmente en Periódico HOY de
República Dominicana
Marzo 24, 2009

March 17, 2009

Numeralia 2010

Numeralia es palabra sin pasaporte de ciudadanía en el léxico oficial de la lengua española. Si se usa es porque se toma licencia conscientemente. Es término más dúctil, flexible y adaptable que estadísticas, datos, números, cantidades.

Si se le añade un apellido, para formar la expresión numeralia electoral, se usa en referencia a datos e informaciones cuantificadas y/o cuantificables relativas a las elecciones o procesos electorales.

La Junta Central Electoral de reciente anunció el inicio de su “cuenta regresiva” para las elecciones congresionales-municipales del venidero 2010. Si bien a la fecha falta un año y dos meses para las votaciones, para lo operacional, legal y administrativo, solo quedan unos diez meses.

Según el organismo electoral, el número de electores proyectado giraría alrededor de 6 millones 260 mil votantes. El estimado es exagerado. Si en las 2008 el registro electoral fue de 5 millones 609 mil 590 en territorio nacional (5 millones 764 mil 794 inscritos con el padrón exterior de 154 mil 797).

La estrambótica reforma de crear circunscripciones en el extranjero es aun una propuesta. El registro en el extranjero no tendría porque crecer no habiendo votaciones extraterritoriales. Y si continuase del empadronamiento en el exterior si no votaran. Eso únicamente aumentaría artificialmente la tasa de ausentismo.

Para arribar a la proyección de la Junta, el registro debería crecer en algo menos de medio millón de inscritos (495 mil 613). Y eso en tan solo dos años. Según el detalle ofrecido por la JCE, hasta ahora, con respecto al 2008, ha habido un incremento de 216 mil 560. En los próximos 10 meses por consiguiente deberían ingresar 279 mil 53 electores. Algo que es poco probable

Los registros electorales se evalúan técnicamente de dos maneras: una cuantitativa y la otra cualitativa. Dejo de lado la cualitativa. El número de electores tiene que guardar una relación razonable con otras variables: la población total y, sobretodo, la población electoral (o en edad de votar). Específicamente, con respecto a la segunda no debe haber más inscritos que gentes de 18 años y mayores.

La población electoral dominicana ajustada al 16 de enero del 2010 será de 6 millones 493 mil 960. Entonces, si como dice la JCE habrán 6 millones 260 mil estamos hablando de una inclusión del 96% de los mayores de edad. Si eso sucede sería el más alto de toda la historia electoral dominicana. En 1998 fue de un 85%; un 87% en 2002, para arribar al 92%, en el 2006. En tan solo ocho años (1998-2006) la tasa de inclusión saltó un 8%. Es mucho y muy rápido.

No creo que haya razones para dudar de la labor de la Junta en este aspecto. Pero creo que se les fue la mano en la proyección; muy probablemente la realidad será más razonable.
Habrá que darle seguimiento a estas cosas. Son números que tienen significado político.

Recuérdese Pedernales en el 2006 con el 117% de inscritos sobre la población electoral. Y todo porque un vivo “migró” electores de otros lugares para su propio beneficio político bajo la mirada indiferente de la Junta. ¿Estamos?

© Julio Brea Franco 2009
Florida, USA
Publicado originalmente en Periódico HOY de
República Dominicana
Marzo 17, 2009

March 10, 2009

El PRD en la Asamblea

Alentador resulta el anuncio reciente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Finalmente participará en las deliberaciones de la reforma de la Constitución. Si no se devuelve, o se retira en el proceso, su presencia sin duda estimulará la dialéctica interna de un debate que se vislumbraba aburrido, unilateral y acomodado.

El Ejecutivo logró armar su estrategia con una sumatoria esencial, acordada en aquella reunión invisible con los reformistas, y cuyo vocero, unos de lo que fue pero no estuvo en Palacio, pretendió desvirtuarla con una bravuconería de pose condicionando su participación a la aprobación previa de un par de piezas (entre ellas la ley de partidos). Como no se le lleva cuenta a nada ni a nadie –ni siquiera los avezados y curiosos periodistas investigadores-, le resulta “suave” al honorable diputado, ahora que es cosa olvidada, asumir la encomienda pactada de participar sin entorpecer.
El PRD no está libre de pecado. Por mas golpes de pecho y arrepentimiento públicos, la penitencia no indulta ni borra el dislate aquel del 2002 con la reelección restablecida. Pero la política es gerundio y siempre hay otras oportunidades.

Ahora lo importante en este proceso de reforma –aun en la manera que reformamos- no es pretender doblar el brazo e imponer lo contario a lo que se propone. Sería una fantasía maximalista ante una aritmética alimentada desde el poder. Pero si se puede en el camino ajustar y cambiar cargas especificas. Los grandes acuerdos no son de este mundo, pero si puede acercárseles en asuntos concretos que deberían ser constitucionalizados de manera distinta a la planteada.

Al presente lo que cuenta es la política, la puja de fuerzas, la capacidad de manejo y de maniobra. La hora de los constitucionalistas acabó. Ni antes ni mucho menos ahora los planteamientos técnicos por más lúcidos y coherentes, razonables y racionales.

El PRD va en una posición cómoda. Y tiene ante si una buena oportunidad. Puede abogar y avanzar propuestas sin tener que responder ni comprometerse con ellas, pues por eso es minoría. Puede coquetear con el perfeccionismo, con lo poco posible, siempre y cuando no se le vaya la mano. Puede exponer su proyecto y su visión de constitución cuyos lineamientos han avanzado algunos de sus sólidos expertos. Puede, ahora en detalle y en el calor de los debates, develar, según sus críticas sostenidas, las “maquinaciones” cardinales y esenciales a beneficio del poder que el proyecto contiene.

Y todavía más: plantear y avanzar propuestas sobre aspectos concretos cuya modificación pueden ir a su haber. La mayoría no siempre es totalmente compacta ni lo es todo el tiempo.

En un ambiente políticamente maduro la discusión política de una Constitución -en su núcleo básico de la arquitectura del poder institucional- el interés de las partes políticas con anclaje social es el de establecer las reglas esenciales del juego y la definición de la arena de “combate”, que sirvan, protejan y permitan al que esta fuera, en la acera de enfrente, llegar y gobernar. Y para el que gobierna, luego de la tragedia de perder, que disponga de seguridades de que también puede volver. Precisamente lo que no cultivamos.

El PRD puede hacer todo eso y mucho más. Ellos sabrán.

© Julio Brea Franco 2009
Florida, USA
Publicado originalmente en Periódico HOY de
República Dominicana
Marzo 10, 2009

March 3, 2009

La fantasia y los discursos

Sucedió lo de otras veces. Mucha fantasía entorno a lo que sería la alocución del Presidente y luego críticas, decepciones e inconformidad sobre lo que finalmente dijo. Las expectativas resultan equivocadas porque no se quiere entender que hay estilos, maneras de pensar, prometer y actuar que deberían ser harto conocidas. Nuestro presidente no es persona de contundencias, de decires dramáticos ni de acciones enérgicas aunque fueran necesarias.

Y también vuelve a suceder que desde la acera de enfrente impera un negativismo que raya en lo soez. Las críticas –si es que lo son- son tan genéricas y hueras que carecen de credibilidad. Y eso, junto al canibalismo y la pugnacidad irrelevante dentro de las “oposiciones”, contribuyen a alimentar este status quo tan desesperanzador en el que nos movemos. No hay opciones que no sean las ya gastadas. La circulación de las elites políticas va a cámara lentísima. Leonel Fernández es una excepción. Ha sido una de las pocas figura fresca en un mar de tanto “lo mismo”.

Ya se ha dicho: en el país se ha perdido la capacidad para el asombro. Lo excepcional se ha convertido en lo cotidiano. La secuela de escándalos ha sido sostenida. Escándalos que en otros tiempos y en otros contextos tiene potencia para desatar verdaderos terremotos políticos, pero por estas latitudes nada ocurre, todo sigue como si nada pasara.

El pasado año terminó con indignación, con aquellos indultos que significaron una bofetada al castigo de la justicia. No pueden haber razones de “humanidad y compresión” cuando está en juego la credibilidad en la justicia, tan en bancarrota entre nosotros.

No se entiende cual es el grado de compromiso en la “revolución democrática” del Presidente. Esas cosas no se llevan a cabo con palabras. Se ejecutan y respaldan con los hechos.

Desde hace tiempo se viene siguiendo con mucha preocupación y sintiendo mucha angustia respecto a la seguridad ciudadana, cada vez más debilitada. A diario se pueden recabar evidencias macabras de un auge de la delincuencia, la criminalidad y las secuelas del narcotráfico. Por más que se trate de convencer con estadísticas, con comparaciones internacionales, lo que acontece no es sencillamente una “percepción”.

Con lo de Paya, lo de Puerto Plata y lo de Parmalat ha transcurrido tiempo suficiente para haberse empleado a fondo, con decisión y de modo sostenido, con profilaxis y desmonte de los enclaves criminales que actúan en nuestros cuerpos armados y en la policía Nacional. ¿Donde están los decretos? ¿Dónde está la evidencia de que “no le tiembla el pulso”?

El Presidente Obama, en Estados Unidos, sin proponérselo se está convirtiendo en una presencia comparativa bien incómoda. Su estilo, su manera de acercarse a los problemas, ofrece un punto de referencia y parangón para muchos países. Obama no minimiza los problemas. Los presenta con crudeza, advierte sobre su profundidad y no se desgasta echándole la culpa a los anteriores. Plantea soluciones siempre conscientes que los gobiernos no son para hablar de ellos sino para actuar resolviéndoles. Para eso se eligen los presidentes y los gobiernos.

© Julio Brea Franco 2009
Florida, USA
Publicado originalmente en Periódico HOY de
República Dominicana
Marzo 3, 2009

February 24, 2009

El enfasis presidencial

Resulta fácil determinar aquellos aspectos de la reforma constitucional a los que el Presidente de la República le ha dado particular énfasis. Los que son más imputables a su autoría. Basta solo comparar atentamente el documento elaborado por la Comisión designada y el proyecto que finalmente se introdujo al Congreso Nacional. Obviamente, al suscribirlo el Presidente hizo también suyas las propuestas de aquella salvo precisamente las disposiciones que cambió.

Que le haya hecho modificaciones no constituye nada impropio y menos que haya actuado de un modo políticamente incorrecto. El proyecto es una iniciativa del Ejecutivo, esta calzado con su firma y haciéndolo asumió toda la responsabilidad. La propuesta es del Presidente.

Tampoco valen las críticas, aunque se utilicen como munición política, ni a la misma comisión ni al Presidente, por no haber acogido plenamente las sugerencias de las llamadas “consultas populares.” El propósito de ellas nunca fue deliberativo sino mas bien informativo. Pero también eso implica dejar de lado el exceso de entusiasmo y la propaganda de pretender que por ellas se convertirá en la reforma “más democrática” de todas las realizadas en el país.

En la misma parte que recoge la principal normativa electoral se encuentran algunos de esos énfasis presidenciales. Además de la unificación de las elecciones, la disposición sobre las juntas electorales –aparentemente poco significantes- se destaca la resistencia a que la designación de los representantes nacionales a los parlamentos supranacionales sea por elección.

La comisión incluía esta disposición (Art. 245) sin embargo fue obviada en la propuesta. República Dominicana participa en el Parlamento Centroamericano. Es observador especial (por ser signatario del SICA, el Sistema de Integración Centroamericana). No tiene la calidad de miembro permanente pues los representantes dominicanos al PARLACEN no son escogidos por elección directa, que es la condición establecida de manera expresa por el tratado constitutivo.

Mantener el status quo, que los representantes sean nombrados por el Presidente implica retener una buena alforja de cargos políticos (20 miembros y sus respectivos suplentes) para la negociación y la toma y daca política. Este tipo de cosas son de las que inflan el poder presidencial. Hace unos pocos años, circulo un anteproyecto que establecía la elección de esos diputados en las congresionales-municipales.

En la propuesta se vuelve de nuevo a las elecciones simultaneas completas, para que los tres niveles, presidencial, congresional y municipal se celebren en el mismo momento cada cuatro años.
Con ella supuestamente se pretende complacer a una “demanda generalizada” de alargar el tiempo interelectoral de manera de limitar el hilarante activismo político. Se va a la unificación sin que se haya ponderado otras opción como sería la de acercarlas en un modelo de elecciones consecutivas, primero las congresionales municipales y luego las presidenciales.

La unificación favorece el poder presidencial. Se le “protege” del castigo electoral a medio periodo, para que reciba un cheque por cuatro años sin que tenga que hacer esfuerzo alguno para mantener la aceptación en un momento intermedio. Y eso debilita aun más la rendición de cuentas -que tanto preocupa, con muchísima razón, a Bienvenido Álvarez Vega.

© Julio Brea Franco 2009
Florida, USA
Publicado originalmente en Periódico HOY de
República Dominicana
Febrero 24, 2009

February 17, 2009

Una solucion inadecuada

La solución institucional que propone la reforma constitucional con respecto al organismo electoral dominicano es inadecuada e inconveniente. En síntesis, plantea ella dos órganos distintos: uno de naturaleza contencioso- electoral (Tribunal Superior Electoral) y otro de carácter administrativo (Junta Central Electoral).

En cuanto al Tribunal, se dispone que esté integrado por cinco miembros y cinco suplentes escogidos por el Consejo Nacional de Magistratura. La cantidad de miembros es excesiva a la luz del historial de recursos de impugnaciones registrado en las elecciones dominicanas.

La mayoría de las impugnaciones, para no decir casi todas, se generan antes de las votaciones y después de ellas. En el periodo interelectoral son muy pocas y generalmente tiene que ver con los partidos políticos. En el nivel presidencial no son para nada frecuentes (2000, 2 impugnaciones; 2004 y 2008, ninguna). En cambio, abundan en las elecciones congresionales-municipales: 1998, 102 recursos; 2002, 100; 2006, 158. Cuando las elecciones se realizaban conjuntamente complicaban más el proceso, pero fueron infrecuentes. A guisa de ejemplo: 1978, 97 impugnaciones; 1982, 38; 1986, 38; 1990, 38.

¿Qué va a estar haciendo toda esta gente? No puede haber racionalización sin tomar en cuenta la experiencia. Lo razonable, entonces, es que sean solo tres miembros. Y, por demás, dada la naturaleza de sus decisiones, no es conveniente atribuir su escogencia al Consejo de la Magistratura: este es mucho más proclive a acuerdos de aposentos con presencia de poderes fácticos.
Con el diseño propuesto para la Junta Central Electoral se vuelve al pasado. Se sabe lo que aconteció y, por tanto, es previsible lo que pasará. Hasta el 2002 se disponía de una Junta de cinco miembros. Anteriormente eran tres, hasta 1992. Son elegidos por el Senado. Esto es, el cuerpo legislativo, que por la fórmula y tipo del sistema electoral es dominando por el partido que gana la Presidencia de la República; salvo las distorsiones 1994-98.

La Junta, como reflejo, expresa esa realidad política. De ahí las críticas y crisis que se repiten cada vez que se eligen las Juntas (desde 1979 ha sido siempre la misma historia). Ahora se plantea, como la gran cosa, la explicitación de la mayoría de las dos terceras partes de los presentes. Sin embargo, la aritmética ha sido siempre muy clara en el Senado: 1998, PRD, 24; 2002, PRD, 29; 2006, PLD 22. Continuaremos con Juntas “sospechosas”.

La reforma de 2003 fue motivada por el centralismo en la presidencia de la JCE. Explotó en esa ocasión, pero siempre había sido una constante: reglamentariamente era el jefe administrativo y técnico además de vocero del órgano. Es probable que se vuelva a lo mismo. En los días presentes se evidencia un comportamiento autónomo del presidente que opina sobre todo sin tomarse el cuidado de ser equidistante, y, mucho menos, de darse cuenta que ha de ser expresión del órgano y no de sus posiciones personales.

La administración no será eficiente por una sencilla razón. Un órgano colegiado con una fuerte dialéctica político-partidaria crea muchas distorsiones, tantas que la pervierten. La experiencia 1992-94, por citar una conocida, fue una pesadilla de irracionalidad. La administración ha de ser unipersonal y siempre responsable ante un consejo de administración colegiado que apruebe las políticas, la planificación y supervise la ejecución. Ese, entonces sería el rol de la JCE en un esquema viable.

© Julio Brea Franco 2009
Florida, USA
Publicado originalmente en Periódico HOY de
República Dominicana
Febrero 17, 2009

February 10, 2009

La normativa electoral

Por “legislación electoral” técnicamente no se entiende únicamente la ley electoral y aquella legislación complementaria o de contorno; se refiere, más ampliamente, a toda la normativa electoral sea ella de categoría constitucional, ordinaria o adjetiva y reglamentaria.

Lo “electoral” se determina por el contenido: el núcleo central atañe todo lo relativo al proceso electoral en sentido amplio (quienes pueden elegir, a quienes se puede elegir, bajo qué condiciones, por qué tiempo y bajo qué criterios organizativos, procedimentales y territorialmente. A esta materia estricta se agrega una conexa.

El proyecto de reforma constitucional que se encamina a la Asamblea Revisora dedica todo un titulo a la normativa electoral organizada en tres capítulos y estos en algunas secciones. Es mucho más detallado, quizás demasiado, que el texto vigente pues su extensión es prácticamente el triple. Aun así no contiene, por razones atendibles, todas las disposiciones de naturaleza electoral pues algunas que aparecen desparramadas en el documento.

El titulo propuesto “Del Sistema Electoral” es de seguro más comprensivo que el actual “De las Asambleas Electorales” pero rebosa su ámbito. Más que de sistema debería ser el de régimen o derecho electoral. La conceptualización de sistema electoral va mucho más allá pues su centro es la competencia electoral inter e intrapartidaria y todo lo que influye en ella: estructura del voto, de las circunscripciones, la fórmula electoral, la modalidad de voto y sus consecuencias en la configuración de un sistema de partidos determinado.

La ubicación de la normativa electoral en la reforma propuesta sigue lo que podría llamarse la tradición textual dominicana: aparece ubicada prácticamente al final de la “constitución” antes de la parte relativa al mecanismo de reforma constitucional. El lugar en la sistemática no se compadece con la buena lógica.

Se aprecia como lo electoral (Titulo XI) aparece mucho después de los dedicados al Poder Legislativo (III), Ejecutivo (IV) y Judicial (V). Y todavía más: a continuación de las disposiciones relativas a la Fuerzas Armadas (VI), estado de excepción (VII), al ordenamiento territorial (VIII), al Defensor del pueblo (IX) y al régimen económico y financiero (X).

República Dominicana es un Estado democrático-representativo que se adscribe a la teoría que postula que la “soberanía nacional corresponde al pueblo”, siendo ésta, por tanto, la fuente de la que dimanan los “poderes” del Estado.

En consecuencia, seria mas atinado disponer la normativa concerniente a esta “delegación popular” inmediatamente después de la parte dogmática (la relativa a los derechos y garantías fundamentales). De este modo antecedería las disposiciones que instituyen los órganos representativos del gobierno. La sistematización adecuada debiera ser: Pueblo-Elecciones-Representantes (órganos representativos: Legislativo, Ejecutivo y Judicial).

Pero más allá de estos aspectos conceptuales y formales, hay otros muy importantes y sensibles como son las disposiciones orgánicas relativas a la administración y la justicia electoral que configura un determinado diseño institucional.

Con la propuesta en acto volveremos a transitar malos caminos ya conocidos que ni siquiera la pésima reforma del 2003 con la tricefalización del organismo electoral no sólo no superó sino que abrió puertas a nuevas e incómodas disonancias. Por eso, para mostrarlo, hay que volver al tema, otra vez más.

© Julio Brea Franco 2009
Florida, USA
Publicado originalmente en Periódico HOY de
República Dominicana
Febrero 10, 2009

February 3, 2009

En trazos simples

La tarea de un gobierno es hacer y luego explicar lo que hace; la oposición, la que pretende también ser gobierno, ha de evaluar, criticar y plantear alternativas sobre qué y cómo hacer. En esencia es eso es en lo que implica una política democrática. Aun hay más: en el corazón de esa dinámica está la responsabilidad. Responder por lo que se hace, y lo que no se hace, para finalmente recibir aprobación o rechazo. Cuando se pierde aceptación se motoriza el cambio y la sustitución.

Los gobiernos se eligen precisamente para dirigir y administrar. Antes de serlo exponen sus visiones y propuestas. No se escogen para que hagan lo que quieran, como si recibieran un cheque en blanco. En una campaña electoral, el propósito es que se contraponga propuestas para que el pueblo político, erigido en jurado, escoja una, por mayoría. En el entretiempo de las apariciones periódicas del “demos”, la dinámica del debate se lleva a cabo en el seno de un órgano nacional de dirección y control político: el parlamento o el Congreso. Y para completar: en los espacios de comunicación pública.

La tarea del gobierno no es delegable a instancias externas. Ni siquiera en tiempos de crisis, cuando un exceso de diatribas, guerrillas y el disenso extremo, podrían contribuir a diluir la efectividad y eficacia de las decisiones. Por eso es importante de convenir, concertar líneas de acciones, para enfrentar situaciones difíciles. De lo que se trata no es un mero ponerse de acuerdo porque es bueno: es por necesidad política.

Los gobiernos tienen siempre que disponer de soluciones. Para eso lo son. Deberían entonces ser esas propuestas, escritas en papeles, la que han de ponerse sobre la mesa cuando, por su naturaleza y osadía implican restricciones y sacrificios de amplios sectores sociales. Sin embargo en ningún caso la responsabilidad de un gobierno desaparece aun cuando se arribe concertar acciones.

A la oposición le cabe otro tanto. Si declaran ser los “mejores”, los más lúcidos y los más democráticos, en sus propósitos y fines, tiene que dar fe cotidiana de su compromiso. ¿Acaso no pretende ser gobierno “al doblar de la esquina”? El interés nacional está siempre por encima de cualquier decir, impresión o acusación de un supuesto propósito engañoso de un Presidente que buscaría elevar la cotización de sus bonos políticos en baja. Si un partido no realiza cuan desagradables son sus propios dirigentes y cuan poco sancta son sus pretensiones, resabios y burdas manipulaciones ¿como pretenden convencer de ser opción de poder?

Los diálogos se desprestigian cuando se difuminan. De todo no se puede hablar, ni pretender que se tome en consideración. Ni que se actué y se haga para mejorar o resolver. Si en la Cumbre reunida se aceptasen los innumerables pliegos de temas y tópicos, la crisis no solo se profundizará, hará sus estragos, terminará y aun quedará tiempo para seguir analizando y hablando.

La responsabilidad política de los unos y otros está en los cimientos mismos de la democracia como patrimonio común de la civilización occidental. Allá en la Inglaterra de Robert Walpole, en la segunda del siglo XVIII. Así de antigua es.

© Julio Brea Franco 2009
Florida, USA
Publicado originalmente en Periódico HOY de
República Dominicana
Febrero 3, 2009

January 27, 2009

La caida de Sumner Welles

I

Cuando Sumner Welles llegó a República Dominicana el 28 de julio de 1922, contaba apenas con 29 años de edad, había renunciado del servicio exterior, estaba casado con dos hijos, su matrimonio estaba en crisis y buscaba un trabajo bancario en New York. Había ya logrado cierta estima profesional luego de servir en Tokio y Buenos Aires y desempeñarse como Asistente Jefe de la División de Asuntos Latinoamericanos en el área del Caribe y Centroamérica.

A pesar que tanto el ex Secretario de Estado B. Colby, como el mismo Secretario Hughes le escribieron ensalzándolo, Welles no acepto revisar su dimisión. Los diplomáticos estaban muy mal pagados y la burocracia era todo lo contrario a un dechado de eficiencia. El servicio exterior en esa época de aislacionismo perdió buenos profesionales por las mismas causas y condiciones.

Sumner Welles era un hombre de aguda inteligencia y un incansable trabajador. Incluso, hasta su principal y más aguerrido enemigo, Cordell Hull, lo reputaba como alguien que pensaba y se movía tan rápido que siempre estaba en la delantera.

Nacido en New York en el seno de una familia de gran preeminencia social y estrechamente relacionada con los Roosevelt. Incluso había sido paje en la boda de Franklin D. y Eleonor. Siempre contaría con su aprecio y distinción profesional. Y, efectivamente, fue Roosevelt quien lo animó a entrar al servicio exterior como tercer secretario en Tokio.

Egresado de Harvard, logro hacerse con una solida formación intelectual que acrecentaría considerablemente tanto por su experiencia como por su capacidad como estudioso. Esa plataforma lo ayudaría a convertirse en el estratega global de FDR hasta su malogramiento como funcionario iniciado en 1940 y que concluiría con su renuncia forzada y definitiva en 1943.

Tanto en Argentina como en Washington le había ido bien. Desde su posición en el Departamento de Estado le había dado seguimiento estrecho a la situación en Haití, Cuba y República Dominicana. Para 1920, con el Presidente Wilson ya enfermo, la situación había quedado en mano de la Marina.
Precisamente por sus cualidades, su fluente español y conocimiento de la situación fue que por instancia de Hughes el Presidente Harding lo designó Comisionado Especial con acceso directo al Secretario de Estado. Ese encargo le significo un importante empujón en su carrera. Y lo sería más desde que Roosevelt accedió a la Presidente y en 1933 lo designo enviado Especial en Cuba. Ya para 1938 y 1939 era considerado como la mano derecha del Presidente.

Recibió variados encargos en América Latina y en Europa durante gran parte de la Segunda Guerra mundial. Previo a su caída, trabajo en el diseño de lo que sería la Naciones Unidas uno de los más anhelados proyectos del Presidente Roosevelt.

La lucha de personalidades, los resentimientos, los celos, las envidias tocaron muy de cerca a Sumner Welles. Cordell Hull lo rivalizó terriblemente al punto de propiciar su abrupta caída final con la participación de William Bullit, que al final de la tragedia también termino destruido.

II

En pleno auge de su carrera, Benjamín Sumner Welles se abalanzaría en el precipicio. Un incidente sin consecuencias objetivas tornaron sus tres últimos años en el Departamento de Estado en un infierno al punto de verse en la necesidad de renunciar en 1943. A partir de ahí no volvería jamás a ocupar ninguna posición gubernamental. Ni siquiera Roosevelt considerándolo un “buen hombre”, pudo detenerla.

Su carta de renuncia la escribió convaleciente de un ataque al corazón que sufrió el fin de semana inmediato a la entrevista de Welles con Hull en la que este último le expreso su convicción de que su “continuación en el cargo seria, para el Presidente y el Departamento de Estado, el más grande escándalo nacional en la existencia de Estados Unidos”. Fue su ruina total.

Sumner Welles casó tres veces. Se divorcio de la primera, enviudo de la segunda y dejo viuda a la tercera. Con Esther Slater (1915 a 1923) procreo sus dos hijos (ambos fallecidos por separado en 2002). Cuando llego a República Dominicana el matrimonio estaba en crisis y ya se había enamorado de la mujer más importante de su vida, además de su madre Mathilde Townsend fallecida en 1949. Su última esposa fue una amiga de infancia, Harriette Post. Welles a la luz de estos datos tenía un “background” heterosexual. ¿Qué sucedió, entonces?

Aconteció en el 16 setiembre de 1940. El detalle lo cuenta y resume su biógrafo Benjamín Welles, su hijo. Había fallecido el Presidente de la Cámara de Representantes (House Speaker) e iba a ser enterrado en su estado natal, Alabama. Tanto el Presidente Roosevelt, los miembros de su gabinete o alguno de sus representantes abordaron el tren presidencial en la estación central de Washington a la 5 de la tarde para asistir al sepelio. Sumner Welles asistía en representación del Secretario de Estado Cordell Hull quien se había excusado por encontrase enfermo.

Fue un día muy caluroso. Inmediatamente después del servicio el tren presidencial iniciaba el viaje de regreso. El Presidente estaba en su compartimiento y un grupo de funcionarios en el carro comedor empezaron a tomar tragos. Entre ellos Sumner Welles. Ya a las 2 de la mañana dos de los contertulios se retiraron, Welles ya estaba bebido.

A las 4:00 de la mañana los dos restantes también se retiraron dejando solo a Sumner. Este se fue a su compartimento pero volvió en busca de café y el encargado del servicio despertó para atenderlo. Era este un afroamericano respetado veterano en el servicio del tren. John Stone, así se llamaba, alegó después que Welles le había ofrecido dinero por “actos inmorales”. Stone se negó pero lo hizo con educación. Sin embargo, relató el incidente a sus colegas que posteriormente también alegaron “avances indirectos” de parte del subsecretario.

Ese fue el incidente. A partir de ahí la acusación de homosexual fue la punta de lanza. La intriga comenzó, William Bullit, embajador en Francia no dejó esfuerzo, tiempo ni gasto alguno para destruirlo. Lo logró, sin embargo él también el terminó destruido. Nunca más fue considerado para cargo alguno por el Presidente.

© Julio Brea Franco 2009
Florida, USA
Publicado originalmente en Periódico HOY de
República Dominicana
Enero 20 y 27, 2009

January 13, 2009

El “virus” de la Suprema

La Suprema parece que sufre del “virus”: algunos la evitan para no contagiarse. Quizás por eso hubo importantes ausencias en la celebración solemne del día del Poder Judicial. Ahora todos están enconados con el tribunal luego del fallo “Sunland”. Tanto los beneficiados como los opuestos están en el coro de la lapidación.

Cualquier asunto de consecuencias políticas es centrífugo en sí mismo y más cuando la dicotomía del enfrentamiento es amplia. Cuando se lleva a una instancia de decisión, se convierte en una bomba de profundidad. Ahí no vale mucho el liderazgo. Más allá de los razonamientos, de las tesis y de las interpretaciones jurídicas están los intereses. Ningún órgano es absolutamente aséptico y mucho más en ambientes de débil institucionalidad.

Ciertamente la decisión dejó mucho que desear. Sin embargo, fue una decisión orgánica, colectiva y tomada por mayoría de votos con opiniones disidentes. Lo más elegante es siempre la unanimidad, el consenso total, pero resulta difícil de lograr. La regla de la mayoría históricamente se impuso por necesidad. La decisión fue de la Suprema. No ayuda a la crítica institucional categorizar los jueces en buenos y malos, según los deseos y preferencias del opinante.

No hay que derrochar intuición avezada para entender las presiones, las influencias, las cordiales amenazas y las promesas de incentivos que se deben haber movido. De parte y parte, que no quepa duda. Pero ese fue el fallo.

Hay manos que se frotan con este rechazo a los jueces de la Suprema. Hay aspiraciones y proyectos de control más allá de las individualidades. La reforma para introducir la Sala Constitucional muy probablemente se impondrá. El ambiente creado por el fallo ha preparado el terreno.

Más allá del dramatismo exagerado del Presidente de la Suprema, con su visión casi apocalíptica del descarrilamiento de trenes, los argumentos a favor de la Sala en algunos casos no convencen. Se habla de asegurar mayor independencia. ¿Independencia de qué y de quién?

En el proyecto los jueces se aumentan de 9 a 16. Serian elegidos por el mismo Consejo de la Magistratura, con igual procedimiento e idénticas condiciones de elegibilidad (salvo para los de la Sala que requieren conocimientos especializados en el área constitucional). ¿De dónde, entonces, va a salir la independencia?

Por otra parte, ¿se atenuaría en la Sala Constitucional la conflictitividad de asuntos políticos, y su consecuente disparidad de criterios? ¿No será igual que en el “resto” de la Suprema? ¿Serán los unos más “angelicales” que los demás?

Las pugnas intestinas las hemos visto de sobra en la Junta Central Electoral. Volverán probablemente las mismas golondrinas. Es una ingeniería a la que no se le encuentra ninguna amabilidad.

Se argumenta del poder excesivo de la Suprema ¿Por qué, entonces, no se aplica la misma lógica a otro ámbito tan sensible como el de la reforma constitucional? ¿Por qué la decisión de un instrumento de tanta trascendencia política se le deja a la Asamblea Revisora? ¿Porque no se la desconcentra abriendo el órgano y el procedimiento?

© Julio Brea Franco 2009
Florida, USA
Publicado originalmente en Periódico HOY de
República Dominicana
Enero 13, 2009

December 30, 2008

Tiempo de decepcion

Quizás el Presidente se sentiría más cómodo actuando en un sistema distinto al que tenemos. Si hubiera meditado antes de someter su proyecto de reforma a lo mejor habría incluido el cambio del sistema presidencial por uno parlamentario. De esa manera podría fungir como Jefe de Estado y no del gobierno.

Dispondría de más tiempo y menos presiones críticas para realizar sus viajes y asistir a los seminarios y cumbres que gusta participar. Para los asuntos internos dispondría de un Primer Ministro quien asumiría la responsabilidad de bregar con las cosas desagradables que le quitan tiempo. Tiempo precioso en su continuo pensar en seguir, expresión de su pasión para estar y no tanto de mandar y resolver.

A ese Primer Ministro, por ejemplo, se le podría exigir no usar la pirotecnia verbal, el hablar de tantas cosas que ni importan ni impactan en la cruda realidad. Tendría que asumir todos los asuntos conflictivos y hacer los anuncios desagradables. Podría ser cambiado cada seis meses y tendría que asumir la culpa de todo, reservando únicamente lo bueno para ser agregado al currículo político del Presidente. No parece esa una mala opción en este tiempo de decepción.

Se habla mucho del pesimismo con el que culmina este 2008. Pero no es por la crisis económica global, que aun no ha apretado tanto para lo que se espera. El grueso de los asuntos, que crean la sensación de que estamos y andamos mal, no viene de fuera. Es de cosecha nuestra. De un hacer, y de un no hacer, del líder del gobierno, sobre el que recae toda la responsabilidad política. El ser Presidente implica eso.

No hay segundas ni terceras reelecciones que no agoten el personaje y que pueda soportar un país. El Presidente tuvo la oportunidad de salir del Palacio por la puerta ancha para volver después, quizás, y reentrar por ella. Se le dijo, se lo dijeron en su partido, en la oposición, y mucha gente sensata. Nada valió. La forzó con tantos recursos, dádivas y compras que en tan solo cuatro meses y medio de reeditar su Presidencia transita en la desilusión, descreencia y decepción.

Pese a las pasiones que suscita, la reelección es maldita. Acaba con los liderazgos, con la imagen, con el entusiasmo. Los imprescindibles piensan que en sus respectivos partidos y fuera de ellos no hay otras gentes que también pueden. Es una enfermedad multicolor: ninguna casa está protegida.

El Presidente, con una serie de condiciones personales, cualidades y de formación, pudo haber sido el sellador irreversible del pasado. Como parte de una nueva generación pudo encarnar una nueva visión, un nuevo estilo, que con ejemplo y acciones, creara las bases de nuevo paradigma político. Optó por lo fácil. Perdió la inspiración. Quedó entrampado.

Hay motivos para el desánimo mas allá de las sentencias, de los indultos, de la inseguridad que sobrecoge, del aprovechamiento del Estado, de las carencias de servicios, de la falta de ideas, del desinteres y de la indiferencia. El liderazgo nos falla.

© Julio Brea Franco 2009
Florida, USA
Publicado originalmente en Periódico HOY de
República Dominicana
Diciembre 30, 2008