October 16, 2007

Los paracaidistas del Reformista

En la “fiesta” reformista se colaron muchos paracaidistas, gentes de otras casas que bailaron y gozaron bien. Si bien se había concebido como un “open-house party” lo cierto es que acudieron de la casa de el frente y de la de al lado también.

Las primarias eran “abiertas” pues las listas electorales fueron las oficiales y no unas exclusivas de afiliados y simpatizantes del partido. Llevar a cabo el proceso de esa manera no se debió a razones de convicciones sinceras y democratizadoras. Fue por el desorden, la triquiñueleria, la incompetencia organizativa y la desconfianza y paranoias internas.

Los reformistas fueron “afortunados”. A diferencia de los otras dos primarias, la del PRD y del PLD, le votaron mas que la votación obtenida en las elecciones de 2004 y de 2006: 312 mil y 331 mil, respectivamente. En su primaria los votantes resultaron un total de 357 mil, esto es un 108%. De su más reciente base de sufragantes.

En el caso del PRD sus votaciones en el 2004 y 2006 fueron de un millón 216 mil y 937 mil, respectivamente. En su primaria sufragaron 750 mil que represento un 80 % de los votos del 2006. Lo mismo sucedió en el PLD un millón 399 mil en el 2006 y en su elección interna votaron 600 mil significando el 41 %.

El superávit de votos en las primarias del PRSC es evidente aunque no se puede afirmar a ciencia cierta que este es químicamente puro la magnitud de los amigos de Amable. Las encuestas previas apuntaban a Eduardo Estrella como delantero pero ¿que grado de confiabilidad podían tener este tipo de pesquisa sin disponerse de un universo reformista cuantificado?

Los resultados de la primaria del reformista refleja la tendencia decadente y de empobrecimiento electoral del partido. Y además las fuerzas centrifugas que se mueven dentro del mismo. ¿Se debe la decadencia a la ausencia de una gran personalidad política, de un liderazgo carismático? La respuesta apunta más a la carencia de visión y de futuro, tanto de los que están como de los que se fueron del partido.

Los reformistas se han caracterizado por su falta de escrúpulos. Es cada día más un archipiélago de intereses particulares compuesto por gente en extremo seducibles por los recursos y los haberes. Y más atraídos por el poder en ejercicio o por el muy probable y posible.

La pugna inicial entre los reformista en el inmediato después de Balaguer fue la sensibilidad y el atractivo del gobierno de Mejia, quien construyó un oleoducto de prebendas hacia la Máximo Gómez. Al menos fue esa la gran querella de los que se fueron para la Pedro Henríquez Ureña. Pero este grupo hizo lo mismo: se encaminó y cobijó en otro techo político de manera muy cómoda a nivel de aliados de apoyo sin la preocupación de que le contaran los votos.

Ni lo unos ni los otros evidencian visión alguna hacia donde caminar mas alla de satisfacer su siempre necesidad de estar expuesto al sol del poder. El PRSC esta en la centrifuga. Y lo peor es que no parece haber indicios de una reversión centrípeta.

Quizás se pueda andar camino si se entendiera que hay que hacer política de manera diferente. Hacer lo que nadie hace: vender futuro. No vender villas y castillos demagógicamente. Podría ser de utilidad buscar y estudiar la formula de Mandela en la Sudáfrica que del apartheid y de los abusos inculcó a sus conciudadanos que había que pensar en el futuro y caminar hacia el en un ambiente de coexistencia. Eso seria lo racional y lo razonable. El problema es que el sentido común no es, paradójicamente, patrimonio de muchos.

© Julio Brea Franco 2007

Florida, USA

Publicado originalmente en

Periódico HOY de

Republica Dominicana

Junio 19, 2007

© Julio Brea Franco 2007

Florida, USA

October 16, 2007

El PRSC en la centrifuga

La adopción de la mayoría absoluta con doble vuelta para la elección del Presidente de la República en 1994, ha resultado ser un “cambio sustancial”, para decirlo a la manera de Dieter Nohlen, en el sistema electoral dominicano en su conjunto. El impacto se aprecia en el sistema de partidos, particularmente, en la alternancia no ya de dos, sino de los tres principales actores en el ejercicio del Ejecutivo Nacional.

La experiencia del PLD de 1990, en su duelo con el Partido Reformista de Balaguer, se debió en mucho a la crisis del PRD profundizada considerablemente luego de las elecciones de 1986. A nivel congresional -obviamente más evidente en la Cámara de Diputados por la representación proporcional- ya presentaba una configuración de pluralismo moderado con la comparecencia del PLD y del PRI de Majluta, en menor medida y más fugazmente. Sin embargo, el contrapunto nacional hasta ese momento giraba únicamente en torno a dos opciones: PRSC-PRD.

Además del efecto de pluralización, la fijación constitucional de un piso de la mitad mas uno de los votos válidos –y en su defecto, la celebración de una segunda ronda de votación entre la primera y la segunda minoría para adjudicar la Presidencia- puso fin a una secuela de elecciones muy conflictivas. El margen de victoria en el anterior sistema de mayoría relativa podía ser muy estrecho lo que sumado a la conflictualidad de las congresionales y municipales, celebradas simultáneamente en ese entonces, contribuía a crear un ambiente de criticalidad post- votaciones.

Esta ventaja no suele ser resaltada no obstante las acidas y agrias experiencias vividas hasta 1994. En efecto, a partir de 1996 la diferencias entre la mayoría y la primera minoría fue de un 7% en 1996; 24.93% en el 2000 y 23.47% en el 2004. Los indicadores anteriores al 1994 muestran un 9.36% en 1978; 8.08%; 2.33% en 1986; 1.26% en 1990 y apenas un 0.74 % -22 mil 281 votos- en 1994.

Si además de estos márgenes tan estrechos le sumamos los conflictos que tienden a generar elecciones congresionales y municipales, adquiere sentido el ambiente de pesadilla e incertidumbre que se vivían durante las impugnaciones en la fases finales de los procesos electorales.

Pero hay mas: elecciones con márgenes de victoria muy estrechos no solo ponen a prueba las instituciones y procedimiento de administración electorales: abren peligrosos paréntesis y abonan el terreno para intentos de manipulación fraudulentas cuando los actores carecen de escrúpulos. La mayoría absoluta y la celebración no simultánea de las elecciones han sido buenas reformas.

La superación de un sistema bipartidista a uno tripartidario implica acomodamientos estratégicos y tácticos en los partidos. El sistema induce a acuerdos de apoyo cuando no de alianzas. Balaguer captó desde el inicio su lógica. Expulsado de la Presidencia a raíz de la crisis política nacional e internacional que provocaron as elecciones de 1994, tan solo pudo negociar su permanencia por dos años más. Al final actuó para estructurar su mejor salida, atajando a Peña Gómez y Álvarez Bogaert, otorgando su mejor apoyo al grupo del PLD encabezado por Leonel Fernández que vio franqueadas las puertas de la Presidencia.

Pero no solo Balaguer se replegaba y auspiciaba un gobierno simpático, también durante los años siguientes hasta su fallecimiento logro asumir y mantener, en el nuevo ambiente, una inteligente posición pivotal. Era punto de apoyo y de decisión siempre buscado por los demas como importante y necesario, sin abdicar ni debilitar su propio espacio. Las limitaciones de su ancianidad lo tornaron presa de su propio anillo pero aun asi término muy apetecido.

Se aprecia en los resultados electorales del reformista post Balaguer una tendencia decadente y de empobrecimiento. ¿Falta de una gran personalidad política, de un liderazgo carismático? La respuesta apunta más a la carencia de visión y de futuro tanto de los que están como de los que se fueron del partido.

Los reformistas se han caracterizado por la falta de escrúpulos. Es un archipiélago de intereses particulares. En extremo seducibles por los recursos y los haberes. Y más por el poder en ejercicio o por el muy probable y posible. La pugna inicial del inmediato después de Balaguer fue su sensibilidad al gobierno de Mejia, quien construyo un oleoducto de prebendas hacia la Máximo Gómez. Al menos fue esa la gran querella de los que se fueron o los fueron para la Pedro Henríquez Ureña. Pero el grupo hizo lo mismo encaminándose y cobijándose en otro techo político. Ni lo unos ni los otros evidencian ni demuestran ninguna visión hacia donde caminar.

El PRSC esta en el centrifuga. No parece haber indicios de una reversión centrípeta. Lo único será sea entender que hay que hacer política de manera diferente. Hacer lo que nadie hace: vender futuro. No vender villas y castillos demagógicamente. Buscar y estudiar la formula de Mandela en Sudáfrica que del apartheid y de los abusos inculco a sus conciudadanos que hay que pensar en el futuro y caminar hacia el.

© Julio Brea Franco 2007

Florida, USA

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Periódico HOY de

Republica Dominicana

Junio 12, 2007

© Julio Brea Franco 2007

Florida, USA

October 16, 2007

Los dineros de la Junta

La Junta anda detrás del Presidente pero el Presidente no la quiere recibir. Así parece. La JCE busca mas recursos bajo el argumento que a su presupuesto le redujeron drásticamente un 47% creándole un gran apriete al punto de comprometer la ejecución de programas ya en acto y planes inmediatos.

El poder es sensible, y aun más, susceptible. No necesariamente la integración de la actual Junta le resulta cómoda al Presidente. Por lo pronto, era otro el candidato del Palacio Nacional a la presidencia de la Junta. Uno no bueno pero políticamente útil. La irresponsabilidad, y el oportunismo que le subyace, son condiciones muy buscadas. Es mucho más agradable la docilidad que la independencia. La complacencia que la reciedumbre. En política las cosas parecen ser así; pero mucho mas todavía en ambientes de “mala política”, para decirlo a la manera de Sartori.

La independencia no es sinónimo de arrogancia ni soberbia. La equidistancia se muestra en las actuaciones. Las palabras, además de sobrar, terminan enrareciendo el aire que se respira. Eso es lo que se siente con aquello de la licencia del Presidente o del gasto sobreabundante de los precandidatos del PLD en sus recientes primarias. Eso no gusta al palacio, y distancia los intereses en pugna. `

La situación actual de los fondos recortados de la JCE ni es la primera ni mucho menos la única vez que ha sucedido. Es todo lo contrario: ha sido un mecanismo de presión e influencia –abusivo, por cierto- de todos los gobiernos que se han sucedido de 1974 al 2004. Han sido ocho gobiernos para ser precisos: cuatro de Balaguer, tres del PRD y uno del PLD. La impresión generalizada era que solo con Balaguer la Junta no recibía los fondos que requería. Eso no es lo que arrojan los datos empíricos. Balaguer no emerge como el único pecador: los datos nos llevan a buscar explicaciones en el sistema político y en el rol efectivo que desempeña en él la JCE.

Hay dos indicadores que pueden armarse y cotejarse de manera comparativa. La ley No 12-1992 estableció que “Presupuesto anual de la Junta Central Electoral y sus dependencias no podrá ser de mas del 1.5% del Presupuesto de la Nación”. No se entiende por que fijaron un techo, cuando lo lógico es que se defina un mínimo, un piso. Con esta disposición o sin ella lo cierto es que ningún gobierno ha otorgado ese porcentaje al organismo electoral. Lo que mas se han acercado fueron el gobierno de Mejia y el primero de Fernández. Nótese, que esto sucedió luego de que el presupuesto de la Junta incluyera el financiamiento de los partidos. Los dos más bajo presupuestos fueron en el segundo y el tercer gobierno de Balaguer y en el del Presidente Guzmán. Salvo los dos casos arriba mencionados ningún otro gobierno ha aprobado un presupuesto superior al 0.69 % del presupuesto de la Nación.

Pero el indicador más interesante resulta del cálculo de las diferencias entre lo que se aprueba en la Ley de Gastos Públicos y lo que en realidad se termina ejecutando. Esto es, entre el preventivo y el consuntivo. A todas luces lo fundamental son los dineros que termina recibiendo la JCE. Los datos resultan curiosos.

El promedio de los cuatro años de gobierno, presenta al Gobierno Jorge Blanco como el que mayor cantidad de dinero le concedió –aun mas allá de lo que se había presupuestado, 111.64%; le sigue el gobierno Balaguer 1975-78, 105.92%; el cuarto gobierno Balaguer 1986-90, 94.89%; el gobierno Guzmán, 94.20%; el primer gobierno Fernández, 89.92; el gobierno Mejia 83.27% y por ultimo dos gobiernos también de Balaguer, 1990-1994, 78.20 % y 1994-96 31.35%. Si se examinan los datos por año sorprende mucho que en el de Hipólito Mejia en el 2004 tan solo se ejecutara 32.25 % y que Balaguer en 1995 y 1996 un 26.77 y 35.94 % respectivamente.

Como se aprecia tan solo dos gobiernos concedieron fondos adicionales a lo presupuestado para la JCE [lo que también es una herramienta de manipulación]. Los demás, le entregaron menos fondos. Son gobiernos de diferentes partidos y el comportamiento es similar. Es un asunto que ha de verse en el contexto del sistema político dominicano.

La situación de la JCE hoy dia se ve agravada. Luego de las actitudes y acciones de auto-beneficio de sus integrantes anteriores – y en otros órganos como la “absuelta” Cámara de Cuentas- los reclamos de fondos no reciben el apoyo generoso y espontáneo de la oposición ni de la opinión pública. Tienen no solo que explicarlo, ser honestos además de parecerlo.

© Julio Brea Franco 2007

Florida, USA

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Periódico HOY de

Republica Dominicana

Junio 5, 2007

© Julio Brea Franco 2007

Florida, USA

October 16, 2007

Minucias del voto electronico

Pese a la rabiosa actualidad del tema de la automatización del proceso y escrutinio del voto en las elecciones, todavía son poquísimos los países que lo han adoptado en un 100 por ciento. Sin embargo, un número creciente de estados lo vienen experimentando, lo estudian y debaten. La decisión no es tan fácil como pudiere pensarse. El tema en el país empezó a considerarse cuando la JCE suscribió el contrato con el consorcio SOMO para la automatización del registro civil, del electoral y de la votación.

No es asunto sencillo. Hay muchas dudas, malas impresiones y desconfianzas. El debate está abierto incluso en Estados Unidos luego de las elecciones del 2000 en la Florida, de los escándalos con la Diebold y de reportes muy serios como el Brennan Report del 2006. En el presente, el Gobernador en la Florida trabaja en el proyecto de cambiar los tipos de máquinas que se han utilizado en los recientes 6 años.

Los aspectos más delicados que plantea el voto electrónico son de la seguridad, privacidad y confiabilidad. Pero el asunto se hace más difícil por las costumbres y los valores que tienen los votantes luego de décadas de uso de sistemas manuales. Sustituir el papel por una pantalla, resultados visibles por virtuales, tomará mucho tiempo. Algo similar ocurre con los libros: pese al Internet y el tratamiento digital, los libros no parecen abdicar en la preferencia de los lectores.

El voto electrónico es un componente de importancia en el proyecto JCE SOMO: 10.4 millones de dólares y unas 13 mil y tantas máquinas UE2000 utilizadas en Brasil. En la Junta hay defensores que abogan por su implantación rápida. El presidente anterior y uno de sus miembros, en medio del desconcertante cómputo de 2006, declaraban que esos problemas no se hubieran presentado con el voto electrónico. Vana ilusión. La simplicidad de estas afirmaciones solo pueden entenderse por la poca información en que se apoyaban sus opiniones o por los intereses particulares que los entusiasmaban.

Es mucho lo que puede analizarse de la solución propuesta (digamos la solución brasileña). Algunos de sus aspectos generales han sido ya comentados Sin embargo hay también asuntos específicos que deben ser tenidos en cuenta: la identificación del elector que utiliza la urna electrónica 2000 y la relación votantes, máquinas y tiempo.

La UE2000, fabricada por la Diebold, agrupa tres operaciones en una sola. La identificación del elector, la votación en sí y el escrutinio (dentro del equipo electrónico). El elector llega a la máquina, introduce su número de identificación, luego procede a votar y, cerrada las votaciones en la mesa, el equipo procede luego de un comando específico a realizar el escrutinio. Son tres momentos que han de mantenerse separados. En ningún sistema de votación electrónico, con la tecnología aun disponible, se procede de esa manera. En Estados Unidos la identificación se mantiene divorciada de la votación. Parte del “staff” de la mesa se encarga de esta función.

La separación de operaciones es garantía y ofrece, además, una ductilidad en la dinámica de la votación. Que el equipo disponga de la información de los electores hace aun mucho más vulnerable la manipulación del software y la intromisión de intrusos (hackers) pues está disponible la información para hacerlo. Es mucho más probable, con los datos del votante, violar la privacidad y el secreto del elector.

Pero hay otro aspecto conexo. En las pasadas elecciones 2006 se habilitaron 12,371 mesas en razón de un promedio de 434 electores. Según las informaciones técnicas de TSE de Brasil y de expertos brasileños, éstas soportan hasta 400 electores. En cada mesa se dispondría de un equipo [las 13 mil máquinas no dan para disponer de respaldo por Mesa). Piénsese en las filas y la larga espera que implicará llegar a la urna electrónica y emplear tiempo para hacer la selección al votar. Cuando se separa la identificación de la votación se pueden usar varias urnas al mismo tiempo, pero eso no se puede hacer si están unidas a la identificación. La duración de la jornada de votación será mucho más larga y tediosa para los electores.

En el 2006 cambiaron la caseta cuádruple por unos atriles individuales que no aseguran la privacidad al momento de marcar la boleta. La cuádruple permitía que cuatro votantes, comprobada su identificación, marcaran al mismo tiempo sus boletas de manera totalmente privada, para luego depositarlas en las urnas. Se diseñó de esa manera precisamente como resultado de un detenido estudio de tiempo y movimiento en las mesas electorales. Y funcionó porque agilizó la votación.

Ahora, con este sistema de lenta votación y sin suficiente equipo de respaldo, si se presenta una avería que siempre las hay, aumenta la probabilidad de problemas. Como reza la antigua expresión germana aquella: en los detalles está el diablo. Por eso es importante tomarlos en consideración.

© Julio Brea Franco 2007

Florida, USA

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Periódico HOY de

Republica Dominicana

Mayo 29, 2007

October 16, 2007

La niebla del SOMO

Entre la miríada de definiciones excogitadas acerca de la expresión “relaciones públicas” hay una que es simple pero muy adecuada: “hacerlo bien y hacerlo saber”. En nuestro medio se actúa diferente. El énfasis se coloca en lo que se piensa realizar no en lo que se ha logrado. Si las cosas no se hacen adecuadamente no hay relaciones públicas que valgan.

Ahora se dice que los resultados de las próximas presidenciales de 2008 se darán a conocer en no más de dos horas. A todas luces la afirmación carece de seriedad y responsabilidad profesional. Eso no es posible aun con un sistema de voto computarizado.

Unas elecciones presidenciales celebradas por separado suelen ser mucho más simples y rápidas que cualquier otra. Sin embargo, ya se habla de iniciar los cursos de entrenamientos del personal de las mesas cuando hay una regla de oro en administración electoral que este no debe de realizarse con tanta antelación pues el adiestramiento se evapora.

La única manera de proyectar, esto es, estimar un resultado no contando el total de los resultados de las mesas electorales seria mediante conteos rápidos. Algo que ningún organismo electoral puede hacer pues únicamente ha de trabajar con datos reales. Si así fuese no habría necesidad de hacer elecciones: una encuesta nacional seria más que suficiente. En ningún país del mundo ni en ninguna época se ha procedido de esa manera. En la liturgia electoral están las garantías.

Ciertamente que ya nada sorprende en las declaraciones que vierten algunas voces de la JCE. El presidente de la Junta, el vocero oficial de la institución, no habla, y cuando lo hace trata, asuntos marginales. Desde fuera se tiene la impresión que la Cámara Administrativa ha sustituido la Junta. Cada dia se leen planteamientos imprudentes, insensatos y extemporáneos. Un miembro de la JCE no puede hablar a titulo personal. Si lo hace debe limitarse a un ámbito privado. ¿Para qué entonces existe un órgano colectivo si cada integrante anda por ahí emitiendo sus opiniones? Que hablen en las instancias internas que para ello están.

¿A que viene eso de estar diciendo ahora de la “obligación” que pende sobre el Presidente de la República de tener que tomar licencia del cargo para hacer su campaña electoral, cuando sea el momento, es decir, dentro de nueve o diez meses? El uso de los recursos del Estado no radica en el combustible del helicóptero presidencial ni de los vehículos de sus escoltas que debe utilizar en el ejercicio de su alta posición. Insistir sobre eso es auspiciar animadversiones infructuosas e innecesarias. Es generar ruido.

La única prioridad que tiene la JCE, por el momento, es concentrar todas sus energías en la ejecución del ambicioso y costoso proyecto contraído con el consorcio SOMO para llevar a cabo una secuela de automatizaciones: la del registro civil, del registro electoral y la del voto.

Hay mucha niebla en torno a ese contrato que no ha querido ser despejada. Ninguna documentación aparece en la página oficial de la Junta y mucho menos una explicación entendible a la opinión publica lo suficientemente explicita que permita su entendimiento, seguimiento y evaluación. No es para menos: se trata de 62.5 millones de dólares.

Si hubo escarceo sobre la autorización de un último pago de 1.3 millones de dólares, aparte los 24 millones que se libraran como pago inicial correspondiente al 30 por ciento del contrato, y se hacen aprestos para llevar a cabo una auditoria de ejecución de los trabajos, todo eso invita a pensar que mas allá de su firma la JCE no ha creado una unidad operativa de administración del proyecto que emita reportes, por lo menos semanales para que el pleno de la institución conozca de manera sostenida lo que se está haciendo y las dificultades que se van encontrando. Trabajos de esa magnitud es de pensar que lo son- no pueden estar a cargo de los mismos funcionarios con atribuciones cotidianas.

¿En que consisten esas las automatizaciones? ¿Es únicamente la digitalización de los libros, que ni siquiera los anteriores contratistas en 1998 lo hicieron? ¿Dónde están las explicaciones? ¿Cuáles serán los objetivos y resultados? ¿Qué es lo que se pretende automatizar en el registro electoral? Se sabe que uno de los componentes más atrevidos, menos analizados, y evaluado, es el llamado voto electrónico que al parecer será una copia del brasileño. ¿Se ha tomado acaso en consideración las peculiaridades de las elecciones en ese país en cuanto a fiscalización partidaria de los cómputos electorales? ¿Era recomendable contratar una solución completa y total –un acta, una cédula, un voto- y no separar los componentes para no “poner todos los huevos en el mismo canasto?

La transparencia reposa en explicaciones y en el flujo de información constante. Si la JCE tomó la decisión de comprar una tecnología -sin aparentemente consultar puntos de vistas distintos- a un consorcio sin el adecuado aval y reconocimiento, con el empujón visible de técnicos que servían a la OEA, y del tribunal electoral de Brasil, ella y el país sufrirán las consecuencias. Que lo haya hecho la Junta anterior termina no siendo relevante: es un compromiso institucional.

© Julio Brea Franco 2007

Florida, USA

Publicado originalmente en

Periódico HOY de

Republica Dominicana

Mayo 22, 2007

October 16, 2007

Los contratos de la discordia

En la administración de elecciones periódicas, el componente fundamental –y siempre el más costoso- es el sistema de identificación electoral. Mantener un registro de millones de datos de ciudadanos, nacionales y de extranjeros residentes implica además un ingente labor. La complejidad viene de su carácter permanente: su continuo movimiento de entradas y salidas. Se requiere en consecuencia, de tecnología, personal técnico para asegurar que el registro exhiba calidad, seguridad, certidumbre e inclusividad.

Todo sistema de identificación se ha de nutrir prioritariamente de las informaciones que se generan al momento posterior al nacimiento de cada individuo. Si bien el nacer es un hecho vital, cada persona debe ser declarado e inscrito para pueda iniciar su vida civil. Por eso es que el registro civil es la fuente primigenia, el eslabón inicial de la vida civil y jurídica. Esa función capital aun si no es la única aunque no se le presta la debida atención la de generar las estadísticas vitales.

Sin un aceptable registro civil no puede haber un buen sistema de identificación electoral. La relación no es absoluta: el registro electoral dominicano, por ejemplo, no podría calificarse de pésimo por no estar totalmente respaldado por el registro civil. Pero sin lugar a dudas, hasta que no se logre ese objetivo no podrá alcanzar el grado de confiabilidad y certidumbre que debe tener.

Republica Dominicana empezó a utilizar las tecnologías de computación en la captación y agregación de los resultados electorales prácticamente al mismo tiempo que Brasil (1982), y antes que en ese país para la elaboración de los padrones o listas electorales. En efecto, los primeros pasos en tal dirección se dieron en 1980 con el establecimiento del primer centro de procesamiento en la JCE. Desde entonces el desarrollo tecnológico ha sido tan espectacular que la institución se ha visto obligada a la adopción de equipos y sistemas de software mas avanzados.

Muy lamentablemente el registro civil no fue considerado -hasta hace muy poco- una prioridad. El problema del subregistro de los nacimientos y de los fallecimientos y, en particular, de la gran cantidad de personas indocumentadas de la que tan solo se dispone de estimaciones, continúa siendo un problema muy actual. El tema de la “penetración” de haitianos, del desplazamiento de mano de obra dominicana, del maltrato que reciben y de la explotación en que viven con yuxtapuestas y extremas posiciones valorativas podrían estar creando un ambiente en que acciones violentas sean justificables. Ha primado mucha irresponsabilidad.

El registro electoral, la unificación de la documentación de identificación y ahora el registro civil, en suma, el mejoramiento del sistema ha provocado que la JCE haya suscrito una serie de contratos en los últimos 14 años. Han sido tres. El primero fue suscrito con la GBM-Kodak en 1993 para llevar a cabo la unificación de la entonces cedula de identidad y el carné del registro electoral. El segundo se suscribió en 1998 para una segunda cedulación con la firma DATOCENTRO. El mas reciente fue firmado con el consorcio SOMO y continúa en el orden del dia.

Todos estos contratos han estado rodeados de discordia, acusaciones, críticas, sospecha de corrupción entre partidos políticos, grupos y empresas en oscuros maridajes de intereses de oportunidad. En 1993 se denunció que había sido otorgado sin concurso previo además de haber sido motorizado y apadrinado por los reformistas. Entonces se comentaba que algunos despachos de funcionarios de muy alto nivel del Palacio Nacional dedicaban sus desvelos, en conjunción al de empresarios políticos y de políticos a seca, para que fuera aprobado. La oposición fue intensa y provenía de un concierto de empresas que abogaba por un documento con foto integrada y huellas digitales incluidas.

Al final se unificó el documento –sin que la Junta estuviera debidamente preparada para llevarla a cabo- pero se creo el escenario para la manipulación de las listas electorales concebida y empujada por los mismos personajes, auspiciada por miembros que contaban el sólido y alto respaldo del poder.

El segundo de la serie fue el de 1998 otorgado a una de la empresa opositora a GBM-Kodak: DatoCentro. Las actas de la Junta evidencian conflictos de intereses entre funcionarios de la Junta que estaban estrechamente relacionados a alto nivel con la empresa que por igual se comentaba que tenia vínculos con los perredeistas. Fue sin duda un contrato costosísimo, que termino siendo incumplido hasta el punto que dos de sus componentes -el de las huellas digitales y la digitalización de los libros del registro civil – fueron incumplidos que dieron motivos a que la empresa fuera condenada a pagar una indemnización a la JCE. Sin embargo debe mencionarse como un aspecto positivo debe mencionarse sin embargo un aspecto positivo como fue la creación del padrón fotográfico que ha venido siendo muy útil.

© Julio Brea Franco 2007

Florida, USA

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Periódico HOY de

Republica Dominicana

Mayo 15, 2007

October 16, 2007

Para mejorar la competencia

En política controlar el dinero es difícil pero no imposible. Hacerlo es más que necesario. El punto no es que los partidos y los candidatos gasten mucho y que, por tanto, deben ser inducidos al ahorro. El meollo es otro: el dinero afecta y desequilibra la competencia política, introduce desigualdades en las oportunidades de acceso a los cargos públicos. No puede permitirse que los ricos también compren poder político o lo condicionen. Ahí es que esta el pecado.

Las elecciones no constituyen el único momento en que el dinero puede actuar y pervertir. Los sobornos, la compra de legisladores o de sus votos en decisiones acerca de asuntos específicos que afectan o favorecen intereses, no constituyen únicamente actos de corrupción: son una manera de envilecimiento de la vida política. Por ello quienes compran y reparten dineros por medio de cabilderos con maletines repletos de billetes son tan maleantes como los congresistas proclives a la seducción. Y asi como hay mecanismos utilizables para controlar el dinero en la política electoral también los hay en la política congresional, gubernamental y judicial.

Ciertamente el dinero es más evidente en la actividad política de los partidos cuando esta se intensifica buscando votos para sus candidatos. De ahí el interés de controlar el dinero y sus efectos dañinos en tiempos de campaña. Pero reglamentar la captación de recursos y velar por un uso políticamente correcto, no implica que se logre automáticamente disminuir sus efectos desiguales. Se requiere sin duda una buena reglamentación y eficaces mecanismos de supervisión. Una buena normativa se caracteriza por la solidez de su fundamentación, claridad de sus propósitos, definición de conceptos y operacionalidad de sus disposiciones. Y obviamente ha de ir de la mano con estructuras bien diseñadas, procedimientos y sanciones directas e indirectas.

Sucede sin embargo que muchas normativas de la especie no definen muy bien el objeto de la reglamentación. Esta falla es lo que explica como en países de América Latina -no así en otros con mayor desarrollo democrático fuera de nuestra región- se haga coincidir la campaña electoral con la apertura del proceso electoral. Una de las pocas excepciones es México donde esta inicia luego de la proclamación de los candidatos. Antes que eso suceda no puede hablarse de campaña propiamente dicha. Entre nosotros hablamos de limitarla a tres meses cuando precisamente la práctica de 16 elecciones muestra que ese ha sido su duración promedio. Lo saludable es reducirla fundamentándola con razones validas. Limitarla al periodo inmediatamente posterior a la presentación de candidatos es una argumentación atendible.

El problema es que la realidad es mucho mas complicada. El país acaba de salir de las primarias del partido oficial. Por la naturaleza de esa competencia en particular ella debió estar limitada al ámbito interno de esa organización. Pero no fue así: la competencia para la candidatura del PLD terminó convirtiéndose en una campaña nacional con la participación a favor de uno de los candidatos –el Presidente de la Republica- de grupos ajenos al partido. Este desbordamiento fue indebido. Las primarias son primarias y las elecciones presidenciales nacionales.

Se ha dicho con mucha agudeza que existen intereses creados comerciales y empresariales que no desearían que cambie el estatus quo, que todo siga igual para seguir ganando dinero con las campañas. Es muy cierto. La prueba las encontramos en los contratos de tecnologías y servicios para el sistema de identificación nacional aprobados con mucha sospecha y resultados cuestionables que la JCE otorgó en 1993, 1998 y ahora el de SOMO.

Hay mucho camino que transitar, pero todo lo que se haga con buenas intensiones y pluralismo, aunque sea poco, es ya ganancia. Existen motivos para abrigar mayores y mejores perspectivas de hacer cosas para adecentar la política electoral y disminuir las desigualdades en la competencia política. Nos estamos volviendo más exigentes.

© Julio Brea Franco 2007

Florida, USA

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Periódico HOY de

Republica Dominicana

Mayo 8, 2007

October 16, 2007

Las voces de la Junta

La ley que reorganizó las funciones de la Junta Central Electoral en dos cámaras –una administrativa y otra contenciosa- fue una mala reforma. Mala pues respondió, en primer lugar, a una situación coyuntural y, en segundo término, en vez de resolver el problema que la causaba, agregó otro. Muy lejos de lograr una “mayor eficiencia, funcionalidad y racionalización”, como se declara en uno de los considerando de la Ley No. 02/2003, lo que propició fue una fragmentación del poder institucional colocando obstáculos para la cooperación.

Una cosa es abogar por una separación de las funciones electorales atribuyéndolas a órganos distintos y separados -precisamente para evitar que el organizador de las elecciones sea el mismo que la juzgue- y otra, muy distinta, crear una diferenciación en el interior de un mismo órgano colegiado.

Todo comenzó a finales de septiembre del 2002, Morel Cerda fue reconfirmado como Presidente de la JCE, sin embargo los demas partidos congresionales -el PLD y el PRSC- lo objetaban. Como no existía ni existe un mecanismo de remoción de los miembros de la Junta (había sido eliminado de la Ley Electoral luego de una efímera vigencia en 1962) por motivos de confianza política no ya por juicio político por faltas graves en el ejercicio de sus funciones, estos funcionarios son inamovibles por cuatro años. Eso significa que la única manera que puede dar lugar a una sustitución es por renuncia voluntaria o fallecimiento de un incumbente.

Fue asi como, en predios reformistas surgió la idea de neutralizar a Morel despojando a la presidencia de la JCE de atribuciones importantes mediante la creación de las dos cámaras y estableciendo funciones limitadas para el pleno. La solución se impuso por conveniencia. Al final de la historia Morel renunció y comenzó la presidencia débil. Ciertamente, era necesario reducir la extraordinaria concentración de poder en el Presidente que se advertía tanto en la reglamentación interna como en la cultura de la institución, pero la fragmentación funcional y potestativa por la que se optó no es la adecuada avenida para conseguirlo. Fue así que se originó la Junta tricéfala que hoy tenemos.

Desde el inicio mismo del 2003 se evidenciaron sus malos efectos: la debilitación en la coordinación de las labores, las pugnas internas, el alineamiento de funcionarios y empleados dando pie a actitudes grupistas y, por supuesto, los protagonismos y la proliferación de las voces de la JCE en los medios de comunicación.

Las diferencias de visiones, de personalidades, de intereses, de inclinaciones políticas son naturales en cualquier órgano colegiado. Aspirar a un estado de perfecta armonía entre sus miembros es un ideal pero no el reflejo de la realidad. Eso vale para todo: una cámara legislativa, un comité político de un partido, un consejo de administración. Las personas tienen sus agendas personales, sus objetivos, sus pretensiones de hacer carrera. Las instituciones no se conciben únicamente para la gente buena sino para cualquiera. El problema no radica en las diferencias por sí mismas sino en el como se canalizan estas para inducir un grado razonable y posible de coordinación. Sin ella no pueden a tomar decisiones.

El pleno de la JCE ha sido debilitado por las cámaras. Hay asuntos que deberían ser sometidos a la consideración de todos y no únicamente de tres o de cinco. Ese es un aspecto. Otro es que los presidentes –el anterior y el actual- no han tomado conciencia de su rol en este nuevo escenario interno. No ejercen el liderazgo arbitral e integrador entre iguales al que están abocados. Por ello se asiste a un espectáculo discursivo retórico, con pobres e intrascendentes planteamientos, frecuentemente precipitados. Esos son cargos que exigen prudencia, ponderación. No se pueden enjuiciar las cosas a la ligera. Por esa senda se llega directo a las recusaciones. No hay liderazgo institucional. Hoy son varias las voces.

Se advierte además la ausencia de una política informativa. No hay reglas. Cualquiera accede a los medios y opina, hace sus valoraciones. Salvo contadas excepciones, son pocos los miembros que se manejan con recato. Da la impresión un inmaduro protagonismo.

Si se tiene derecho a voz y voto en el pleno ¿por qué acudir a los periódicos a criticar, regañar, atacarse entre si? Colocarse al margen de los mecanismos institucionales no es ser responsable, es hacerle daño a la institución, a su credibilidad y consecuente legitimidad. ¿Por que tanto afán en buscar los aplausos?

Desde la Junta no se va a ninguna parte salvo a un cargo diplomático o consular, a lograr igualas profesionales o, hasta hace poco, desempeñar alguna rentable Oficialía del Estado Civil. Más nada. El poder los otorga no de manera graciosa sino como pago por servicios prestados. Para hacer la averiguación correspondiente el link obligado es el de las Gacetas Oficiales y la colección de leyes, decretos y resoluciones. Ahí esta todo.

October 16, 2007

El tamaño del Congreso

En un reciente seminario, de los tantos y frecuentes que se llevan a cabo dedicados al tema electoral y constitucional, se mencionó de pasada el asunto del tamaño del Congreso Nacional: el de la cantidad de legisladores o parlamentarios que componen nuestro Poder Legislativo. Ciertamente no fue esa la primera referencia que se ha hecho respecto a una situación que ya genera insatisfacción.

De todas maneras, el cuestionamiento es válido y atendible. La Cámara de Diputados, por ejemplo, ha venido registrando un crecimiento considerable, y si no se le pone coto, terminará siendo inmanejable. La necesidad de una detente de por si coloca el tópico en la agenda prioritaria de la reforma política. Hay que contener este gigantismo, y más que congelando el número, buscando opciones para solucionarlo. Si bien el tamaño no es por si solo un factor que determine la eficiencia de una asamblea parlamentaria, un número razonable de integrantes puede ayudar.

En la determinación del número de integrantes de una asamblea representativa en general se toma como criterio de definición su relación con la población total de un país, tal y como es cuantificada en los censos decenales (es una regla común en prácticamente todos los países, no aceptar proyecciones o estimaciones poblacionales). Si bien el crecimiento poblacional se ha ralentizado en décadas recientes, su incremento acarrea el aumento de la cantidad de los diputados o representantes.

En el caso dominicano, la población no ha sido la única variable. Dado que la organización administrativa-territorial se asume también como organización política y electoral, la creación de nuevas demarcaciones ha influido, aun si no de manera tan dramática, en el aumento en la cantidad de parlamentarios. Incluso las circunscripciones intraprovinciales, creadas en el 2002 en ocho de las mayores provincias, también han conllevado incrementos.

Para determinar el número de integrantes en una asamblea representativa existen varios procedimientos. A la operación de distribución de los puestos de diputados entre circunscripciones delimitadas territorialmente se le denomina prorrateo electoral. Lo que se trata con ella es únicamente determinar cuántos puestos habrán de elegirse en cada una de las circunscripciones. Esto significa que nada tiene que ver con el sistema electoral (proporcional, mayoritario o mixto) y/o con la fórmula electoral (d’Hondt, cifra repartidora, etc.) que se adopte para, a la luz de la votación obtenida por los partidos políticos, determinar cuántos escaños le corresponden a cada uno. El prorrateo es, pues, anterior a la asignación de los cargos a los partidos.

En el derecho constitucional y electoral dominicano se fija la prorrata de 50 mil habitantes y/o fracción superior a los 25 mil por puesto de diputado. Existe una ruptura a la regla: toda circunscripción provincial le corresponde un mínimo de dos diputados si su población es menor de 75 mil habitantes. Este criterio fue fijado en la Constitución de 1966 y se mantiene en las reformas siguientes incluyendo la vigente.

En los últimos cuarenta años (1966-2006) se han sucedido ininterrumpidamente once Congresos para cuya determinación en sus tamaños se tomaron como base cinco censos poblaciones (1960, 1970, 1981, 1993 y 2002). El incremento ha sido este: de una Cámara de Diputados de 74 miembros se ha llegado, en el 2006, a una de 178 diputados, lo que significa un crecimiento de un 239 por ciento. Por otra parte la población censal pasó de 3 millones 047 mil habitantes, en el censo de 1960, a unos 8 millones 230 mil conllevando por consecuencia un incremento de un 270 por ciento. Si se sigue aplicando el mismo procedimiento es muy probable que el décimo segundo Congreso a inaugurarse en el 2010 los diputados sean 210, esto es, 32 más que los actuales, llevando al Congreso en su totalidad a 242 miembros. Objetivamente van a resultar muchísimos.

Pero el crecimiento poblacional es un fenómeno extendido en una gran parte de los países del mundo, salvo en aquellos que tienen una tasa 0 de crecimiento, en particular en la Unión Europea. ¿Qué se ha hecho entonces para encarar este gigantismo de las asambleas representativas? Se ha cambiado el procedimiento. En vez de adoptar una prorrata fija e invariable, se ha cambiado el punto de partida: se calcula el número de escaños y se divide entre la población contada el censo anterior. De esta manera lo constante termina siendo el número de parlamentarios y se hace variable la proporción poblacional. Como segundo paso, definida la prorrata ésta se aplica en cada una de las circunscripciones para dividiéndola entre la cantidad de habitantes se establezca el número de escaños de cada una.

No hay otra opción que caminar en esta vía. Pero si cambiamos el criterio y el procedimiento tendremos que enfrentarnos a otra cuestión: ¿Qué cantidad de diputados es la conveniente? La respuesta no puede ser medalaganaria ni mucho menos arbitraria a la Fujimori.

© Julio Brea Franco 2007

Florida, USA

Publicado originalmente en

Periódico HOY de

Republica Dominicana

Abril 24, 2007

October 16, 2007

El clavo de la herradura

Cuenta el decir: Por un clavo se perdió una herradura; por una herradura un caballo; por un caballo un caballero; por un caballero una batalla y por una batalla se perdió un reino. Así fue la inoportuna caída del Rey Ricardo II de Inglaterra cuando perdió la batalla en Gales en 1399, contra las fuerzas de Enrique de Láncaster, Conde de Richmond.

Estando en medio del campo de batalla cuando el caballo de Ricardo perdió la herradura, tropezó y rodó, haciendo caer el jinete. Antes que el Rey pudiera tomar las riendas, el asustado animal se levantó y echó a correr. Ricardo miró en derredor. Vio que sus soldados daban media vuelta y huían, y quedando solo, las tropas de Enrique lo rodearon y apresaron. A seguidas fue obligado a abdicar y su oponente victorioso se convertiría en Enrique IV. De ahí que por un clavo se perdió un reino.

Los hechos no acontecieron así de simple pero desde entonces esta versión oral quedó incorporada a la sabiduría popular. Refería, sí un hecho cierto pero lo simplificaba con tal de resaltar el detalle. La vida, la realidad, las situaciones son asaz mas complejas que sostener que una mínima acción puede provocar eventos que influyan en diferente medida en el curso de la historia.

En las elecciones presidenciales del año 2000 en la Florida las boletas que no se marcaron (los “undervotes”) se convirtieron en el detalle que las convertirían en las mas impugnadas y criticadas de la historia política americana. Fue un detalle importante por el peso decisivo que asumió el conjunto de electores del estado en el colegio electoral. Lo cierto fue que en los meses posteriores en Estados Unidos, se llevaron a cabo reexámenes de la documentación, diagnósticos, y propuestas de soluciones. Las máquinas se sacaron de circulación y se adoptó una nueva tecnología, aunque hoy día se hable con insistencia de abandonar el voto electrónico y volver a las boletas de papel impreso.

También en República Dominicana las dos últimas elecciones congresionales, y en particular, las del pasado año de 2006, mostraron como un pequeño detalle técnico tuvo repercusiones negativas. El cómputo electoral –que ha de pretender un contar bien y rápidamente- tuvo una dilación inusual al punto de terminar siendo el mas largo desde 1982 (siete días y diez horas). Son obvios los peligros políticos: un proceso de cómputo lento acarrea tentaciones y estimula el descreimiento. No es un secreto que, en un momento determinado, se quiso suspender.

Cualquiera que disponga de alguna experiencia directa con las elecciones y por tanto, que haya bregado con papeles llenados en las Mesas Electorales sabe cuan frecuentes han sido los errores y los problemas de cuadres y sumatorias finales de los escrutinios. En particular, los cuadres entre los votos validos, nulos y observados, el de las boletas dentro de las urnas y las sobrantes, el total de los votos emitidos… Las sumas finales han acarreado muchos errores al punto que en varias oportunidades cierto tipo de información no ha podido ser tabulada ni utilizada. Afortunadamente los resultados de la votación por partido nunca se han visto afectados. Son los cuadres generales lo que han presentado problemas. Recuérdese que en 1982 el entonces Partido Reformista elaboró su estrategia de impugnación fundándose en este tipo de alegato, que consideraron fraudulento. Manipulación no hubo entonces pero si falta de destreza en los cuadres finales.

Con esta experiencia -un foco-problema repetitivo- el diseño de los formularios exige mucha sencillez para facilitar precisamente los cuadres en las actas. Sin embargo, los formularios utilizados en el 2002 y 2006, en vez de mejorarlos los tornaron mas confusos y oscuros al combinar dos resultados (la votación no preferencial y la preferencial) e inducir al cuadre de la votación por partido, en un único formulario. Mas fácil hubiera sido si se mantenían separado ambos resultados, en dos páginas del acta. En fin de cuentas son dos cosas diferentes a ser utilizadas en momentos distintos.

Los problemas se verificaron en el nivel congresional y no en el municipal. Lo nuevo en el 2002, repetido en el 2006, fue el voto preferencial. La votación preferencial se toma en consideración luego de determinar la votación de cada partido y no como otro elemento constitutivo. La votación del partido es la que se toma en cuenta para la aplicación de la formula proporcional. La votación preferencial se toma en consideración, cuando ya se han definido las diputaciones que le corresponde a cada partido. Se usa únicamente para determinar el orden de los candidatos en la lista que es el criterio que determina quienes finalmente son los electos en los puestos que correspondieron al partido.

El combinar dos cosas diferentes y hacerlas interdependientes en único cuadre la oscurecía y dificultaba al punto de tornarla poco entendible y, por tanto, menos fácilmente explicable. El entrenamiento del personal de las mesas tenia que bregar con eso.

Los problemas y las dificultades -en nuestro medio- en vez de analizarse y diagnosticarse de inmediato, se dejan congelar. Y asi, olvidadas, nos vemos impelidos a repetir los mismos errores.

© Julio Brea Franco 2007

Florida, USA

Publicado originalmente en

Periódico HOY de

Republica Dominicana

Abril 17, 2007

October 16, 2007

El misero detalle tecnico

“La salud de las democracias, cualquiera que sea su tipo y grado – como escribiera en 1937 el gran ensayista y filósofo español Ortega y Gasset-, depende de un mísero detalle técnico: el procedimiento electoral”. Un pequeño y en apariencia insignificante desliz puede acarrear problemas de impacto político en unas elecciones cualquiera. La recientes elecciones de 2006 y las anteriores de su tipo del 2002, ofrecen pruebas elocuentes de ello.

En particular, las del pasado año resultaron muy mal administradas. La afirmación no es graciosa ni mucho menos tendenciosa. Se deriva de indicadores que pueden comprobarse examinando los datos disponibles. Vale entonces hacer un repaso indicativo de las dificultades.

Hubo parcialidad en varios fallos importantes sobre asuntos contenciosos. Atrasos extremos en varias fases del proceso. Por ejemplo, el conocimiento de las propuestas y la proclamación de los candidatos fue tan tardía que se desconocida la lista final a tan solo dos semanas antes de la votación. Hubo cambios y sustituciones de candidatos –aceptados alegremente por la Junta Central Electoral que acarrearon 182 impugnaciones. Cambio de electores a municipios y mesas sin que estos lo hubiesen solicitado, demostrando un laxo control administrativo y un espacio de manipulación real y potencial del registro electoral. El cómputo electoral, en particular el preliminar, fue lentísimo. Impugnaciones al granel: se cuentan 350 recursos.

Si se concentra la atención en el conteo electoral, el de 2006 pasó a la historia como el más largo desde 1982 desde que se disponen de datos detallados, en los inicios de la totalización nacional de los resultados con medios informáticos. Tomó 188 horas, si se deja de lado el relativo a la crisis electoral de 1986. Se extendió mas tiempo cuando la tecnología era pobre (1982 – 92 horas); cuando se trató de elecciones muy conflictivas (1990– 185 horas/ 1994– 159 horas); cuando se trato de las dos elecciones congresionales anteriores de (1998– 38 horas /2002 – 91 horas).

Analizando los datos del 2002 y del 2006 se encuentran notas comunes en cuanto a dificultades en el escrutinio y contabilización de las actas de las Mesas Electorales. En las primeras, los problemas en los cuadres de las actas dieron pie a la alteración manual de los formularios. Santiago no fue el único municipio donde se verifico este problema pero si fue el más elocuente.

A juzgar por lo acontecido, la JCE nada hizo para identificar lo que había sucedido y para evitar su reproducción en el 2006. Se pensó que con el plástico adherible en la parte de los totales del formulario Extracto de votación de las Mesas, el problema se solucionaría. Sin embargo, la situación fue peor. Es que ni se evaluó las experiencia del 2002 y menos se hizo el diagnostico correcto.

El cómputo fue largo y lento por los descuadres en las sumas que presentaron las actas de las mesas. Tomaba mucho tiempo detectar los errores y, de ser posibles corregirlos, para entonces proceder a su escaneo, tabulación y transmisión desde las Juntas Municipales electorales para la agregación provincial que es la circunscripción base para la escogencia de los escaños en el Congreso.

En los días posteriores al 16 de mayo fueron pocos los análisis ponderados que aparecieron que en la prensa pero menos aun los que se esforzaron en encontrar la explicación. No obstante ninguno puso el reflector en la zona del cortocircuito técnico para determinar el porque ocurrió.

De lo que se dijo entonces el adiestramiento del personal de las mesas fue el aspecto mas atacado. El entrenamiento habría sido el gran pecado en la pésima administración del escrutinio y del cómputo.

La evidencia empírica no muestra que el adiestramiento fue el nudo gordiano aunque fue obvio que la gente involucrada no supo llenar correctamente las actas. Pero sobre este y aspectos anteriores donde se detecta “el mísero detalle técnico”. Volveremos al tema en pos de aprender, diagnosticar y mejor aun, avanzar sugerencias correctivas.

© Julio Brea Franco 2007

Florida, USA

Publicado originalmente en

Periódico HOY de

Republica Dominicana

Abril 10, 2007

October 16, 2007

La excomunion del voto preferencial

Al paso que vamos no deberá sorprender que alguien proponga la idea de suprimir las elecciones, argumentando que estas profundizan el clientelismo e incrementan el gasto público. A esa impresión se arriba con facilidad ante comentarios que, sin explicitar fundamentos, sin análisis ni evidencia empírica alguna, avanzan estrambóticas consideraciones. Ahora -se dice- que el voto preferencial incrementa el clientelismo, aumenta los gastos de campaña e impidió que muchos “diputados y diputadas que fueron antes elegidos, resultaron barridos en el último certamen electoral”.

Lo que maravilla es que quienes así lo consideran pierdan de vista lo que precisamente se busca: que el votante disponga de la posibilidad de señalar una preferencia por un candidato a diputado dentro de la lista presentada por su partido de preferencia.

Al desbloquear la lista de candidatos, se pretende que los votantes puedan deslindar democráticamente sus preferidos de los amigos de las cúpulas, de los dirigentes, de los caciques políticos.

El voto preferencial, ciertamente tiene efectos positivos y negativos, pero en ningún caso es una variable independiente, un factor que contribuye con autonomía al clientelismo. Este es un fenómeno más complejo y profundo, expresión de sociedades con características económicas y sociales que destilan una particular manera de valorar, concebir y actuar en política.

Afirmar que los pecados del voto preferencial son tales que merece ser excomulgado requiere algo más que afirmaciones ligeras, sin prueba alguna, sin rigurosidad ni seriedad.

Los que no lograron ser elegidos no fue por obra de las preferencias sino por razones distintas y distantes: la carencia de base política, de apoyo electoral en cantidad suficiente para colocarse o recolocarse en los lugares más probables de elección al momento de la asignación de los escaños en la Cámara de Diputados.

Para evaluar el voto preferencial, su impacto real, se requiere no sólo determinar la cantidad de votantes que hizo uso del mismo- lo que no es por si mismo un indicador de su éxito o su de fracaso. Hay que determinar cuantitativamente en qué grado las preferencias alteraron y modificaron el orden de la lista de candidatos de los partidos y las alianzas electorales, después del escrutinio de los votos y al momento de la aplicación de la fórmula proporcional y la adjudicación de los escaños de diputados. Es entonces cuando se podría sostener si el voto preferencial tuvo impacto y de cual magnitud.

Pero aun en la hipótesis de que en una elección específica resulte inocuo-que no altere significativamente el orden original de la lista- el voto preferencial se justifica por si mismo, pues implica una ampliación del poder de influencia de los votantes.

Es cierto que el voto preferencial tiene efectos secundarios que pueden ser negativos: la competencia interna que conlleva entre candidatos de un mismo partido puede potenciar una tendencia centrífuga. También puede aumentar la vulnerabilidad que deriva de la ayuda económica a los candidatos a nivel local. Pero esto no siempre se produce, y esta por demostrarse si así ocurre.

Ni siquiera hay razones para excomulgar el voto preferencial en vista de los problemas que se verificaron en las elecciones de 2002 y mas dramáticamente en las recientes del 2006.

Los descuadres de las actas de votación no fueron por el voto preferencial. Como tampoco se explica endilgándole la culpa al adiestramiento del personal de las mesas. No fue el voto preferencial sino la manera en que la JCE articuló su reglamentación y su promoción y, finalmente, su traducción confusa en los formularios electorales diseñados por los técnicos de la institución.

© Julio Brea Franco 2007

Florida, USA

Publicado originalmente en

Periódico HOY de

Republica Dominicana

Abril 3, 2007