October 16, 2007

El tiempo de campaña

No puede haber elección sin candidatos. Entonces, sin candidatos definidos no puede haber campaña electoral. Así de simple. Sin embargo, nuestra ley electoral contiene ese bache. En las 28 mil 321 palabras de la ley solo cuatro veces aparece el vocablo “campaña”.

Sorprende pero asi es: un aspecto tan fundamental no es tratado explícita y separadamente. Tan solo lo que la ley establece es el “período electoral” que inicia con la proclama electoral y concluye con la proclamación de los electos.

El período se estructura, según la ley, en una serie de momentos secuenciales. De ahí que se considere un proceso. Son siete sus fases: la convocatoria, la presentación de candidatos, la votación, el escrutinio, el cómputo electoral, la resolución de las impugnaciones y la proclamación de los electos. Si bien se trata el régimen de libertades y otras disposiciones que rigen las actividades políticas, no se hace un tratamiento específico a lo que sería la campaña electoral.

La duración de la campaña, en ausencia de una normativa delimitada, solo puede calcularse por inferencia: desde la proclama electoral a las 24 horas anteriores al día de la votación. Si bien es la única manera de hacerlo, es totalmente impropia.

La campaña es, en buena teoría y derecho electorales, el momento inmediatamente posterior a la proclamación de los candidatos. Esto es, cuando se declara formalmente la lista de candidatos con los cargos y niveles electivos a los que fueron propuestos. Se entiende que esa es la lista definitiva, luego de resueltas las impugnaciones que se pudieren presentar.

La campaña electoral, que debe iniciar con esta determinación de los candidatos, así definida duraría un tiempo mucho menor, pues el plazo límite que establece la ley para la propuesta de candidatos es de 60 días antes de la jornada de votación. Sería después de dicho plazo cuando se iniciaría.

Veamos ahora cuál ha sido la experiencia dominicana. De 1962 al 2006 se cuentan 16 procesos electorales y, por ende, campañas. Como la ley dominicana no ha sufrido cambios en este aspecto, la duración puede compararse. En consecuencia la duración promedio ha sido de 96 días (3 meses – 6 días). La más larga fue la de 1974 (134 días); la mas corta, las municipales de 1968 (64 días).

Si se examina un tiempo más reciente y homogéneo, de 1982 al 2006, la duración promedio en diez elecciones subió a 103 días. La más larga fue la de 1990 (118 días) y la más corta, la de 1986 (81 días). En conclusión, lo que llamamos campañas, han durado 3 meses y 13 días. Sin duda alguna, muy largas tanto que cansan a la ciudadanía y consumen mas recursos.

La mayoría de las legislaciones de países con dilatada experiencia electoral, destinan un tiempo bastante reducido de dos a cuatro semanas. Puede estimarse que un mes es más que suficiente para que los partidos hagan su trabajo: asegurar sus votantes y tratar de enamorar la franja de los indecisos. Y es más que suficiente para promover sus candidatos.

Hay otra ventaja con requerir la proclamación de los candidatos para iniciar la campaña formalmente: se atacaría un mal de siempre, como ha sido la sustitución administrativa de candidatos con la excusa de “correcciones”, muchas veces inconsultas, que pervierten lo decidido en las convenciones y primarias de los partidos. No hay campaña hasta que no haya candidatos definidos.

Reglamentar en política, sin embargo, no resulta tan fácil. Definir y delimitar la campaña no cambiara una realidad. La acción de proselitismo y movilización de los partidos no conoce pausas pues son organizaciones políticas permanentes. Pero ayudaría el concebir la campaña como una intensificación de esas actividades orientada a la promoción de los candidatos. Es un asunto de definición y reglamentación especializada.

© Julio Brea Franco 2007

Florida, USA

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Periódico HOY de

Republica Dominicana

Marzo 27, 2007

October 16, 2007

Entre la harina y el almidon

Uno no sabe quien quiere desorientar mas “al pueblo dominicano” si los contrarios a la reelección o el Presidente que la pretende justificar. La harina y el almidón son blancos y finos pero son cosas diferentes. Solo se puede comparar cosas comprables. Los países europeos tienen sistemas políticos distintos a las repúblicas americanas. En Europa es el sistema parlamentario, en nuestra región, el presidencial.

Se supone que el Presidente conoce muy bien esta simple y elemental diferencia. Sabe que una de las características del sistema parlamentario es la dualidad del ejecutivo: hay un Jefe de Estado y un Jefe de Gobierno. No tiene que ver que sea monarquía o república. En la una, el Jefe de Estado tiene un origen hereditario y es vitalicio; en la otra es designado por elección indirecta o directa y agota un mandato por un periodo de tiempo determinado.

El Jefe del Gobierno –Primer Ministro, Presidente del Gobierno, Canciller, Premier- es otra cosa. Es miembro del parlamento al que accede como candidato elegido en una circunscripción o distrito electoral. Como candidato pertenece a un partido político y en la práctica suele ser el líder del mismo.

El gobierno es una derivación de la correlación de fuerzas en el Parlamento que es el órgano de mayor peso en la dirección política del Estado. Como tal, no es elegido por el cuerpo electoral directa ni indirectamente. Requiere de la voto de confianza de la mayoría parlamentaria. Por consiguiente, no puede hablarse de elección, menos de reelección.

En el vocabulario político, y en el debate que se genera en nuestros países, reelección se refiere al Presidente de la República. No tiene nada que ver con los Reyes y las Reinas. Es por eso que ni siquiera en el Internet aparece documento alguno sobre la elección y reelección, por ejemplo, de la Reina Isabel II de Gran Bretaña ni de Don Juan Carlos I de España. La única monarquía no hereditaria y, por ende, electiva es la del Vaticano. Es la excepción que confirma la regla.

Entonces, hablar de reelección en España y Gran Bretaña, en el caso de los Primeros Ministros ingleses y los Presidentes de los Gobiernos españoles no tiene ningún sentido, es desorientador y manipulador y, por tanto, en vez de reforzar un pretendido argumento, lo debilitan en mucho.

Es cierto que también existen repúblicas semi-presidenciales: sistemas parlamentarios en los que el Jefe de Estado es elegido no por el parlamento ampliado, como en el caso de Italia, sino directamente por el cuerpo electoral. Fue una novedad introducida por De Gaulle que caracterizó con ella la Quinta República francesa. Asi ocurre también en Portugal, Austria, Alemania y otros más. En estas constituciones se guarda silencio sobre la posibilidad de reelección del Jefe de Estado y en otras se permite por uno solo periodo adicional. La mecánica de estos sistemas políticos es muy diferente a las repúblicas presidenciales.

Apoyarse en la permisividad de la reelección no es una razón válida para inclinar la balanza en un sentido o en otro. La reelección no es ni buena ni mala. Es similar a una pistola o un fajo de billetes de mil pesos. Todo dependerá el uso que se haga con ellos. La aceptación o prohibición de la reelección es una simple regla de juego político. Pero eso no implica que sea una condición digamos “natural” de los sistemas democráticos.

Cada país, aun en el tiempo de globalización y extraordinario desarrollo de las comunicaciones como el que vivimos, es un pequeño universo con una historia propia, con una secuela de experiencias buenas y malas. En América Latina, la reelección, en sus sistemas presidenciales, no ha sido buena ni siempre positiva.

Vista en perspectiva, entonces, la circunstancia que un Presidente en ejercicio, pueda ser reelegido, produce ruido. Por lo pronto estimula a que se pierda la objetividad necesaria en el cumplimiento de su programa político. Tienta a importantizar aspectos contingentes a favor de sus intereses y adoptar medidas que piense le puedan acarrear una votación favorable. Y aun más: al ocupar una posición política privilegiada puede con facilidad romper el nivel tolerable en la igualdad de oportunidades que debe primar en la competencia política.

© Julio Brea Franco 2007

Florida, USA

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Periódico HOY de

Republica Dominicana

Marzo 20, 2007

October 16, 2007

Consultar no es decidir

El Presidente no llegó a introducir el proyecto que declara la necesidad de reforma constitucional en ocasión de su comparencia ante las cámaras el pasado 27 de febrero. La comisión ad hoc, que trabaja en el documento no lo ha concluido. Según sus propias palabras, el Jefe del Estado y del Gobierno, solo ha recibido un primer borrador. Lo dicho entonces en su comparencia audiovisual no contiene nada nuevo salvo un cambio de tónica con respecto a lo que ya afirmara en la clausura de la denominada consulta popular a inicio de febrero.

Un proceso en acto no puede evaluarse hasta que culmine. Las evaluaciones antes o durante su acaecimiento no pueden ser definitivas. Solo después, cuando llegue a puerto la reforma de la Constitución sostenidamente promovida por el Presidente, será cuando podrá calificarse si la experiencia ha sido única, parcialmente distinta o si simplemente no fue sino mas de lo mismo.

Por tanto, cualquier afirmación de que la reforma va en tal o cual dirección, de que incluye aspectos y excluye otros, es poco seria e irresponsable. Hay que esperar sin especular y sin prejuicios. Es lo sensato. Ahora bien, sí se puede comentar lo que hasta ahora se ha hecho. En particular lo de las consultas.

Se ha dado en llamar consulta al acopio de opiniones, ideas, consideraciones y proposiciones para la elaboración de un documento de propuesta de reforma. Con estos insumos, la comisión presidencial ha estado realizando su trabajo en el supuesto de que los tomara en cuenta en la medida de lo posible, que pese a no ser vinculantes son expresión de diferentes sectores sociales.

Lo que si ha de estar claro es el significado de la palabra. Consultar es preguntar opiniones a otras personas y tratar con ellas cierto asunto. Solo eso. Consultar no es decidir pues ello implica tomar una determinación o inclinarse definitivamente por una opción. Los consultados no decidieron. Por tales razones sorprende la afirmación del Presidente en el discurso de clausura del proceso de consulta. “De manera que -reza el Presidente- estamos confiados, convencidos, seguros de que estarán [los legisladores] a la altura del momento histórico que vive la República Dominicana, refrendando lo que ya el pueblo decidió” ¿Quién decidió? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué?

El Presidente sabe muy bien que a las cosas que se dicen no se les da seguimiento. Y no parece que haya sido un lapsus, pues la afirmación aparece en la versión publicada del discurso y se lee dentro de su contexto.

El Congreso ha sido dejado de lado. No desde ahora, para ser honestos. Pero los diálogos y las concertaciones “extramuros” han estado sustituyendo las instancias del Estado. La marginación no sólo le hace mucho daño a la institucionalidad; abre las puertas a las influencias y manipulaciones de los poderes fácticos no únicamente religiosos.

Que el Congreso reclame su responsabilidad no es sancionable. Ecuador- el desastre en acto que auspicia el presidente Flores- no ha de ser argumento ni ejemplo a ser citado cuando los actores se destruyen recíprocamente provocados por un gobierno decidido a romper el juego democrático. La arrogancia de los legisladores ecuatorianos, según la calificación de presidente Fernández en ese discurso, no puede descontextualizarse.

El Presidente, ahora en su alocución del 27 de febrero, habla en una tónica distinta. Ya no se menosprecia al Congreso sino todo lo contrario “…la Constitución del siglo XXI [_] debe ser elaborada por los actuales Senadores y Diputados [_] para que sus nombres resplandezcan por los siglos como los autores legítimos del diseño constitucional que garantizó la paz y la convivencia civilizada entre los dominicanos”.

Consultar no es decidir aunque haya la tentación de que así sea.

© Julio Brea Franco 2007

Florida, USA

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Periódico HOY de

Republica Dominicana

Marzo 13, 2007

October 16, 2007

Cuando España se puso de acuerdo

España se allega a la conmemoración de los treinta años de su Constitución. Hay motivos más que suficientes para la celebración: la Constitución de 1978 fue la primera, y la única, que se logró por consenso. Con su proclamación solemne el 27 de diciembre de 1978, se agotaba uno de los principales capítulos de lo que se ha dado en llamar el período conocido con el nombre de “transición política”, precisamente el que abrió el procedimiento de elaboración y aprobación posterior de la Constitución.

Con su Constitución, España sentó las bases para la sólida democracia que hoy exhibe, parejo a su impresionante modernización y desarrollo económico. El mismo que Fox, entonces Presidente de México, con entusiasmo y espontaneidad lo calificara de “brutal” en una conversación informal con su colega Cardoso de Brasil en abril 2002.

Es cierto que la Constitución del 1978 no tuvo ni tendrá la influencia directa en el derecho constitucional iberoamericano que alcanzara la de Cádiz de 1812 en cuya elaboración participaron 73 representantes de las provincias de ultramar, de los cuales 10, específicamente del Santo Domingo español. Sin embargo, el ejemplo español ha estado presente por lo menos en once constituyentes celebradas entre 1980 y 1995 en países de la región que prohijaron nuevos textos constitucionales.

La constitución española, sin desmerecer sus aspectos originales, es tributaria de la constitución alemana, italiana, francesa y la misma española del 1931. Es algo muy común hoy día que los poderes constituyentes aprendan unos de otros, mas aun cuando domina la concepción del constitucionalismo democrático social. España, entonces, ha sido receptáculo pero también turbina en la configuración y afianzamiento del nuevo constitucionalismo iberoamericano.

La constitución de 1978 puede ser considerada desde diferentes criterios: el del contenido y el de la forma de elaboración. Ambos análisis son rentables y beneficiosos. Sin embargo la evocación de la transición española, -hoy considerada clásica- brinda elementos estimulantes e inspiradores para el intento de renovación institucional que se pretender empujar en el país.

Más que el consenso en sí mismo, lo destacable de la experiencia española fue el sentido y la visión de conjunto que evidenciaron sus principales actores. Fue la conciencia y la decisión de construir una gran estructura con un único techo, común para todos. La cuestión medular era definir y estructurar el tipo de sociedad que se quería para España.

Fue ese mínimo común denominador lo que permitiría a las fuerzas políticas, desde la derecha a la izquierda, considerar posible el debate y la discusión, primero, para elaborar un anteproyecto que se convertía en proyecto y, después, finalmente, en Constitución. Se sentaron alrededor de la mesa, con papeles en manos y con la atención en el todo, a debatir, confrontar y discutir las distintas visiones que se tenían. Cuando hay un propósito común es posible el ganar y ceder. No hay manera distinta para concertar. Es que supone, como requisito imprescindible, poseer un grado mínimo de madurez. Una actitud que de por si rechaza los recalcitrantes de los extremos: los nostálgicos del pasado y los partidarios del nunca.

Es algo demasiado elemental, demasiado obvio, demasiado simple. Y paradójicamente ahí parecer radicar el nudo gordiano de nuestra política. Digerirlo, asumirlo, y actuar en consecuencia es el prerrequisito de cualquier “revolución democrática” y de otros desacuerdos sobre la vía de la reforma.

Es bueno entonces recordar cuando España se puso de acuerdo. Una transición de Franco a la democracia nada perfecta pero que se hizo posible. Un proceso político sin duda muy analizado, muy historiado y muy aplaudido. Y exitoso. Por lo que hoy es España.

© Julio Brea Franco 2007

Florida, USA

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Periódico HOY de

Republica Dominicana

Marzo 6, 2007

October 16, 2007

¿Hacia Macondo?

No puede esperarse manzanas de un árbol de caoba: las reformas constitucionales no arreglan por si mismas el estado de las cosas. No transforman, automáticamente, en mas capaces ni virtuosos a los ciudadanos. No hacen más nobles, magnánimos y visionarios a los que ejercen el poder. Sin embargo, pueden ayudar. Eso sí: sin magia ni alquimia alguna.

Ayudan más mientras mayor y profundo es el apoyo en que se sustentan. Un acuerdo que se construye sin precipitaciones, sin protagonismos, sin propietarios. Y sin prisa alguna; sin estar determinado por un tiempo político particular de presidente, gobierno, partido o grupo alguno. La prisa es la enemiga del necesario discernimiento que requiere la discusión de las opciones y soluciones políticas.

Una constitución, por antonomasia, debería ser una norma de consenso. En teoría democrática la constitución no es más que un pacto fundamental de carácter supra gubernamental y, como tal, ubicado más allá de las tendencias e intereses de coyuntura de un partido mayoritario o del gobierno de turno.

Sin embargo, a pesar de ello, resulta que se habla de constituciones de consenso por que hay muchas otras que no lo son. Una constitución que no refleja un grado aceptable de acuerdo es precisamente lo contrario: una constitución impuesta. La tradición dominicana es la imposición.

El Presidente tiene un marcado interés en reformar la constitución. El tiempo que le dedica y lo tanto que ha hablado de ella evidencia que ese es un logro político que ambiciona para su currículo. Al parecer quiere que mañana se hable de la Constitución de Leonel como hoy hablamos de la Constitución de Bosch. No hay inconveniente que trabaje con ese propósito pero no necesariamente logrará que en los textos de derecho, historia constitucional y ciencia política del mañana la terminen valorando positivamente.

Auspiciar una reforma constitucional como parte de un sueño político personal, el mostrar tan vívidamente que lo quiere, no ayuda a lo que necesitamos: una constitución que establezca reglas de juego válidas y aceptables para todos en cualquier momento. Recordemos que es un presidente que esta en ejercicio y que trabaja en pos de un objetivo continuista. Y asi se enrarece el ambiente y la confianza. Es terreno fértil para interpretaciones atrevidas como la que sostiene en que se busca un reacomodo político para la reproducción de mecanismos que coadyuven la perpetuación.

Por ejemplo, habrá que ver como se constitucionalizará la reelección. El presidente tiene dos periodos y busca un tercero. Si se acepta la reelección en la proyectada reforma, ¿tendrá el Presidente -otra vez- las puertas abiertas para seguir buscándola?

Despierta suspicacia el marcado interés presidencial por auspiciar la reforma desde el mismo Ejecutivo, el haber encomendado la redacción del proyecto a una comisión de especialistas responsables ante él mismo, y la celebración de consultas a priori y no posteriores a la elaboración del documento. Para remate está lo último: la pretensión de que se apruebe el texto en la Asamblea tal y como será remitido, sin tiempo para el análisis, el discernimiento y la ponderación. ¿De que consenso, entonces, es del que se habla si ni siquiera hay papeles sobre la mesa? ¿Procura cheques en blanco?

El escenario se completa con una oposición simplista -si no es por constituyente no hablamos- huérfana de planteamientos y de propuestas. El secretario del PRD habla de una rectificación valiente del 2002. ¿Acaso no son los mismos de entonces los que dominan el partido? Las rectificaciones se hacen desde la oposición pero se olvidan en el poder. El PLD antes hablaba de Constituyente y ahora de consultas. Y de lado, ahí esta del PRSC, inodoro e incoloro, con la facha de traganíqueles, que busca ganar tiempo pensando que hará en definitiva. ¿Vamos camino a Macondo?

© Julio Brea Franco 2007

Florida, USA

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Periódico HOY de

Republica Dominicana

Febrero 27, 2007

October 16, 2007

La gran reforma

El sistema electoral dominicano aun espera por una gran reforma. Una necesidad que no va a resolverse con una ley especifica de partidos –aunque sea más rica y quizás más moderna que las actuales disposiciones contenidas en la Ley Electoral y algunos reglamentos dictados en años recientes. Ciertamente se requieren de mecanismos más funcionales y eficientes para su financiamiento público y privado y, aun más, mayores garantías para estimular la democracia interna. Sin duda ese aspecto es importante pero sigue siendo una parte del todo.

Hay disposiciones vigentes que no alcanzan su aplicación plena por la aun endeble autoridad del liderato electoral. Y hay mucho más. En la legislación actual, por ejemplo, se pueden identificar numerosos artículos relativos a aspectos medulares como el cómputo electoral, que datan de 1926 y que aun permanecen casi idénticos. Basta solo examinar la redacción de nuestra ley para advertir técnicas distintas en diferentes épocas.

Pero los problemas no son únicamente de redacción añeja de la ley; también encontramos lagunas y reglamentaciones incompletas e incoherentes. Una muestra la ofrece el sistema de identificación personal y electoral que no cuenta con una base normativa detallada que permita la imprescindible garantía de los derechos de los ciudadanos en sus aspectos sustantivos procedimentales.

Propugnar por una gran reforma no es en absoluto imitar el debate inacabable que se escenifica desde hace décadas en Italia, con ensayos y contra-ensayos en la búsqueda de la tierra prometida de una gobernabilidad difícil, propia de un país políticamente fragmentado

En la democratización de los sistemas políticos en Latinoamérica se habla de dos grandes categorías: los países con experiencia previa –que se redemocratizaron- en el Cono Sur y los que la instauran y comienzan su larga marcha de democratización. En el primer grupo existían normativas e instituciones previas que fueron reanalizadas a la luz del fracaso. Los demás, establecieron nuevas constituciones y leyes con el propósito de reglamentar y propiciar la dinámica democrática

En República Dominicana no hubo solución de continuidad institucional salvo el golpe de estado de 1963 y la secuela de acontecimientos relacionados y consecuenciales. A partir de entonces se ha vivido en un ambiente de estabilidad relativa y paulatinamente creciente.

En ningún momento se ha motorizado una iniciativa para poner en discusión nuestro arreglo institucional. La única experiencia que disponemos fue en la fase inicial del postrujillismo 1961 y 1962, antecedidas por el proyecto elaborado por la Comisión para el Estudio del Régimen Electoral (CERE) nombrada por Balaguer en Julio de 1961 y los informes, uno publico y otro, digamos, muy discreto, elaborado por Víctor Goytia, panameño, Juan Pedro Zeballos, uruguayo y Henry Wells, estadounidense por cuenta de la OEA. Fue este último el único análisis global del sistema electoral que incluyo propuestas muy lucidas.

Es cierto, se han celebrado innumerables seminarios -muchos repetitivos- pero no se han tomado como plataforma de debate en el Congreso Nacional que es donde deben ser tomados en consideración y discutidos.

Seguimos entonces con un entramado originado en 1926 que ha cambiado poco incluso con las lavadas de cara que ha realizado la JCE y la reforma de los reformistas en 1992.

Hablar de gran reforma es invitar a pensar en lo electoral como una totalidad, como sistema, como conjunto de elementos relacionados. Es preocuparse por los fines que se persiguen y los medios para lograrlos. Y sin esa visión seguiremos dando pasos sin dirección, con la cola mordida por nosotros mismos.

© Julio Brea Franco 2007

Florida, USA

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Periódico HOY de

Republica Dominicana

Febrero 20, 2007

October 16, 2007

El Mexico electoral

De la última ronda de elecciones celebradas en la región, las de México, el 2 julio del pasado año, resultaron de las más interesantes. Fueron elecciones muy difíciles. Es difícil y delicada cualquier elección cuyos resultados se proyectan muy estrechos, y el margen de victoria termina siendo muy reducido. En el escenario entran entonces la suspicacia, la ojeriza, la sospecha de manipulación cuando de lo que se trata es de puntos y décimas porcentuales. Cualquier administración electoral es puesta a prueba, y si no es buena ni sólida, entra en crisis. Resultados estrechos es un terreno adecuado para el fraude.

Este parece ser un aserto general que toca a todos, no importando el grado de desarrollo electoral y aceptación institucional. Las presidenciales norteamericanas del 2000, en la Florida, quedaron marcadas indeleblemente por más que las investigaciones realizadas a posteriori por organizaciones no partidarias evidenciaran que aun contando los “undervote” (los votos en blanco), Bush había ganado el conjunto de los delegados del Estado al colegio electoral de entonces. Lo mismo ocurrió en las últimas elecciones italianas cuyo resultado fue reconfirmado en los tribunales como respuesta a la inconformidad del Cavagliere Berlusconi.

México pasó la prueba con las máximas calificaciones demostrando que en eso aprendieron muy bien del pasado. Todavía deben los mexicanos considerar otros aspectos: las elecciones brasileñas, las ecuatorianas y las peruanas, por mencionar apenas tres, mostraron la utilidad y bondad de la mayoría absoluta y la doble vuelta. Las tres arrojaron, en su primera ronda, una competición bastante cerrada que no causó colapso alguno precisamente por que se imponía una segunda. En México la situación hubiese sido distinta si hubiera esa regla. El ballotage tiene ese efecto, generalmente poco ponderado y valorado. Es mucho mejor una segunda elección que una crisis de legitimidad producto del cuestionamiento y la duda.

México demostró lo importante que es contar con una organización electoral adecuada, eficiente y profesional. Evidencio lo fundamental que es disponer de órganos funcionales especializados y por cuyas acciones y realizaciones -no por sus declaraciones, decires y promesas- gozan de respeto y credibilidad. El cómputo electoral fue consistente como mostró en el recuento ordenado por el Tribunal Federal Electoral de un número considerable de Casillas (Mesas electorales) y del re-examen de sus actas. Fue grande la ecuanimidad que demostró el IFE para sortear la avalancha de acusaciones y demandas en los largos “plantones” de López Obrador, candidato perdedor.

El perfeccionamiento de la administración y justicia electoral en México no data de mucho: el diseño de la actual configuración institucional se implanta en la reforma política de 1990, luego mejorada en tres ajustes posteriores: 1991, 1993 y 1996 México es un estado federal y sus elecciones son organizadas y administradas por el Instituto Federal Electoral (IFE) y juzgadas por el Tribunal Electoral Federal (TRIFE). El modelo es bicéfalo, con dos cabezas distintas: una para la administración de las elecciones en sentido amplio, la otra de carácter contencioso. Por su integración y composición, los partidos tienen presencia activa en la dirección que, sin embargo, esta fundamentada en un servicio electoral profesional. Existe y funciona la carrera electoral lo que conlleva la ausencia de situaciones de favoritismo y nepotismo como las que se denuncian entre nosotros.

La transparencia la logra el IFE con una política informativa excelente: todo puede ser consultado, nada es secreto. Un ambiente que contrasta con el de la JCE en que, aun en los años que corren, presenta la inexplicable negativa a publicar las actas del pleno cuando la cámara administrativa tiene otra actitud y mayor apertura. Ser transparente es dejar ver, no tener secretos ni esconder nada. Es ofrecer las explicaciones de lo que se hace. La esencia de las relaciones públicas no son las medias verdades: es hacerlo bien y dejarlo saber. Simplemente.

La administración electoral no puede ser narcisista ni susceptible. Hay que hacer, luego evaluar críticamente. Ya el IFE realizó sus eventos de auto evaluación en un esfuerzo conjunto de la institución y analistas y académicos extra-muro, de manera plural, diversa con la participación de todos los puntos de vistas incluyendo la de los partidos.

Es un modelo a ponderar y tener en cuenta si es que se decide ir más allá de cambiar el mecanismo de designación de la JCE.

© Julio Brea Franco 2007

Florida, USA

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Periódico HOY de

República Dominicana

Febrero 13, 2007

October 16, 2007

Mejor pero igual

Con la designación de la Junta Central Electoral se agotó un punto prioritario en la actual agenda institucional. El proceso se extendió por mes y medio, tal como el Senado había anunciado. Quizás hubiera sido mas corto si no hubiese estallado la disidencia en la cúspide del partido oficial, que hace eco en el ámbito congresional y, claro, por la reunión aquella proyectada entre el Presidente de la República y los dirigentes de los principales partidos con el propósito de buscar un acuerdo a la usanza tradicional. De todos modos, el agotado fue un tiempo prudente.

El proceso electivo -ha de reconocerse- que fue mucho más abierto que los dos inmediatamente anteriores. En esta oportunidad los partidos políticos y diversos sectores de la sociedad evidenciaron aceptación del resultado. Salvo en el PRD, donde hubo ruido alrededor del cambio a última hora de uno de sus propuestos y, algunas otras insatisfacciones tanto por la repetición de uno de la planilla anterior (Rosario) y por una supuesta ausencia de virginidad partidaria como criterio de selección.

En 1998, se recuerda la recia oposición que despertó en Balaguer y Fernández la JCE entonces escogida y en el 2002 se dió el rechazo a Morel para que no siguiera en la presidencia que conllevó la modificación aquella que dió lugar a la creación de dos cámaras en su interior, y el debilitamiento de las funciones del presidente transformado en un mero comunicador institucional y, ahora, en piropero político. Algo muy positivo, de la experiencia del 2006 resulto no haber incrementado el número de integrantes para profundizar la muchedumbre actual que dirige la institución utilizada como herramienta de acomodo partidario.

Las notas singulares en la reciente experiencia resaltan por lo menos dos aspectos. El primero: la disponibilidad del Senado para recibir propuestas de candidatos – que alcanzaron la cantidad de 350- y segundo, su disposición a examinar los expedientes, llevar a cabo entrevistas, realizar una preselección, arribar a las propuestas finales y de ahí a la designación. Al menos ese fue el proceder visible. En el 2002, cuando también fluyeron propuestas directas, ni se tomaron en consideración ni se ponderaron los candidatos de manera pública.

Es importante advertir que la última designación se realizó con la misma normativa constitucional y legal que ha regido desde 1962, salvo el aumento en el número de miembros y la redistribución de las funciones internamente, a la que se aludió. El órgano fue el mismo -el Senado- sin seguir sin ninguna disposición especial. Si el entramado normativo sigue siendo el mismo pero el resultado diferente, se puede cómodamente concluir que primaron factores coyunturales. Que el asunto sigue intacto, que no hay avance institucional: al no cambiar las reglas, nadie puede asegurar que no vuelvan a repetirse las experiencias malas del pasado. La asignatura sigue pendiente, cuando menos por el momento. Y si nada se hace, no se podrá aprovechar los aspectos positivos de la experiencia

El mecanismo de elección, tal como esta diseñado, favorece al Poder Ejecutivo. Antes mucho más que ahora. Quien logra la Presidencia de la República se asegura el control, para su partido o para su grupo, del Senado. Y es el Senado quien hace la designación de la Junta. Como este se integra por miembros sobre la base de circunscripciones uninominales (provincias) y mayoría relativa (gana el que más votos logre), los resultados desde 1962 al 2006 demuestran ese patrón. Ahora con las elecciones separadas se matiza al entrar en escena dos humores distintos, en tiempos diferentes, del electorado. Pero aun asi se reproduce. Antes era mucho mas el poder de control pues a la cámara alta le competía también elegir los jueces. Ganar la Presidencia conllevaba también el control del Poder Judicial.

Si hay mayoría segura y la elección de la JCE se hace por mayoría no calificada, el efecto es claro: ¿Para que negociar y conceder? Balaguer controlaba con el mínimo, el PRD con los mas que podía. El meollo esta ahí: es un mecanismo que no empuja ni obliga a concertar. Dado que organizar, reglamentar, juzgar y arbitrar las elecciones es una actividad primordial, no únicamente han de ser los partidos los que deben participar.

Ni el Senado es el mejor órgano, ni el mecanismo es el adecuado. Si bien se han planteado varias opciones, la única razonable y efectiva luce estar en el ámbito de los órganos representativos: por razones de origen, por tradición, por teoría y por democracia.

© Julio Brea Franco 2007

Florida, USA

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Periódico HOY de

Republica Dominicana

Febrero 6, 2007

October 16, 2007

Entre el seguir y el volver

La reelección presidencial ha sido y continúa siendo un aspecto sensible en las discusiones sobre las reformas políticas en Latinoamérica. La experiencia muestra que todas las opciones han sido ensayadas: desde su proscripción total a su aceptación completa e indefinida. Lo mismo puede decirse con las soluciones intermedias: limitación a dos períodos consecutivos, y no más; prohibición para el período siguiente pero aceptable para otro futuro.

La escogencia de una solución determinada en un momento dado no ha sido rígida. Vuelve…se revisa…se cambia. La ausencia de estabilidad de la regla se evidencia incluso en la denominada Tercera Ola de Democratización que arrancara desde finales de la década de los setenta e inicio de los ochentas. Las discusiones, los análisis, los debates políticos han ofrecido una variada gama de argumentaciones a favor y en contra y aun así no se arriba a un consenso definido. Es difícil que ocurra dada la cultura política y sobretodo las ambiciones de poder.

Lo que se advierte a nivel regional lo encontramos por igual en el país. La primera reelección del presidente Balaguer en 1970, en su momento produjo reacciones de oposición en su partido al punto de generar una división encabezada por Augusto Lora. Pero su intento fue exitoso y volvió a serlo en 1974 usando los recursos del poder y a pesar del boicot de la oposición de entonces que sin duda debilitó su legitimidad. En aquellos años fue mucho lo que se escribió en contra de la reelección pero el arreglo institucional siguió inalterado. La crisis política que siguió a las elecciones de 1994 terminó con un rediseño institucional que no la incluía. Previamente los cánticos y las fantasías de seguir estuvieron presentes en los círculos más estrechos de los presidentes.

Todo parecía ya superado cuando en una iniciativa errónea -el presidente Mejía, ahora, así también la califica- volvió sobre el asunto, logrando cambiar la regla. Fue tan descabellada la iniciativa que el promotor terminó desfavorecido favoreciendo al Presidente Fernández: el tiro le explotó en la escopeta. Ahora, sin tener que cambiar nada, el Presidente va camino hacia ella. Con disidencia -justificada o no. El resultado es previsible: aun ganando será una batalla desgastante. Para su partido, para él mismo y para la democracia nacional que nuevamente tendrá que pasar por el trajín.

La posibilidad que un Presidente en ejercicio se repostule en un período siguiente, acarrea rarefacción de la atmósfera política y, en consecuencia, electoral. No le encuentro mucho sentido aquí y ahora decir si el Presidente hace bien o mal buscando una reelección que nada se lo prohíbe. Su sentido político y la manera como quiere utilizar su capital político es un asunto que le compete. La política es acción pero también consecuencia.

No obstante es pertinente destacar las situaciones que puede acarrear en la dinámica del sistema político la reelección tal como está reglamentada. El hecho que un Presidente decida optar por la reelección no significa que lo logre. El ejemplo del presidente Mejía es muy elocuente.

Ahora bien, ganarle a quien quiere seguir en el cargo en un contexto en donde el abuso de los recursos del poder no son atajables, complica en mucho. La Presidencia de la República tiene mucho peso, maneja generosos recursos, mucho dinero y la tentación de usarlo con ese propósito al parecer luce irresistible.

Hemos avanzado en lo fundamental en la sucesión política mediante elecciones: mediante su dispositivos Balaguer fue derrotado una y otra vez, el PRD ganó y gobernó y posteriormente el PLD también. Aun con problemas, sobresaltos aspavientos y apelaciones dramáticas y extemporáneas. Pero de nuevo las mayorías se han impuesto.

Se ha hecho camino y se ha aprendido en el intento. Sin embargo no es menos cierto que aun hemos de recorrer un buen trecho para contar con reglas electorales equitativas y aceptables, con una instancia eficiente y sólida para la administración y justicia electoral sin necesidad de ayudas mediadoras. Eso significa que aun exhibimos debilidades que no filtran por completo las travesuras ni ofrecen la tranquilidad y la confianza del que ganó, ganó y el que perdió, pues perdió.

© Julio Brea Franco 2007

Florida, USA

Publicado originalmente en

Periódico HOY de

Republica Dominicana

Enero 30, 2007

October 16, 2007

La Democracia no fracasa

La democracia no fracasa por más que lo afirmen los abogados del autoritarismo y los partidarios del nunca. Los que fracasan son los actores que pueblan el escenario político. Chávez más que causa, luce un efecto del agotamiento de una clase política anquilosada, corrupta y degenerada, y de un sistema de partidos incapaz de dar respuestas. El Pacto de Punto Fijo sirvió de mucho, y por varias décadas, para la estabilidad de Venezuela. En el trajinar del tiempo el liderazgo se tornó miope y sordo; incapaz de renovarse a si mismo y de resintonizarse.

La democracia no fracasa pues es tan solo una manera de organizar un sistema político en base a un mecanismo de sucesión política afincado en elecciones periódicas, en el control recíproco de los órganos que ejercen el poder, en la garantía de las libertades negativas y positivas. Eso es en lo fundamental. Lo demás le compete a las fuerzas políticas y al liderazgo. A su vocación, a su misión, a su arrojo para producir cambios y propiciar las condiciones de un desarrollo de la sociedad en sus necesidades básicas y vitales.

Si la democracia hubiese fracasado no habría sistemas políticos que la conservaran, valoraran y profundizaran. Desde hace mucho tiempo -en particular, a partir del segundo post guerra del pasado siglo- impera una atmósfera de demolatria, de entusiasta adoración democrática.

Hay razones suficientes. Con democracia se ha producido desarrollo, avances en la convivencia social, se ha registrado el avance del conocimiento, el florecimiento de las artes y la cultura estimulando la creatividad, el ingenio y la iniciativa. La libertad se ha demostrado ser un ingrediente esencial en la vida y en el crecimiento espiritual y material de los seres humanos.

Todos esos logros, alcanzados con ese modo de organización, y por el ambiente que le es propio, no son la democracia. Los cambios lo han realizado los hombres y las mujeres, el liderazgo y las luchas y los desvelos de los pueblos. Obviamente, que hay condiciones sociales y económicas que ayudan y estimulan la adopción y permanencia de la democracia. El movimiento ha sido en espiral: más y mejor. Lo que nos dice que más que un resultado la democracia es un imput, una entrada.

Los sistemas políticos son históricos. Han estado y se encuentran en una continua dinámica. Hay países más desarrollados y más consolidados en la democracia que otros. La democracia empírica, la real, no evidencia el mismo grado de desarrollo y realización. Hay mayor o menor experiencia en el vivir democrático. Muchas veces olvidamos esto y nos emborrachamos con un perfeccionismo que, como idealización, nos hace sentir siempre atrasados. La democracia real no compite ni puede, con la democracia ideal.

En América Latina, y en nuestro país por igual, la democracia ha incrementado las posibilidades de acceso y alternancia en el poder de las fuerzas políticas prohijadas de nuestras sociedades. Hoy día no existen ya vetos ni siquiera para los radicales de antaño. Las elecciones constituyen por antonomasia, el mecanismo de sucesión del poder.

Más que obstaculizar el acceso al poder de los “peligrosos”, hoy llegan más fácil. Me refiero a los Morales en Bolivia, Flores en Ecuador y Ortega en Nicaragua; hay más permisividad. En los países nuestros las demandas para colmar y cubrir tantas necesidades mínimas, carencias y problemas con recursos en extremo limitados constituyen la mejor cámara para la moderación y el realismo. También para el fracaso. Vivimos una época en donde es difícil hacer milagros.

El pueblo llano tendrá que aprender que la solución no está en los milagreros, en los arrogantes con dinero ni en los hombres fuertes que solo provocan mayor arbitrariedad, abuso, latrocinio y atraso. La democracia no fracasa. Fallan los que actúan en ella. Solo será con ella que podremos seguir buscando. Es cierto que devora ilusiones pero invita a madurar.

© Julio Brea Franco 2007

Florida, USA

Publicado originalmente en

Periódico HOY de

Republica Dominicana

Enero 23, 2007

October 16, 2007

Cambios que cambian

Una reforma institucional es un cambio conciente y buscado. Lo que la diferencia del cambio histórico -que acontece sin una previa voluntad ni decisión- es precisamente eso: la reforma es un medio, un intento de intervenir en la realidad, de manera expresa, con el propósito final que sea diferente.

Si se busca que la realidad sea distinta, el punto de partida ha de arrancar de la descripción y del diagnostico. Es el mismo actuar, con idéntica lógica, del medico cuando, en su afán de mejorar y/o sanar un problema de salud, se preocupa de conocer los síntomas del paciente para, a partir de ellos, decidir el tratamiento. El peligro es obvio: la incorrecta lectura de la sintomatología puede hacer estéril la terapia.

Pero no solo eso. En todo momento debe estar presente la visión del conjunto. El buen medico, entonces, se preocupa por los efectos que la terapia pueda acarrear en el cuerpo del paciente considerado como un todo, como un sistema. Resolver un problema puede ocasionar otro, no buscado. ¿Acaso se pueden demoler paredes, abrir puertas y ventanas sin tomar en cuenta la estructura de una edificación a riesgo que se torne inutilizable?

Reformar un entramado institucional es algo similar. Pero advierto: asi dicho luce muy sencillo y fácil. Sin embargo la intención es mucho más compleja y ardua cuando nos trasladamos al ámbito social y político. En ese “mundo” los factores que influyen o condicionan la realidad no son tan obvios ni los medios de intervención suelen ser tan directos.

El problema del “desarrollo político” y de la denominada “ingeniería política” es ese. Esta expresión puede resultar mas elegante y pomposa que efectiva. Ciertamente están los que abogan por esta concepción instrumental y los que disienten de ella. Y ambas con atendibles argumentaciones.

Los partidarios de la “ingeniería” se fundamentan en que la Ciencia Política es también un saber técnico, un saber aplicado, un conocimiento instrumental sobre los medios y su cálculo para lograr un objetivo predefinido. Los del bando opuesto los acusan de enfatizar una operatividad que ni existe ni es posible.

Más allá de la contienda y de la arena donde se escenifica, lo importante a retener es que para cambiar algo debemos partir de un conocimiento decente del “como son las cosas”, del “como se quiere y desea que sean” – el propósito, el objetivo. Y más: “que puede manipularse, que se puede cambiar”; “que debe hacerse y como. ¿En cual medida lo recomendado puede traer consecuencias indeseadas? Esas constituyen las interrogantes.

No todo lo que se reglamenta en la legislación política tiene el mismo potencial de cambio. La reglamentación de los partidos y su financiamiento, para mencionar tan solo uno, ayudaría sin lugar a dudas, a la celebración de elecciones equitativas, pero siempre y cuando exista una instancia que vele por la aplicación de esa normativa y ejerza con autoridad ese control. Esta seria es una condición previa e imprescindible.

El potencial de cambio en el sistema de partidos de una normativa de ese genero no es el misma que una modificación del sistema electoral (la formula, específicamente). Efectivamente esto puede apreciarse cuando se reformo la mayoría relativa para adoptar la mayoría absoluta con segunda vuelta para la elección del Presidente de la Republica, introducido en la reforma constitucional del 14 de agosto de 1994.

El cambio provoco la entrada de un tercer partido y la consolidación de un pluralismo moderado. El requerimiento de un piso mínimo de votos, el 50% mas uno, abría la posibilidad de alianzas y colaciones. Ese fue el principal efecto pero no el único. Luego de una secuela de elecciones difíciles y muy estrechas (1986,1990, 1994, la mayoría absoluta redujo esa probabilidad. Hay cambios que cambian mas que otros.

Haciendo la suma: son múltiples los aspectos a considerar cuando se busca un cambio consciente. Por eso, reformar es un acto de inteligencia.

© Julio Brea Franco 2007

Florida, USA

Publicado originalmente en

Periódico HOY de

Republica Dominicana

Enero 16, 2007

October 16, 2007

En pos del intento

Entre los acontecimientos políticos del recién transcurrido año de 2006 me parece conveniente identificar los tres más relevantes. En primer término, las elecciones congresionales y municipales de mayo último.

En segundo lugar, la motorización de la reforma constitucional y, por último, la designación de los integrantes de la Junta Central Electoral que habrá de bregar con las presidenciales del 2008 y, otra vez, con las congresionales-municipales del 2010; siempre y cuando que no se disponga una modificación del calendario electoral.

Si bien el proceso de reforma constitucional está aún en ciernes y no se cuenta con un anteproyecto, y menos con un proyecto, ya se anuncia que deberá estar listo para febrero cuando el Ejecutivo Nacional lo introducirá formalmente al Congreso Nacional. A la espera de ello, sin embargo es importante considerar la factibilidad de llevar a puerto la declarada intensión del Presidente de la República de distinguir y diferenciar esta reforma de lo que ha sido el patrón histórico de textos constitucionales: expresión de intereses de partes que terminan imponiéndose a las demás. He advertido el descuido en la creación de un ambiente de reforma que propugna el llamado nuevo constitucionalismo del que parece estar nutrido, a juzgar por las argumentaciones presidenciales. Si queremos algo singular, una Constitución de todos para todos, el ambiente ha debido estar limpio de ojerizas, de monopolización, huérfano de protagonismo político. Son ingredientes imprescindibles para pulverizar la paranoia y la pequeñez que sufrimos.

¿Será posible? me parece que es una interrogante capital. La intención es importantísima, oportuna y necesaria. Aquella de que hay asuntos más urgentes que atender, al decir de una líder empresarial, olvidando que lo importante no necesariamente es urgente. No hay opciones: no es un asunto de esto o lo otro; sino de esto y lo otro.

Por último, si bien hubo mayor tino y ponderación en la escogencia de la Junta Central Electoral, aún tenemos como asignatura pendiente: definir un mecanismo racional y razonable, institucionalizado, para la integración del organismo electoral. Hay opciones que deben ser ponderadas antes de señalar un mecanismo concreto. La experiencia vivida ha de ser aprovechada en sus aspectos felices. Pero claro está, el problema electoral dominicano sigue sobre la mesa. Y luego de por lo menos once elecciones es ya más que tiempo para planear seriamente el rediseño orgánico y procedimental de las elecciones tomando como material la experiencia vivida.

Insisto: se proponen muchas cosas pero no se dedica al esfuerzo para estudiar qué ha pasado, por qué ya en cuáles aspectos puede intervenir para resolver los problemas. Total, se reforma para eso: para que las cosas funcionen mejor, con transparencia, eficiencia y lo más importante, con garantías democráticas. Solo por eso vale en mucho acometer el esfuerzo.

Si bien pongo el énfasis en estos tres nudos -las elecciones, la JCE y la reforma constitucional- no con ello minusvaloro las vicisitudes de los tres partidos principales enfrascados, algunos más que otros, en interminables diatribas, querellas y antagonismos internos que cualquier observador externo, con un poco de sentido común se preguntaría cómo piensan estos gobernar un país si no son capaces de articulares intensamente. A pesar de la tan cacareada crisis de los partidos, los resultados electorales muestran aún su gran vigencia. Su protagonismo es continuo-extenuante por momentos.

El país no avanza -o avanza tan lentamente que es imperceptible- sin muchas perspectivas, con un pobre y mediocre clase dirigente, sin visión ni entendimiento más allá de la coyuntura o de los intereses concretos y particulares.

Como la nuestra es una rabiosa realidad con aspectos muy negativos, aún ha de haber espacio si no para la esperanza, por lo menos para el intento. Analizar con propósito es intentar.

© Julio Brea Franco 2007
Florida, USA

Publicado originalmente en el
Periódico HOY
República Dominicana
Enero 9, 2007