September 23, 2008

Logros y deseos

El presidente, finalmente, siguiendo la liturgia constitucional introdujo al Congreso el proyecto que declara la necesidad de la reforma seguido del texto que propone para que sea conocido en la Asamblea Nacional en función de Revisora.

El día anterior hizo llegar al Senado las ternas correspondientes para llenar las vacantes de los miembros de la Cámara de Cuentas. Hay que pensar que ambas iniciativas están íntimamente relacionadas si se examina la nómina de los propuestos: con imagen primaria de políticos reformistas. Las dos acciones habían sido retenidas. Si se canalizan ahora es porque son expresión de acuerdos políticos de frente a la reforma de la constitución.

El Presidente andaba detrás de “amarre” desde antes de la reunión invisible de los dos visibles del reformista. El que protesto, después, logro sentarse en el despacho. Y quizás, por igual, en un tiempo prudente será beneficiario de alguna iniciativa.

Pese al desgarre del reformista, hasta el 2010 tiene cuota de poder decisional en el Congreso y en la próxima Asamblea Revisora. De ahí la importancia de su peso agregador en la aritmética de la reforma.

La posibilidad de la Constituyente se aleja. El PRD, que amaga tanto, aun no ha presentado una ley alternativa de necesidad de revisión para una reforma de la reforma: cambiar el órgano de reforma vigente. Cuenta con el número suficiente para la iniciativa aun si no para la aprobación. Hacerlo seria consecuente con su predicamento.

Constituyente contra Revisora ha sido un desacuerdo primario desde antes del 2006. El meollo es político: una Constituyente podría alterar la correlación de fuerzas; la Revisora no, dada las ganancias del partido oficial en aquellas congresionales. Afirmar que aun con una elección de constituyentes no se modificaran los vectores de la composición política no tiene asidero: no hay encuestas al respecto y más cuando el humor político de seguro no será el mismo que el del pasado mayo. La afirmación carece de fundamento comprobable.

La Constituyente sería un “tercero”. Hay temor muy real con los intereses particulares de los actuales congresistas por aquello de la extensión del periodo o que el próximo será un mandato bien gandido de seis años. La Constituyente podría minimizar el peligro. Pero tiene sus peligros: que su producto sea pura poesía constitucional.

El presidente ha trabajado el objetivo “nueva constitución” con ahínco y decisión. Se tiró a la calle en el 2006 y ganó. Eso es incuestionable. Lo que puede ser es que lo ha buscado para acotejar las reglas esenciales a su comodidad.

Con un acuerdo en las manos en la Revisora, podría verse sin embargo que lo que entró como proyecto no necesariamente es lo que saldrá aprobado. Y no por disensos. Allí se podrá cambiar, para lo que se quiere que no se quiso decir al inicio. ¡Fue la Asamblea! Y una de esas puede muy bien ser el ajuste de los periodos. Es que congelar una propia y lujosa mayoría es delicioso. Los reformistas felices: seguir sin la sincerización electoral de 2010.

Eso está ahí, bien latente y bien posible.

© Julio Brea Franco 2008
Florida, USA
Publicado originalmente en Periódico HOY de
República Dominicana
Septiembre 23, 2008

September 16, 2008

¿Mañana será otro día?

Los reformistas echaron los dientes en el poder. Por lo menos dos camadas generacionales –en los doce y en los diez años- saborearon sus mieles y enormes ventajas sin acarrearse consecuencia alguna: ni durante ni después. La nuestra se ha demostrado una justicia con hoyos en la venda.

De ahí que, por su experiencia y laxitud de escrúpulos, sean reformistas los mejores y más eficaces asesores de cualquier proyecto político personal que desde arriba busque su continua reproducción.

El desvencijo en acto del PRSC no hay porque buscarlo en causas profundas en nuestra sociedad. No se puede catalogar de cambio la rápida propagación y calaje de esa cultura del provecho que tan bien expresaban los reformistas.

La política de hoy muestra precisamente la similitud entre los partidos, al punto que sus dinámicas y propósitos son coincidentes. Lo que antes podía ser considerado un mal reformista demostró ser por igual un mal perredista y ahora peledeista.

Lo que más desune a un grupo es la atomización de los intereses particulares cuando sustituye toda visión y propósito. Cuando la competencia se hace horizontal y la dirigencia central se desautoriza, la centrifuga se dispara: la fragmentación alcanza el punto de no-retorno.

Cambio hubo en 1978 cuando un PRD, inmaculado entonces, terminó de potabilizarse. En aquella coyuntura -muy bien leída por José del Castillo- al cansancio y erosión de Balaguer contribuyeron las transformaciones que indirectamente despertaron aspiraciones, sino nuevas, al menos distintas.

Es bien sabido que el declino electoral del reformista se inició justo después de la desaparición de Balaguer. Hasta el 2002 (1998–31.27%; 2000-24.60%; 2002 – 24.37%) se mantuvo como una tercera fuerza importante. Después sobrevino la caída: 2004- 8.65%; 2006- 10:96% y 2008-4.59%). No fue únicamente el carisma de Balaguer el responsable de sus 24%. Fue en grandísima medida su estrategia política.

Balaguer –debilitado por la edad- no corrió a ninguna otra tienda política a brindarse ni ofrecerse. Al contrario, todos iban donde él. Acudían por su peso político; el sí sabía administrarlo excelentemente bien. Mantenía equidistancia y apoyaba cuando le convenía. No era bisagra ni veleta. Acudía solo a las elecciones (con algún satélite oportunista) pero eso sí: mantenía en cintura al partido.

Todos dicen que son discípulos de Balaguer, pero los hechos demuestran lo contrario. En la entonces Unión Soviética luego de una defenestración se hacía uso de la Troika que se constituía como un “mientras tanto”. Ni eso se hizo al regreso del cementerio.

Muerto el monarca de la Máximo Gómez todos quisieron alzarse con santos y limosnas. Se acercaron a Hipólito Mejía y entonces un grupo tomó distancia. Pareció que iba a recoger inicialmente la enseñanza. Pero que va, se fue corriendo para quien tenía posibilidades de llegar. Y así fue y ahí siguen.

¿Sera mañana otro día? Poco indica que habrá otro amanecer.

© Julio Brea Franco 2008
Florida, USA
Publicado originalmente en Periódico HOY de
República Dominicana
Septiembre 16, 2008

August 26, 2008

El gigantismo de la Camara

Desde hace un buen tiempo el gigantismo de la Cámara de Diputados y la necesidad de contenerlo es tema en la agenda pendiente de reforma política. De reciente, la idea ha venido tomando fuerza al punto de considerarse una de tres opciones: congelar la cantidad actual de Diputados, fijar el número en 150, y, menos aun, limitarlo a solo 120 miembros.

La Cámara hoy día cuenta con 178 miembros y, si nada se hace, para las congresionales del 2014 –no en las del 2010 como se argumenta- se deberán adicionar alrededor de unos 20 diputados lo que empujaría a un gran total de 198.

En el sistema vigente el número de integrantes de la Cámara de Diputados y regidores de los Ayuntamientos Municipales se calcula en base a los datos del último censo nacional de población que se levantan decenalmente. Para el 2010 tan solo habrán transcurrido ocho años del anterior realizado en el 2002. El próximo debería ser en el 2012.

La constitución establece que los diputados se eligen con base a las provincias y en el Distrito Nacional y fija la proporción de uno por cada 50 mil habitantes o fracción de más de 25 mil. Para aquellas provincias (14) cuyas poblaciones son inferiores a los 75 mil habitantes, le corresponde elegir de todas maneras dos diputados. En términos reales la proporción población-diputado se ha movido de 41,177 habitantes (en 1963) a 48,104 (en 2006).

Congelar el número actual de diputados carece de sentido. De hecho está frisado hasta el 2014. Si bien sería la decisión más “cómoda e indolora” para los partidos atendiendo a las infinitas presiones y demandas de cargos, no significaría cambio alguno. Las otras dos opciones resultan más atendibles.

Fijar el número de 150 o 120 Diputados significa aumentar la relación habitantes por diputados. En efecto, de acuerdo al resultado definitivo del VIII Censo de Población del 2002, esta seria de 57,084 habitantes (en el caso de 150) y 71,355 (para 120 miembros). Estadísticamente por consiguiente las 14 provincias de menor población estarían por debajo de de esa proporción. Con el aumento de la población nacional la proporción seria mayor.

Si bien se han hecho sofisticados análisis para determinar cuál es el número funcional, y eficaz para que una Asamblea Legislativa sea potencialmente mas eficiente atendiendo a factores tales como la población, territorio, sistema de partidos, diversidad cultural y clivajes, lo cierto es que su fijación es asunto de carácter político. Quizás la reducción pueda servir de algo.

Determinar un número fijo de diputados es relativamente fácil a nivel constitucional. No hay que usar una formula complicada. Un simple puede ser la que sigue:

“La Cámara de Diputados estará compuesta por 120 miembros elegidos por el principio de representación proporcional y el sistema de lista. Cada vez que se celebre un censo nacional de población, la Junta Central Electoral determinará por provincia y para el Distrito Nacional, la proporción de la población que corresponderá por cada Diputado”.

© Julio Brea Franco 2008
Florida, USA
Publicado originalmente en Periódico HOY de
República Dominicana
Agosto 26, 2008

August 19, 2008

Suficientemente debatido

Escuchar opiniones y atender los puntos de vista de los demás es siempre provechoso. Consultar es un ejercicio inteligente. Pero una cosa es pedir opiniones y otra deliberar considerando con atención y detenimiento los pros y los contras o los motivos que lleven a tomar una decisión.

Pedir pareceres sobre aspectos de una constitución que se considera ha de ser modificada y actualizada a una cambiada realidad, no agota el ejercicio. Toda consulta ex-ante es útil para proyectar una reforma pero queda limitada, si después de elaborado el texto, no se somete a debate y análisis. La consulta a posteriori es tan necesaria como la anterior.

Una reforma constitucional es un proceso complejo cuando se pretende rotularlo de democrático. Para ello se requiere que sea plural, abierto e inclusivo. Ciertamente que al final habrá de tomarse una decisión política basada en fuerza política y mayoría. Pero cuando más comprensivo sea la deliberación mayor aceptación y legitimidad tendrá el producto.

Es temprano, muy temprano, para calificar con bombos y platillos un proyecto que aun espera ser conocido por el solo hecho que se pidió opinion a muchos para que expresaran qué debía cambiarse y cómo. El resto del camino es aun largo -aunque podría ser, y quizás se quiere que sea bien corto. Huelgan los piropos tempraneros.

En el reciente discurso de inauguración el Presidente apenas mencionó la reforma aunque sí expresó su deseo de que sea resultado de un diálogo que anteceda un Pacto Nacional. Si ha retenido el proyecto es porque espera que eso se concrete. Sin embargo, nada dijo del cómo instrumentarlo

Volvemos al recurso de siempre. Apelar a instancias para que, fuera de escenario institucional donde ha de ser buscado, se propicie una concertación entre las fuerzas políticas. Un acuerdo que luce difícil y poco probable por las posiciones de antagonismo que priman en algunos sectores de la oposición.

No habrá constitución como resultado de un gran acuerdo porque nunca lo ha habido y por las arrogancias reciprocas. Aun con el anzuelo de la reelección que puede ser un regalo envenenado que de seguro avivara el panal perredeista.

Previo a su alocución, a las promesas y los planes de construcciones impresionantes –parecería que el gobierno se sacó alguna lotto internacional de miles de millones de dólares- había acudido al comité político de su partido. Allí se le aprobó, y según los partes, dejó a su consideración lo del artículo 49 relativo a la reproducción presidencial.

Resulta que uno de los presidentes de las cámaras, las mismas que actuarán en función de Revisora, se apresuró, al día siguiente, a afirmar que la reforma “será debatida, discutida ‘sobre la base de los principios’. Pero a seguidas aseguraba que la pieza será aprobada sin tropiezos puesto que el PLD y sus aliados votarán a unanimidad porque son “un mandato del comité político peledeista”.

¿Se espera aplicar la fórmula de lo “suficientemente debatido”, a seguidas de un diálogo extraparlamentario para embellecer la iniciativa, proceder a una rápida aprobación?

© Julio Brea Franco 2008
Florida, USA
Publicado originalmente en Periódico HOY de
República Dominicana
Agosto 19, 2008

August 12, 2008

La democracia como aritmetica

En democracia no solo cuenta la mayoría. Las minorías son esenciales, y no solo porque la minoría de hoy puede ser la mayoría de mañana. Es que el disenso del consenso es consustancial a la democracia. Cuando la mayoría se alza con el poder, la libertad se cercena y perece.

Una mayoría que asfixie las minorías fácilmente termina corrompiéndose. Camina a su propia destrucción y la del sistema democrático mismo.

Nadie, en su sano juicio democrático, puede abogar ni impedir la existencia y el potencial desarrollo de las minorías. Ese no parece que haya sido el propósito de las voces que han planteado recientemente el asunto de los partidos pequeños y pequeñísimos. Para empobrecer aun más el abordaje del asunto, desde la JCE, en ligeras reacciones, se ha ladeado olímpicamente el tema.

Definitivamente, hay muchos intereses creados que agreden al instante cuando se sienten amenazados. Hacen mucha bulla en los medios de comunicación, pero no en los momentos oportunos: en las elecciones.

Sin ser lo perfecto – la mayoría no siempre tiene la razón- , el criterio de legitimidad de la democracia se apoya en números y cantidades. Es su más mínima y básica expresión, la democracia es aritmética. Lo que cuentan no son las preferencias que consignan las encuestas. Si así fuese ¿por qué y para qué seguir celebrando eventos tan complejos y costosos como son las elecciones?

La votación que se logra es la que da consistencia, garantía y sentido político a la mayoría y, por contrapartida, a las minorías. Mientras la mayoría es siempre fácilmente identificable, las minorías en cambio requieren de criterios explícitos. Por eso las constituciones, y en particular, las leyes electorales, se ocupan de hacerlo. La nuestra también lo hace desde 1923 (Art. 173 y 174, ley No 35).

Es cuantitativo el criterio para el reconocimiento como partido como lo es por igual para conservarlo. Hay otros elementos accesorios (locales y directivos). ¡No basta decir que se es minoría, hay que demostrarlo!

La hemorragia de partidos no es por causa del procedimiento de reconocimiento –que requiere afinamiento- sino por obra de las alianzas y coaliciones. Los nuevos partidos no suelen ser muchos y generalmente mueren sino prenden.

El problema es que hay “instalados” que sobreviven como parásitos por las alianzas. Por el solo hecho que suscriben un pacto, con frecuencia de simple adhesión.

Logran ridículas votaciones pero se las ingenian para colocar alguna de su gente en las nóminas de los diputados y/o de los ayuntamientos de un partido grande. Forman parte del ramillete sin tener raíz propia.

Los grandes los buscan para el paquete, para vender la idea que cuentan de amplio apoyo. Existen únicamente por los rótulos y la bulla, y los ecos se recogen con increíble generosidad los medios.

El meollo está ahí en la aplicación concreta de los criterios de la ley. Caer fuera de ese ámbito acusándolos de oportunismo y vagabundería política no ayuda. Todo lo contrario: debilita la sanidad y urgencia de la sincerización legal de los partidos.

© Julio Brea Franco 2008
Florida, USA
Publicado originalmente en Periódico HOY de
República Dominicana
Agosto 12, 2008

August 5, 2008

La paranoia de la reforma

Apenas cinco meses después de la firma de la Constitución de los Estados Unidos de America en el verano sofocante de 1787 en Filadelfia, George Washington le escribía a Lafayette –el “héroe de los dos mundos”- compartiendo sus impresiones.

Fue un pequeño “milagro” – le comentaba- que delegados de estados tan diferentes en costumbres, circunstancias y perjuicios lograran formar un sistema de gobierno nacional, pese sus diferencias de criterios.

Washington en su correspondencia, sin embargo, no hizo mención alguna a su inicial renuencia a asistir a la convención que se iniciaba en mayo, pues al mismo tiempo y en la misma ciudad, los presbiterianos habían organizado una reunión “continental” y, sobretodo, la Sociedad de Cincinnati, que agrupaba a los veteranos de la Guerra revolucionaria. Más que la primera, era esta última la que creaba inquietud: siempre los veteranos se consideran una amenaza política. Lo peor era que el general Washington había sido antes escogido presidente de la sociedad

A fuerza de mucha insistencia fue que Washington, finalmente, accedió a participar manejándose con gran prudencia cuando se planteaba el tema de la sociedad de veteranos. Asistió pese a su duelo por la muerte de su hermano querido y el reumatismo que lo había inmovilizado en los meses anteriores.

En nuestro país, contrariamente, un milagro como el de Filadelfia no se ha producido en nuestras constituyentes; ni menos todavía el General Pedro Santana hizo gala de prudencia y delicadeza evitando imponerse, con la fuerza como lo hizo, a los constituyentes de San Cristóbal en 1844.

Todavía hoy luce alejada cualquier posibilidad. Constituyente o Revisora continua siendo el aut-aut. En la oposición, o cuando no se dispone del control congresional, se iza la bandera de la Constituyente; desde el gobierno la de la Revisora.

Esta discusión es inmune a los razonamientos. Lo que cuenta es el control para imponer reglas y criterios. Ahí entonces donde radica el desacuerdo.

Se empezó a hablar en serio de reforma constitucional solo después de desplazar en la elecciones del 2006 a la “dictadura de la mayoría” que para el Presidente Fernández era el mal y la rémora para su “revolución democrática”.

Hay, sin embargo, más paranoia que temores reales a la reforma anunciada. La reelección es un tema sinfín. Ya se verá como llega el proyecto al Congreso o como se intenta cambiar en las discusiones. Mas alla de ese aspecto tan sensible, hay muchos otros en los que puede haber entendimiento.

La constitución americana no fue el resultado de un gran y previo acuerdo político. Fue más bien el producto de una serie de compromisos puntuales pero actuados con nítida visión política.

El asunto no es lo que puedo, como partido, conseguir ahora. Sino de qué podría disponer en la oposición, en la que puedo estar mañana, y qué garantía tendría para que el gobierno no me castre. Es un asunto de pensar en el hoy, en el mañana y en el pasado mañana. Si por ahí caminamos quizás podríamos acércanos al milagro.

© Julio Brea Franco 2008
Florida, USA
Publicado originalmente en Periódico HOY de
República Dominicana
Agosto 5, 2008

July 29, 2008

Elecciones secuenciales

No puede plantearse la sincronización de los actuales mandatos del Congreso y los Ayuntamientos con el del Presidente de la República sin que previamente se ajuste el calendario de las elecciones. Una decisión es requisito de la otra.

Desde 1996 se escuchan críticas sobre la separación de las elecciones, instaurada más por motivos de coyuntura y negociación que por escogencia racional de política institucional.

Hoy los planteamientos proliferan precisamente ante la posibilidad de una reforma constitucional, pues ha de ser en ese nivel normativo donde deberá hacerse cualquier modificación. Se han perfilado tres posiciones distintas: una aboga por el status quo, otra por la simultaneidad de los comicios según el esquema aplicado en 1994; y otra más que aboga por el acercamiento de las elecciones pero manteniendo la separación.

La simultaneidad de las elecciones a la luz de la experiencia nuestra no es recomendable. Hasta 1994 las elecciones creaban un ambiente muy pesado. Las congresionales y las locales generan muchos conflictos por las tantas aspiraciones, y por las luchas para controlar el Congreso y los Ayuntamientos. Las presidenciales quedaban atrapadas en ese clima desluciéndolas, debilitando su legitimidad e intranquilizando más de lo debido.

Sin embargo, dos años de distancia en la política dominicana es mucho tiempo. Las nuestras son verdaderas orgias electorales. La política se ha convertido cada vez más en negocio y no está resultando nada fácil reorientar las cosas. De ahí, que es conveniente acercarlas al punto que puedan ser realizadas en un periodo menor de un año.

El siguiente es un cronograma, pensado a la luz de los deseos de limitar las campañas electorales, de eliminar los festivales legislativos en los interregnos de los gobiernos, de mantener los beneficios de una mejor distribución de la conflictividad, y de otras inconsecuencias que ha arrojado la experiencia electoral nacional. La idea propone las elecciones secuenciales.

La celebración de las congresionales-municipales el último domingo de noviembre; instalación del nuevo Congreso el 27 de febrero; elección presidencial el primer domingo de junio y la eventual segunda vuelta el primer domingo de julio. Juramentación y toma de posesión del Presidente electo el 16 de agosto.

En septiembre, y para las congresionales, han de programarse las primarias. El 1 de octubre se iniciaría el proceso electoral con presentación, en la primera semana, de las alianzas y candidaturas; la segunda semana, ya determinados los candidatos, se fijaría el inicio de la campaña electoral; votación el último domingo de noviembre. Habría tiempo suficiente para conocer, decidir, impugnar y proclamar. El periodo navideño seria de enfriamiento y descanso. Se instalaría el Congreso antes de la elección presidencial.

En cuanto a las presidenciales, las primarias deberían llevarse a cabo todas en enero hasta el 15 de febrero. El inicio del proceso sería el 1 de marzo, Alianzas y presentación de candidatos antes del 31. El primero de abril inicio de la campaña. Y elecciones el primer domingo de junio. De ser necesaria la segunda vuelta ocurriría el primer domingo de julio. Finalmente, instalación del Presidente el 16 de agosto.

© Julio Brea Franco 2008
Florida, USA
Publicado originalmente en Periódico HOY de
República Dominicana
Julio 29, 2008

July 21, 2008

El peso del Senado

Lograr menos Congreso vía la reestructuración del Poder Legislativo no luce muy probable por el momento. El Senado, en el sistema político nuestro, desempeña un rol de gran peso al extremo que su supresión conllevaría un cambio en profundidad en el modo de gobernar.

Hace más de 40 años se importaron en la Ciencia Política teorías y enfoques de otras disciplinas sociales. Esas influencias y adaptaciones contribuyeron a forjar el avance científico de la politología. Sin embargo, no fueron adopciones puras y simples. Dejaron algo pero fueron paulatinamente superadas. Robert Dahl, en los inicios de los años 60, en el titulo de un ensayo acerca del “comportamentismo” escribía el epitafio “para una protesta exitosa”.

Sucedió así con el estructural-funcionalismo, la teoría del sistema político, la teoría decisional y algunas más. Con la primera Gabriel Almond contribuyó al estudio comparado de la política, al desarrollo político y la cultura política. Planteaba que una cosa son las etiquetas, otras el contenido y lo que hacen. Cuando se habla de parlamento y sus funciones no quiere decir que en todos los países sean y hagan lo mismo.

Las instituciones surgen en contextos distintos y pueden desempeñar tareas muy diferentes. De ahí el imperativo de trascender las denominaciones, estudiar las estructuras y determinar las funciones realizan. Hay que tener sumo cuidado con las comparaciones. Y el peligro en la importación de modelos. El punto de partida ha de ser el análisis la propia realidad. Por ello reformar no es importar. Puede que el monocameralismo funcione en otros países pero hay que ver el papel que desempeña

El Senado no solo es importante por las funciones que le reserva la Constitución. Para entender su rol en el sistema deben relacionarse con otros elementos Por ejemplo: su composición y la manera en que se integran.

El Senado además de ser un cuerpo colegislador es el que tiene la atribución de elegir la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas (hasta 1994 todo el poder judicial); decide si destituye o no un funcionario electivo acusado por la Cámara de Diputados. Por igual es el que da o no el visto bueno a los nombramientos diplomáticos del Poder Ejecutivo.

El Senado se elige en base el principio mayoritario mediante un sistema de mayoría relativa en circunscripciones uninominales. Los datos comprobables muestran que desde 1924 al 2006 la mayoría que gana la Presidencia de la República obtiene su control absoluto con la excepción única de 1978. El sistema electoral sobre premia en escaños a la mayoría.

Por eso es una pieza esencial para gobernar en República Dominicana. Es el que le provee al Ejecutivo el control de otros músculos del Estado asegurándole ventajas inclusive para su reproducción política.

Pulverizar el Senado en pos de una sola asamblea legislativa implica la abdicación de una herramienta de poder muy útil. ¿Es eso factible? Mas acá del radicalismo lo que si ha de reflexionarse es reajustar el sistema electoral o empujar algunas atribuciones hacia la Asamblea Nacional.

© Julio Brea Franco 2008
Florida, USA
Publicado originalmente en Periódico HOY de
República Dominicana
Julio 22, 2008

July 21, 2008

Menos diputados, menos Congreso

El Presidente de la Cámara de Diputados ha estado muy prolífico en propuestas de reforma. Quiere menos diputados, menos Congreso y la reunificación de las elecciones. Son muchas propuestas avanzadas al mismo tiempo y cada día agrega otra. Si bien son aspectos relacionados ampliar la lista contribuye al lo de siempre: mucha generalidad y nada específico. Y eso no ayuda.

Ninguna de esas ideas es nueva. Se ha hablado tanto de la congelación del número de los diputados y de igual manera de la reconjunción de las elecciones. Con menos frecuencia se trata de la unicameralidad del Congreso.

El mismo Lic. Valentín ya las había expresado en el contexto de un seminario celebrado hace ya unos buenos y largos meses. Los planteamientos que ha hecho son de interés y deberían ser asumidos como tales. No deben de descartarse porque puedan ser la expresión, como se ha sugerido, de un afán de distracción sobre el aumento recientísimo de los “sueldos” de los diputados o que haya sido una maniobra para reconsiderar la extensión del actual mandato mas alla del 2010.

Sería bueno que el Diputado Presidente avanzara más en sus propuestas. Señalamientos generales generan opiniones genéricas. Eso es lo que más abunda entre nosotros. Todo el mundo opina y es experto de todo. Y eso, a pesar de que “siempre es preferible saber pocas cosas bien que muchas mal”.

Es necesario ser específico. El mismo anteproyecto de reforma constitucional que reposa en manos del Presidente de la República fija el número de diputados en 150 pero no completa la manera de su distribución: 2 por cada provincia que serian 64, 5 por lista nacional pero deja a oscuras la distribución de los restantes 81. De qué forma se determino la cantidad de 150 eso parece que fue una inspiración de los dioses.

Valentín también sugiere 150 de los cuales 120 serian distribuidos en circunscripción electorales y 30 de lista nacional. El asunto queda incompleto pues nada dice de cómo distribuir los 120. Si quiere enriquecer su planteamiento es esencial que la complete aunque sea tan solo una idea-propuesta. Pero nada se avanza dejando el asunto abierto.

El número de diputados no hace un buen parlamento. Valentín esta consciente de eso. Si hay sesiones maratónicas es porque seguimos con procedimientos parlamentarios anticuados, fundados en una concepción de congreso de plenario y no de comisiones como es lo más lógico y racional en los parlamentos numerosos.

Reducir el tamaño de la cámara es más que recomendable. Pero el meollo no es la reducción de gastos; es para hacerla más ágil, más funcional no únicamente en sus responsabilidades de creación de normas sino de control político.

Lo de la sincronización de los periodos entre el ejecutivo y legislativo para la reunificación de las elecciones los intereses creados la traban. El senador Mariotti sugiere ahora el 2016. No habrá de sorprender que algún otro planee que se haga para el bicentenario de la República

© Julio Brea Franco 2008
Florida, USA
Publicado originalmente en Periódico HOY de
República Dominicana
Julio 15, 2008

July 21, 2008

En el despues

El enjuiciamiento de la Cámara de Cuentas (CC) fue posible por voluntad política del Gobierno y del partido oficial. Los partidos de oposición estaban en pie de guerra, es cierto pero lograr mayorías densas en cada una de la Cámaras no hubiese sido posible con la oposición del Poder Ejecutivo. La composición actual del Congreso lo muestra claramente: (178 Diputados: PLD-96; PRD-60; PRSC-22) (32 Senadores: PLD-22; PRD-6; PRSC-4)

Mantener los miembros de la CC no le convenía a nadie. Y al gobierno menos. El ambiente estaba demasiado rarefacto para optar por otra línea de acción. Había que evitar ser salpicado. Además, el control político de la CC seguirá asegurado en la venidera designación. Sera un cambio de gente pero todo seguirá igual.

El juicio político concluyó deslucido. Solo uno de los miembros terminó enjuiciado y destituido. Es algo que debería tomarse en cuenta para el futuro: las renuncias deberían ser solo posibles hasta antes del inicio el juicio en el Senado. Eso de renunciar unas horas antes cuando ya la suerte está echada es desvalorizar el mecanismo.

Las renuncias fueron inelegantes. Sobre todo las últimas. Ese afán por seguir en los puestos no era más que un intento de salirse con las suyas. Había que estar muy obcecado para no realizar que la credibilidad se había evaporado por completo y que carecía de sentido permanecer en los cargos en esas condiciones.

Una nota sorprendente fue las calificaciones de honorabilidad y seriedad de los miembros renunciantes y destituidos que tan generosamente se escucharon en el Senado. No venia eso al caso pues una destitución por faltas en el ejercicio de las funciones no atañe necesariamente a las calidades personales. Lo importante es no hicieron su trabajo adecuadamente.

El propósito del juicio político es la destitución. Por consiguiente, el marco de referencia son las funciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes le asignan. Claro, no son cualquier falta, son las graves. De ahí lo que se enjuicia es lo que hicieron, por comisión u omisión, contrario a lo que debían hacer. Ese es el punto. Si se detectan elementos de índole penal, es en la justicia ordinaria es donde hay que actuar.

El procedimiento se definió momentos antes de la investigación y elaboración del pliego acusatorio y, posteriormente, del enjuiciamiento propiamente dicho. Se debe trabajar en eso aunque sea en un “interna corporis” porque en definitiva son funciones que corresponden al Congreso.

Los pasibles de juicio político son funcionarios electivos en primer o segundo grado. La constitución es clarísima. Si lo que se evalúa es un ejercicio de funciones, la defensa no tiene porque encomendarse a terceros. Quien desempeña el cargo es el que tiene que responder. Los abogados a lo sumo pueden ser a consultores “in situ”.

Sería un desatino reducir la mayoría de la ¾ partes de los miembros. Por varias razones. El juicio político es un mecanismo de excepción. No la regla. A menos que queramos relajarlo como en Ecuador.

© Julio Brea Franco 2008
Florida, USA
Publicado originalmente en Periódico HOY de
República Dominicana
Julio 8, 2008

July 21, 2008

Paradoja de la reforma

Resulta paradójico abogar por una reforma “global” del sistema electoral dominicano y urgir, al mismo tiempo, que sea realizada en unos pocos meses, de manera que este lista antes de las venideras elecciones. Una reconstrucción “total” requiere de mucho análisis, discusión, participación. Es un acto de inteligencia y concertación.

Las reformas electorales realizadas en los últimos 50 años se llevaron a cabo en la proximidad de comicios. Salvo las de 1962 y 1997, que fueron reformas extensas, todas las demás han sido modificaciones puntuales y, las más de las veces, contingentes e interesadas.

La ley No. 600 del 11 de mayo de 1977 y la No 3-86 del 3 de febrero 1986 son paradigmáticas. La de 1986 fue una modificación a la ley del Registro Electoral, que dió al traste con la seguridad electoral: las reglas del juego no pueden cambiarse al último momento. No existe en nuestra Constitución disposición alguna que asegure esta seguridad restringiendo cambios en la normativa electoral en los ocho meses previos a una elección.

El peligro que la iniciativa sucumba es enorme. La nuestra es una política huérfana de sentido de Estado, desprovista de ideas, concepciones y planes. Nuestras competencias electorales se han convertido en cruda garata por el poder basada en el dinero y por dinero.

Objetivamente es difícil tratar de propiciar, en este tipo de ambiente, una reforma profunda y amplia del sistema electoral. Pero lo seria por mucho más si se hace ante la prisa y la presión de elecciones próximas, cuando como ya se aprecia la proliferación de tantas ambiciones en elecciones por los puestos congresionales y municipales.

Por otra parte, continúa la presentación de proyectos de ley surgidos en el Congreso Nacional como iniciativas aisladas, que no toman en consideración el conjunto ni las consecuencias y requerimientos que pueden implicar para los votantes y la administracion de las elecciones.

Evitar el ruido de la pugna de intereses coyunturales y la dispersión de las iniciativas es necesario si se busca una reforma electoral de largo respiro. ¿Por qué es necesaria y recomendable? Simplemente, porque nuestra legislación es disfuncional, poco clara, incoherente y muy antigua. Muchas de sus disposiciones provienen de la ley cubana de 1908, por demás muy mal adaptadas.

Considerables son los avances en la teoría y técnica electoral en general.
La experiencia ha evidenciado, además, los muchos aspectos que requieren reglamentacion y procedimientos de controles necesarios para asegurar la competición electoral.

Para encarar la dispersión normativa esta la opción de su codificación en un único instrumento llámese este Código Electoral o Ley Orgánica de Elecciones. Pero elaborar un código es tarea muy ardua que exige mucha dedicación y atención.

La JCE es la llamada a asumir el liderazgo institucional de la reforma. Pero no siendo únicamente reactiva ante los planteamientos de los partidos y otras entidades de la sociedad. Ha de asumir, proactivamente, la responsabilidad de animar y conducir el proceso, sin prisas ni festinación.

© Julio Brea Franco 2008
Florida, USA
Publicado originalmente en Periódico HOY de
República Dominicana
Julio 1, 2008

June 22, 2008

Mas aca del Juicio Politico

Se advierte mucho malestar público en el asunto de la Cámara de Cuentas. Una gestión conocida, no por el cumplimiento de sus funciones, sino por la búsqueda prioritaria de los intereses particulares de sus integrantes.

La primera piedra de escándalo fue el aumento de sus salarios (aprobado por 8 de 9 miembros en enero 2007) deslizado a la opinion pública cuatro meses después. Causó revuelo entonces y se alzaron voces para pedir renuncia y luego destitución. Al final, la tempestad se disipó y nada se hizo. Lograron una “segunda oportunidad.

La guerrilla interna incontenida ha puesto en claro la pugnas y el manejo alegre de cargos y dineros. Nueva vez, uno de la grey, implora por “otra oportunidad”. Pero esto no son asuntos que se resuelven con absoluciones y penitencias. Más alla de lo que pudiera tipificarse como “faltas graves en el ejercicio de las funciones”, lo que impera es desconfianza pública en esa gente.

La falla no radica en el mecanismo de designación –que puede definitivamente mejorarse-, en su porosidad a los intereses partidarios. Esa asepsia es imposible de lograr dada la escasez de ángeles públicos. Las soluciones institucionales pueden contribuir a que las cosas puedan ser algo mejor pero no sirven para cambiar calidades humanas ni cultura pública. El manejo de instituciones autónomas expone y tienta más cuando se actúa en un ambiente descapitalizado de moral pública.

Al parecer todo puede lograrse sin riesgo de sanciones, sin desprestigio, sin indagatorias de tipo alguno. Es un paraíso para la trampa, para el delinquir y el aprovechamiento personal. Y así no puede ser ni seguir.

Pronto se sabrá si habrá o no juicio político. Si terminará con la destitución de la Cámara o si concluirá con una censura, solo eso y nada más.

El juicio político está previsto cuando hay faltas graves en el ejercicio de las funciones. Requiere y supone de la Cámara de Diputados una indagatoria seria y pormenorizada de los hechos vaciados en un pliego acusatorio. Tanto en ella como en el Senado la mayoría mas calificada (3/4 partes de los miembros). Si el informe no es contundente o no se logra la densa mayoría, nada más puede hacerse.

Si eso sucediese ¿con qué grado de credibilidad terminará esta Cámara de Cuentas tan maltrecha? Hay un hueco en nuestro sistema constitucional con respecto estos órganos tan especiales como son la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas. Son ambos electivos en segundo grado: la designación corresponde a un cuerpo representativo, el Senado (que en absoluto no es el más adecuado).

Resulta que si la JCE y CC han de ser “superpartes” y para ello se toma el cuidado de que sean el fruto de una concertación para acentuar su confiabilidad, ¿qué hacer cuando la pierden sin que haya ningún tipo de “falta grave”?

En este caso, la remoción, sin tener que llegar juicio político, es el mecanismo recomendable. Este es el “recall”. Más acá del juicio político.

© Julio Brea Franco 2008
Florida, USA
Publicado originalmente en Periódico HOY de
República Dominicana
Junio 24, 2008