March 31, 2008

El duelista

Las elecciones son momentos del proceso político. Históricamente son únicas e irrepetibles. Sin embargo se analizan con detenimiento para extraer pistas acerca del funcionamiento del sistema político y de algunos de sus subsistemas: el electoral, el de partidos, el parlamentario.

Los momentos electorales siempre reflejan la coyuntura. De ahí la importancia tan predominante de la mercadología o “marketing electoral”. Pero hay elecciones en las que se manifiesta algo más hondo que un simple cambio de humor: muestran un realineamiento de las preferencias que pueden ser situacionales o más profundas, pues implican modificaciones en la base de apoyo de los partidos. Son esas elecciones de “conversión”, las que producen trasformaciones en el sistema de partido o hasta su misma crisis. De ahí que se consideren “terremotos electorales”.

Las elecciones “normales” o continuas tienen a ser más frecuentes que las elecciones críticas o de conversión. La normalidad o criticidad de las elecciones puede considerarse también desde la perspectiva dual, participación-ausentismo, más acá de la votación obtenida por los partidos. La serie historia de esos indicadores a partir de 1974 –cuando se uso por vez primera el registro electoral- no muestra cambios dramáticos en el sistema de partidos.

Aparte el ausentismo de las congresionales-municipales, con sus tasas altas (47, 49, y 42%), en las elecciones restantes llama la atención el proceso de 1990 y de paso invita a comentar las de 1974.

Si bien Bosch amenazó con su retiro en 1962 apenas siete días antes de las elecciones del 20 de diciembre, la crisis pudo ser superada. No así la de 1974 El Acuerdo de Santiago tomo la decisión de abstenerse por el “clima de represión política y militar” imperante. La JCE dio constancia el 15 de mayo.

El 1974 muestra el cuidado que ha de tenerse en eso de interpretar la “abstención”. El cálculo aritmético (sufragantes menos registro electoral) resulta que un 24% no acudió a votar. ¿Fue únicamente ese el apoyo del Acuerdo de Santiago?

La abstención o rechazo como disenso no se manifiesta únicamente no votando. Hay que considerar el voto nulo que fue de un 24 %. Ciertamente que no todos los que anularon su voto estaba con el acuerdo pero hay razones suficientes para considerar que su apoyo electoral fue muy considerable.

Lo mismo puede afirmarse de 1990. Los no votantes resultaron un 39% pero en realidad el desinterés fue mayor. El incremento de inscritos en el registro- que había sido en promedio de un 15% en las tres elecciones anteriores- fue de apenas un 8%. Fue el crecimiento más pobre en toda la historia. ¿Significo eso que el sistema estaba en crisis? La explicación más probable fue que la crisis del PRD produjo el desinterés de un segmento electoral.

El PRD ha sido un importante duelista electoral que aun mantiene un considerable respaldo. La abstención del 1974 sacudió al gobierno de Balaguer. Sino véase todo lo que hizo para forzar la participación de la oposición en las siguientes de 1978.


© Julio Brea Franco 2008

Florida, USA
Publicado originalmente en Periódico HOY de
República Dominicana
Abril 1, 2008

March 24, 2008

El voto de los que no votan

La abstención no es signo de apocalipsis. El que no vota no lo hace necesariamente como expresión negativa hacia los partidos ni contra las elecciones. Es por eso que “abstención” es un término insatisfactorio pues no recoge todas las posibilidades: hay gente que no vota por múltiples razones que en nada tienen que ver con el encono. Incluso puede haber indiferencia y hasta desinterés.

Mejor es “ausentismo” o simplemente “no votantes”. Pero en cualquier caso se requiere prudencia en avanzar conclusiones a la luz de los porcentajes electorales. Algunos gustan de hablar del “vaso medio vacío” y no del “medio lleno”. Es mucho mejor considerar los índices de participación electoral. El ausentismo es un residuo que solo en ocasiones de “terremoto electoral” puede ser tomado como un síntoma claro de desencanto y disfunción.

La participación puede calcularse con base a tres referentes: la población total, la población en edad de votar y los inscritos hábiles en el registro electoral al momento de la elección. Son tres indicadores con distinto grado de precisión aunque se complementen y contribuyan al análisis de la consistencia.

El hecho que fue en 1974 cuando se empezó a utilizar el registro dominicano no por ello no se pueda calcular la no participación aunque solo con base a los dos primeros referentes. En Estados Unidos no existe (ni se ha querido) un documento de identificación único a nivel nacional. De ahí que el ausentismo se calcula sobre la población en edad de votar tiende a ser más alto. Sin embargo, a nadie se le ha ocurrido afirmar que el porcentaje de no votantes en las elecciones americanas es la expresión de una crisis del sistema político y de partidos.

Calcular el ausentismo sobre la base del registro electoral conlleva por igual algunos límites. ¿Cuáles es la inclusión y/o exclusión del registro? Uno bueno ha de incluir la mayor cantidad de personas en edad de votar y, por ende, el menor porcentaje de exclusión, es decir, lo que están fuera de él.

Nuestro registro no es malo: incluye el 92% de la población electoral y el 60 % de la población total. La exclusión es de apenas un 8% (medio millón de ciudadanos) dos puntos menos de los estándares internacionales. Y eso con la deficiencia del registro civil. Sin embargo esos índices no nos hablan de la calidad del registro: de los fallecidos, de los ausentes y otras “suciesas técnicas”. Hay un margen cuasi inevitable de ellas.

La abstención, considerada como la porción de los no votantes que decide conscientemente y como opción política no hacerlo, es difícil calcularla a la luz de los resultados agregados. Los resultados electorales hablan de qué se votó pero no porqué se voto. Desde 1950 es paradigma considerar que se incurre en un “falacia ecológica” cuando, de datos agregados, se pretende inferir las motivaciones de los que votan o no. Eso solo se puede hacer con sondeos y encuestas. Y sin ellas es una fantasía hablar del voto de los que no votan.

© Julio Brea Franco 2008
Florida, USA

Publicado originalmente en Periódico HOY de
República Dominicana
Marzo 25, 2008

March 16, 2008

El gobierno como consecuencia

Rodríguez Zapatero fue electo por sexta vez consecutiva Diputado al Congreso en la provincia de Madrid. No lo fue como Jefe del gobierno. En un régimen parlamentario –y España lo es- el gobierno es una consecuencia y no un producto directo de las elecciones. No puede entonces hablarse de la reelección del Presidente del Gobierno. Es incomparable con nuestras reelecciones.

El gobierno puede ser muy previsible cuando hay una mayoría nítida: los votantes saben de cual partido será. Es el caso español. En Italia es muy diferente: aun logrando la victoria relativa un partido hay que esperar la concertación de las alianzas necesarias para compactar una mayoría gobernante.

La formación del gobierno empieza cuando culmina el proceso electoral. Cuando a la luz de los resultados definitivos y la determinación de los electos se constituye el nuevo parlamento. Si bien las Cortes Generales Españolas es un órgano bicameral, es el Congreso de Diputados el que representa el pueblo español. Está compuesto por 350 miembros. Es la verdadera arena política. El domingo 9 de marzo los socialistas obtuvieron 169 escaños y los populares 153. Por ello el gobierno será socialista y Zapatero su Presidente por ser el líder del partido.

Quien escoge y propone el Presidente del Gobierno es el Rey, que en consulta con los grupos políticos con presencia parlamentaria, se decide por un candidato del partido ganador de la elección.

Como presidente propuesto debe este someter su programa político a los diputados quienes deberán aprobarlo por mayoría absoluta. Solo después de la aprobación se procede a la Investidura. El propuesto se convierte en Presidente de gobierno. Es un procedimiento bastante típico en un régimen parlamentario.

Al concluir la jornada electoral del domingo 9 de marzo, y en apenas cuatro horas –entre las ocho y las 12 de la noche- fueron procesadas las cifras preliminares de una jornada electoral sin incidentes. 894 mil españoles por encima de la votación de los populares (PP), votaron a favor de los socialistas (PSOE). La diferencia fue de tan solo un 3.5 por ciento de los 25 millones 514 mil 571 votos. La participación fue bastante buena: 75.33 por ciento.

España empezó su proceso electoral mucho después que República Dominicana y lo termino mucho antes de lo que lo haremos nosotros. Fue una campaña corta con dos debates “cara a cara” entre los dos líderes principales.

Los resultados reconfirmaron un bipartidismo perfecto. La estabilidad en la mayoría gobernante con alternabilidad ha contribuido a un gobernar con respiro y alcance.

Las elecciones reiteraron la fe y la credibilidad de los españoles en su democracia, en las elecciones y en sus instituciones. En la administracion electoral se involucra el Ministerio de Interior. Por eso, al final del recuento, comparecieron en televisión tanto la Vicepresidente del Gobierno como y el Ministro de Interior, ambos socialistas, para informar de los resultados. Quizás algo impensable aquí con homólogos a lo Almeyda Rancier.

Los resultados del domingo en la noche fueron preliminares. El escrutinio en las Juntas provinciales empezó tres días después. Este segundo escrutinio es la base para el resultado definitivo. En España, como en muchos otros estados, se diferencia claramente las tres etapas de un cómputo electoral: la preliminar, la provisional y la definitiva.

Con 25 millones de votos, 60 mil mesas electorales, boletas para 100 partidos y con un territorio 10 veces mayor que República Dominicana, cabe la pregunta: ¿Cómo lo hacen en cuatro horas?

Utilizan el teléfono. En cada mesa hay un representante de la Administracion. Durante la jornada hace tres reportes sobre la concurrencia y las novedades (a las dos, las seis y a las ocho). Cuando cierran la votación a las ocho, se procede al escrutinio, se levanta el acta y se entrega una copia al administrativo quien comunica los datos telefónicamente a un centro de acopio. De ahí al computador central del Ministerio y al público de inmediato.

¿Que sucede si hay inconformidad o algún error en los datos preliminares? En la Junta Electoral Provincial correspondiente se presenta el recurso de recuento en la circunscripción durante el segundo escrutinio. Es precisamente lo que sucedió y aun se discute en la provincia gallega de Pontevedra.


El ambiente político es tan diferente que los dominicanos tenemos que emplear más de 200 millones de pesos para que en 740 recintos, la mitad de las mesas (6,599) puedan transmitir directamente la copia escaneada del resultado la noche del 16 de mayo con la esperanza de disponer el 50 porciento del resultado a medianoche.

La fe de los españoles no es la nuestra. Sin embargo, alla no todo es color de rosa. Hay insatisfacciones, aunque crean en sus elecciones. Los observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) señalaron algunas en las anteriores elecciones de 2004 y probablemente lo volverán a hacer: los desequilibrios en la representación en algunas provincias y entre partidos problemas con las boletas electorales y el procedimiento en el escrutinio.

Un diputado en Madrid representa 140 mil votantes; uno en la Provincia de Soria, en León y Castilla apenas 30 mil. Con el 5 por ciento de los votos (casi 1,3 millones), Izquierda Unida (IU) obtuvo cinco diputados; mientras que la federación de partidos catalanes (CiU), con el 3,2 por ciento (835.000 votos), logró diez escaños; el PNV, con apenas el 1.6 por ciento de los votos, consiguió siete.

Con las papeletas, los observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, han expresado sorpresa con la práctica de destruirla inmediatamente después de la realización del escrutinio lo que no permite su recuento hasta la determinación de los resultados definitivos y el conocimiento de las impugnaciones y reclamos electorales.

Por otro lado les preocupa muchísimo que los partidos impriman también las papeletas y que la administración envié millones de ellas a electores para que voten por correo si así quieren o lo requieren. Tantas papeletas en circulación sin control puede prestarse a manipulaciones y tramposerías.

Esta cara oculta de las elecciones españolas sin embargo no ha creado problemas: la gente cree en el sistema. Y eso es fundamental para su funcionamiento.

Versión ampliada
© Julio Brea Franco 2008
Florida, USA

Publicado originalmente en el blog de Julio Brea Franco
República Dominicana
Marzo
16, 2008

Versión breve publicada
Publicado originalmente en Periódico HOY de
República Dominicana
Marzo 19, 2008

March 9, 2008

En el rebullir de los partidos

Ni los partidos ni el sistema de partidos están en crisis. La evidencia empírica muestra lo contrario. Insistir en que sí lo están o que transitan en sus prolegómenos, da mucho en que pensar: hay miopía analítica, mucho de subjetividad interesada y deseos muy particulares. Lastimosamente especulamos mucho, analizamos poco e investigamos menos. Y frecuentemente con cuestionable metodología.

Un sistema de partidos no es más que un conjunto de autonomías que interactúan, que cumple funciones básicas en un ambiente político y cuya configuracion y perfil deriva de dos criterios cuantificables: la votación electoral y las cuotas de poder que logran.

La diferencia entre la votación y los puestos que se adjudican se debe al sistema electoral que actúa como elemento distorsionador o como filtro. Los partidos logran votaciones pero los puestos no son el espejo de la proporción de los votos. Lo podemos advertir considerando las votaciones partidarias y la resultante composición actual del Senado. Por igual, en la Cámara de Diputados, aun si con menor dramatismo.

Los partidos bullen y rebullen elecciones tras elecciones pero los cambios ni han sido dramáticos ni transformadores. Lo que define un sistema de partidos es el número, pero no el total de partidos reconocidos jurídicamente. Se toman en cuenta “los que cuentan”, los de mayor capital electoral y cantidad de puestos que obtienen.

Este “numero efectivo de partidos” se calcula con operaciones matemáticas de acuerdos a diferentes propuestas. Hay algunas –la de Laakso y Taagepera 1989- más difundidas que otras pero, en realidad, hay familias de indicadores complejos o agregados que miden variadas dimensiones de los sistemas de partidos. La aplicación de la matemática a la Ciencia Política ha sido muy rentable.

Del examen de los resultados correspondientes a las últimas 10 elecciones salta a la vista que tan solo tres partidos, considerados individualmente, han concentrado por encima de un 88% de las preferencias electorales. De un 95% en 1982 a un 88% en el 2006.

La evidencia empírica muestra la estabilidad del sistema. Se ha intentado romper con este esquema pero el resultado a ha sido infructuoso. Si luego se consideran los resultados agregados de las tres alianzas los datos son aun más elocuentes: 99 % de las preferencias en el 2004 y el 97.50 en el 2006.

Los tres partidos principales en 1982 lo continúan siendo. Habrá que esperar si las presidenciales del 2008 evidenciarán el vaciamiento del PRSC como algunos anuncian.

Ni siquiera el ausentismo, -la impropiamente llamada abstención- ha mostrado crecimiento abrupto y sostenido. Las congresionales-municipales dominicanas reproducen lo que en ciencia política ya se ha observado en este tipo elecciones a nivel internacional.

Más que los partidos, lo que sobrecoge es la política, la que se ha trocado en corrupta, vacía e irresponsable. Es la mala política precisamente la que reflejan los partidos; pero es ella la que concita los aplausos y entusiasmos mayoritarios de los que votan. Este fenómeno es el que se debe explorar sin dilación.

© Julio Brea Franco 2008
Florida, USA

Publicado originalmente en Periódico HOY de
República Dominicana
Marzo
11, 2008

February 17, 2008

La competencia imperfecta

Si ningún sistema electoral es perfecto tampoco lo ha de ser elección alguna. La teoría democrática plantea la competencia política perfecta como una situación ideal, como herramienta heurística. De todos modos, el modelo de la perfección procura efectos prácticos: es aspiración inspiradora y prescriptiva en los esfuerzos de reglamentación. Las elecciones en la realidad, por el contrario, se realizan en situaciones imperfectas.

La realidad es siempre mucho más compleja y elusiva. No es el simplismo de las dicotomías maniqueas. Las elecciones son momentos del proceso político y, como tales, son únicas e irrepetibles. Habrá en ellas situaciones similares pero las condiciones específicas en que se realizan siempre serán distintas.

El ser únicas e irrepetibles no condena el análisis a la perspectiva histórica. El objetivo del estudio es el de encontrar elementos recurrentes. Esa es la razón de las ciencias sociales.

Las elecciones como eventos políticos han de ser mejor vistas y entendidas si imaginamos una línea contigua con dos polos extremos. Uno de ellos estaría definido por el caso de una elección sin escogencia ni competencia alguna. Son estas las “elections without chorices”, sin opciones. En el polo opuesto del “continuum” se aposentaría la elección de competencia.

En la primera categoría de elecciones agrupa las celebradas en contextos autoritarios y dictatoriales como las del tiempo de Trujillo. Ellas no cumplen con ninguna de las funciones que le reserva la teoría. Al contrario, se organizaban para disponer de un ropaje de legitimidad para consumo externo y tenían la utilidad de inducir a la movilización actuando como mecanismo de control. Era la oportunidad para obligar a la sumisión y detectar desafectos potenciales.

Entre lo peor y lo perfecto se ubican todas las elecciones posteriores. En algunas no se advierte competencia ni presencia de retadores (1970, 1974). Otras, si bien se detectan grados de competición, se llevaron a cabo en una atmosfera de desigualdad de ventajas y posibilidades a favor de la opción oficial del Ejecutivo nacional. En otras, además, se adicionaba la manipulación fraudulenta del resultado (1978, 1990, 1994) de acuerdo a la evidencia empírica disponible u obtenible.

Hemos tenido un poco de todo. Desde elecciones que han sido únicamente periodos de ruido, sin competencia real y/o muy aburridas. Insípidas y carentes de “sex-appeal” cuando brilla por su ausencia el factor de incertidumbre, al punto que el resultado es más que previsible.

Asi fueron las elecciones en la Tercera República, excepto las de 1930. Las elecciones nuestras han evidenciado de manera sobrada la ventaja que dimana del ejercicio del poder alterando en mucho la competencia electoral. Es muy frecuente en elecciones en tiempos de reelección. Lo mismo puede ocurrir si el partido oficial aúpa un candidato propio que no vaya a la reelección. Sin embargo, ese no ha sido lo frecuente: Guzmán no apoyó a Jorge Blanco, Jorge Blanco no facilitó a Majluta, Balaguer conspiró contra Peynado y Fernández no fue consecuente con Danilo Medina.

La denuncia del uso de los recursos públicos en beneficio de los presidentes en reelección ha estado siempre presente. Todos los gobiernos han incurrido e incurren descaradamente en mecanismo de competencia desleal. Sin embargo, ninguna denuncia ni impugnación ante la JCE ha presentado evidencias comprobables de esa flagrante violación. Solo se denuncia pero no se ofrecen pruebas. Y ahí ha estado la gran falla.

En el vivir del ambiente eleccionario se advierte ese uso. La cantidad de vehículos de instituciones del Estado que participan en las movilizaciones es algo común para el ciudadano de la calle. El gasto en publicidad política del candidato oficial queda en entredicho cuando no hay ningún registro de los ingresos y gastos en las campañas.

El uso de los recursos del estado hay que sustanciarlo. Como hacen los educadores para evaluar el rendimiento en un proceso de enseñanza- aprendizaje mediante indicadores observables.

Urge entonces elaborarlos para que la denuncia genérica de esta práctica deleznable se sustituya por impugnaciones y sometimientos a la justicia. ¿No aspiramos a la vigencia de un Estado de Derecho?

Es esa una manera concreta para caminar hacia elecciones más sanamente competitivas: probar y usar la prueba.

© Julio Brea Franco 2008
Florida, USA

Publicado originalmente en Periódico HOY de
República Dominicana
Febrero 19, 2008

February 10, 2008

La patologia electoral

En Ciencia Política, ni en mismo derecho electoral general, abundan los estudios sobre las trampas, la manipulación y perversión de los resultados de las elecciones y la corrupción en las distintas etapas del proceso.

Se habla de patología electoral precisamente porque se dispone de códigos y normas de salud en las elecciones. La patología es, por consiguiente, la desviación de esas normas. En medicina se habla de enfermedad cuando se pierde la salud. La salud es lo ”normal”; la enfermedad la excepción.

El código está definido en la teoría y el derecho electoral. Hay un paradigma claro de lo que es una elección libre, de las condiciones y garantías que han de cumplirse para que el resultado se caracterice –dentro de una escala de diafanidad- la expresión veraz de las decisiones expresadas en las urnas.

Las leyes electorales contienen disposiciones que definen o tipifican los delitos y consignan las sanciones y penas aplicables a los que incurran en ellos. Torcer y alterar documentos electorales es uno de ellos.

Pero el punto no es solo que las elecciones se realicen conforme a la ley. Es fundamental que sean legítimas. La vinculación legal-legitimo no siempre es automática. Se ha dado el caso que el considerando legalmente perdedor emerja con la reputación generalizada de ganador. Cory Aquino, en las elecciones filipinas de 1986, fue un ejemplo elocuente.

De los textos que tempranamente han tratado las desviaciones electorales se destaca el de W. J.M. Mackenzie: “Elecciones libres” Su autor, un destacadísimo profesor británico, lo publicó en 1958. Este “manual elemental” como él mismo lo reputaba, ha sido uno de esos escritos formativos esenciales de los estudiosos de las elecciones. Su traducción en España en 1962 resultó utilísimo en los albores de la transición española en 1977-78

Otro libro, menos conocido fuera de Estados Unidos pero todo un clásico en el estudio de la administración electoral norteamericana, es el del profesor de Ciencia Política Joseph P. Harris, publicado en 1934.

Harris fue un hombre de talento y de gran sentido práctico. Es conocido por demás por haber inventado la máquina de votación de palancas, que todavía se utiliza aun si en unos pocos condados americanos.

El trabajo de Harris incluye, en su rico y detallado contenido, incluye una taxonomía del fraude en las distintas fases de unas elecciones. Es un intento de análisis científico de las perversiones electorales.

Para tratar de examinar la patología electoral desde una perspectiva científica es imprescindible llevar a cabo una rigurosa clarificación conceptual además de un acopio de evidencia empírica sobre las maniobras realizadas (y potenciales) para trastocar el resultado.

“Fraude” es una palabra con una connotación negativa y desprestigiante. Es un término frecuentísimo en los labios de los políticos. Por su uso indiscriminado y alegre ha terminado devaluado. Es fácil hablar del él, demostrarlo y sustentarlo es mucho más difícil.

Mackenzie insiste que ningún sistema electoral es perfecto. Pero ciertamente algunos que son más que otros. Una primera confusión es considerar las irregularidades como fraude. Una cosa son las fallas aisladas o generalizadas que sin duda pueden afectar una elección, pero que no pueden considerarse fraude por no haber sido premeditadas con el propósito consciente de torcer el resultado.

Los problemas confrontados en los cómputos electorales de 2002 y en las del 2006 fueron irregularidades provocadas por un mal diseño del formulario de asentamiento de los resultados en las Mesas. El caso de las elecciones de 1994 fue otro: se hizo una depilación del Registro Electoral con un propósito definido con antelación para alterar el resultado. Hay otros casos, el de 1990, cuando se combinaron irregularidades y a partir de la confusión, se sostiene, se alteró el cómputo.

La única manera para hacer confiable y seguro un sistema electoral es en estudiar los problemas y las denuncias. No quedarse únicamente en afirmaciones ni decires.

Hoy día los alquimistas de los fraudes han de saber que ya no es tan sencillo realizarlos. La repetición de “94 ni es posible ni probable, con el desarrollo de la tecnología que hoy se dispone que permite en horas todo tipo de verificación en cualquier computadora personal con memoria y capacidad de procesamiento.

© Julio Brea Franco 2008
Florida, USA

Publicado originalmente en Periódico HOY de
República Dominicana
Febrero 12, 2008

February 2, 2008

El fotograma electoral

Lo que cuenta en una elección es el resultado. Todo lo demás es accesorio. Obviamente que el resultado no puede ser cualquiera. Ha de ser uno que refleje fielmente las decisiones individuales de los votantes. Y para eso se requieren una serie de condiciones esenciales e imprescindibles: las del ambiente de aceptable libertad e igualdad de oportunidades en la competencia política. Estas nada tienen que ver con la institución que organiza el evento electoral.

La instancia que administra las elecciones será finalmente evaluada por la calidad y consistencia del resultado. De poco servirá lo que diga y prometa antes de su realización. Contar bien y rápidamente es un aspecto, el otro lo será lo será el cómo se maneje esta en el durante y en el inmediato después de las votaciones.

Las elecciones no resuelven los problemas básicos de ningún país. No se hacen para eso. Se realizan buscando que la expresión mayoritaria indique quien debe hacerse cargo de dirigirla. Por eso una elección no es más que un fotograma de un largo metraje que es el proceso político. Es tan solo un breve momento. Solo eso. Nada más.

Cada sociedad expresa el tipo de política que corresponde a su manera de ser, a sus creencias y a su nivel de educación; en una palabra a su cultura política y social. Si bien hay una serie de estándares que se han decantado de la experiencia histórica, la manera en que se realiza no puede ser idéntica en todas partes.

No se puede pretender que el proceso electoral en ciernes en Estados Unidos, el de España que se inaugurara en los meses por venir o el celebrado en Kenia en donde aún sigue la violencia tribal, sea similar al dominicano.

Nosotros no tenemos cultura para el debate ni la confrontación de las ideas, ni visiones maduras sobre los males que nos agobian. Como en Honduras, Nicaragua, Guatemala, Perú, Ecuador y otros mas, nos quedamos en las acusaciones y los ataques de descalificación personal, en los ventajismos, en las maniobras y las manipulaciones.

En nuestras elecciones se advierte con facilidad la inexistencia y orfandad de debate. No hablamos; gritamos. No escuchamos, insultamos. No ofrecemos nada más allá del cinismo. Hay que ganar aunque haya que comprar la prensa y hacer triquiñuelas. De ahí que en los momentos previos a las elecciones se avancen acusaciones de la peor calaña.

Las publicidades electorales reflejan la pobreza y crudeza de la piñata. Pero no son las agencias ni los publicistas los culpables como se ha dicho. Son sus clientes los que compran las campañas porque son esas las que les gustan y las que buscan.

Cuando aumenta la tónica de los insultos públicos surgen las voces de siempre clamando por la moderación. Aquí nunca ha habido moderación y menos ahora cuando se trata de una pelea a trompadas y mordidas por el manejo de los dineros públicos. Esas voces saben que periódicamente se reproduce el mismo ambiente. Las crónicas de los tiempos de elecciones muestran la repetición cíclica de lo mismo. Hasta ahora la sangre no llegado al río.

Ya quedaron atrás los tiempos de los pactos nacionales. ¿Cuántos hemos firmado para ponernos de acuerdo sobre como actuar ante el agravamiento de los males del país? Aquí lo que ha habido han sido negociaciones para resolver situaciones coyunturales. Nada más.

Las mediaciones se debilitaron por desgaste. No es que hayan sido los partidos los que las hayan dañado. Si los partidos ya no las necesitan se debe a que como nunca son autónomos y autosuficientes. Y eso no es nada malo.

Quienes han de bregar con los conflictos son las instituciones. Han sido débiles y cambiantes de acuerdo al humor de los encargados y a los arreglos debajo de la mesa. Pero esas son las que tenemos. ¡Que comiencen a hacer su trabajo!

¿No hablamos tanto de institucionalización? Entonces, por que seguir con mecanismos informales bajo la influencia de actores ajenos a ellas.

Todo se ha venido desgastando. No puede ser de otra manera. No se puede abanderar el interés público cuando a las claras lo que se buscan son intereses muy particulares. ¿Así quien puede creer?

© Julio Brea Franco 2008
Florida, USA

Publicado originalmente en Periódico HOY de
República Dominicana
Febrero 5, 2008

January 28, 2008

Para contar rapido

El nuestro es un medio de juicios prematuros, conjeturas, especulaciones, afirmaciones graciosas y convicciones de oídas. Afirmamos cosas sin que medie el menor esfuerzo para verificar la realidad de los hechos. Es la cultura que el doctor Juvenal Urbino, de “El amor en los tiempos del cólera”, a su regreso de Paris, a raíz del fallecimiento de su padre, al entrar a la bahía de Cartagena la describe con amargo lamento.

No se sabe de dónde se sacan que en las elecciones dominicanas, en particular desde las de 1982 a las más recientes, la Junta Central Electoral, en el levantamiento de los cómputos, ha sufrido interrupciones en el suministro de la energía.

Únicamente en las presidenciales de 1996 momentos antes de emitir el primer boletín, a las 11 de la noche del 16 de mayo, se produjo un breve fallo interno en la sede central del edificio que fue muy bien manejado por el Presidente de entonces –Cesar Estrella- quien compareció ante las cámaras y ofreció las explicaciones de lugar.

Salvo ese caso excepcional nadie puede demostrar que eso haya ocurrido. El que quiera comprobarlo solo tiene que tomarse la molestia de indagar en la prensa y las crónicas de las elecciones en los últimos 26 años. No encontrara nada. Sin embargo, es muy lamentable que hasta directores de periódicos en programas de televisión y radio en varias elecciones afirmen lo contrario una y otra vez. No hay razón para andar con aspavientos de que eso puede suceder en las de mayo venidero.

La JCE se apresta a invertir unos 200 millones de pesos en un proyecto de aceleración del cómputo electoral. Según se ha afirmado se pretende que a medianoche del mismo 16 de mayo se pueda disponer de un porcentaje superior a 50% por ciento de las mesas electorales. En concreto se busca, según declaraciones vertidas en la prensa, que en unos 106 recintos electorales (lucen muy pocos con relación a un total de más de 3 mil 800) que agrupan numerosas mesas cada uno, que los resultados luego de realizado el escrutinio primario, sean transmitidos directamente a las Juntas Electorales para que estas procedan a configurar sus boletines y a su vez lo transmitan a la sede de la JCE para realizar la sumatoria nacional.

Se busca acortar el tiempo que implica el traslado físico de la información desde las mesas a las Juntas que, en general, toma algo más de dos horas. Habrá que ver cuántas mesas, en esos recintos, serán incluidas. El experimento es importante como intento de aceleración en el procesamiento y difusión de la información. Pero no necesariamente podrá alcanzar este propósito optimista. Hay otros factores de índole política que influye en la ralentización del proceso.

Un cómputo presidencial es mucho más ágil y menos complejo que el de unas congresionales –municipales. Aquel implica un volumen menor de informaciones y más sencillo el cálculo que cuando hay que aplicar votación preferencial y votación no preferencial.

De todas maneras es conveniente examinar los datos de los cómputos electorales, en particular de las tres presidenciales. El 1996 el cómputo completo duró 119 horas e implico 26 boletines a una velocidad promedio de 83 mesas por hora. Las del 2000 se extendió por 23 horas con 487 mesas por hora.

Las del 2004, 39 horas a razón de 313 mesas por hora. Se aprecia como el desarrollo de la tecnologia ha impactado positivamente. En cuanto al tiempo requerido para ofrecer el 60 por ciento de las mesas, en 1996 fue de 14 horas y 15 boletines; en el 2000, tan solo 6 horas con seis boletines; en 2004, 14 horas y 6 boletines.

Ahora, para llegar al punto de irreversibilidad definido como el momento en que la diferencia entre la mayoría y la primera minoría es superior al porcentaje faltante para su conclusión, esa es una variable no estándar: en el 2004 se alcanzó en el boletín 8 después de 15 horas.

Estas han sido las marcas históricas. Ya veremos que se logra con estos 200 millones de pesos.

© Julio Brea Franco 2008
Florida, USA

Publicado originalmente en Periódico HOY de
República Dominicana
Enero 29, 2008

January 22, 2008

Las palabras inadecuadas

Ahora resulta que se ha prometido a la Junta Central Electoral los fondos para el proyecto de aceleración del cómputo electoral, una partida adicional para el voto en el exterior y la posibilidad de solución de la deuda con el Banco de Reservas, contraída para el proyecto aquel de modernización del registro civil.

Y ello después de los inelegantes dimes y diretes entre funcionarios gubernamentales y de la JCE. Ciertamente la Junta pidió mucho dinero para su presupuesto del presente año electoral. Siete mil millones de pesos -unos 200 millones de dólares- a todas luces constituye una cifra récord en toda la historia electoral dominicana.

Obviamente que en ese gran total estaba incluida la partida para el financiamiento de los partidos, que desde un tiempo a esta parte justificadamente se pone en cuestionamiento. Pero aun así es una suma más que considerable, a pesar de incluir capítulos necesarios y atendibles.

Las demandas económicas de la Junta y la minimización en la asignación de sus recursos es una situación reiterativa de todos los gobiernos sin distinción de partidos. Sorprendió por eso que el Presidente Mejía, al final de una reciente visita a la institución y de una larga conversación con uno de sus afines, reclamara por mayores recursos cuando en su último año de gobierno tan solo se ejecutó un 32.25% del presupuesto aprobado para la JCE. Es un mal de todos: demandan mayores recursos en la oposición y se lo niegan desde el poder.

La cuenta regresiva para las presidenciales del 16 de mayo venidero se ha iniciado con la emisión de la proclama de convocatoria emitida por la JCE el pasado 16 de enero. Ninguna novedad en la apertura con respecto a elecciones anteriores: 14 de enero de 2000 y 20 de enero de 2004. Las aspiraciones de una drástica disminución en la duración quedaron en el aire.

Pese a que opiniones no especializadas consideran que con la proclama se inicia la campaña electoral, técnicamente es incorrecta tal afirmación. Lo que ha quedado abierto es el periodo electoral de acuerdo a la terminología de la ley. Por cierto, un concepto de “periodo” obsoleto, añejo y poco operativo. Antiguo, pues aparece por primera vez en la ley electoral Núm. 35 de 1923, que a su vez copiaba una disposición de la ley electoral cubana de 1908.

Poco operativo a la luz de la teoría electoral: “periodo” se refiere a un lapso, a un tiempo determinado. Periodo electoral es entonces un tiempo en el que se realizan actividades, acciones y actos relacionados con una elección. Proceso es un vocablo específico pues no solo alude a tiempo sino a una secuela de actividades concatenadas. El proceso electoral no solo es un periodo de tiempo sino una serie de momentos concatenados y secuenciales.

Cuando se habla por consiguiente de periodo y no de proceso electoral se genera la confusión de que padecemos: la de llamar “campaña” a momentos que no lo son.

Cualquier elección de la clase o del tipo que esta sea debe de concebirse como un proceso que comprende momentos anteriores y posteriores a la votación. Hay un antes, un durante y un después.

En efecto, sin convocatoria, formalmente emitida y contenida en un acto de la autoridad electoral, que especifique la fecha, la clase, el tipo de la elección, los cargos para los que habrá de designar, no pueden presentarse candidatos, ni mucho menos llevarse a cabo campaña alguna de promoción y motivación orientada a los potenciales votantes. Por igual, sin candidatos, no puede realizarse ninguna votación, ni valoración de los votos emitidos, ni recuento de los mismos ni agregación de resultados obtenidos por candidatos y partidos. Lo mismo: no se podrá asignar cargos ni proclamación de los elegidos.

De lo señalado se coligen ocho etapas en la realización de un proceso electoral. Son ellas: convocatoria, presentación de candidatos y aceptación de las propuestas, campaña electoral, votación, escrutinio, el cómputo electoral como el producto de una cadena de montaje, la resolución de los conflictos o recursos y la determinación de resultados definitivos que se acompaña con proclamación de quienes resultaron electos.

Las palabras inadecuadas confunden el espíritu de la ley.

© Julio Brea Franco 2008
Florida, USA

Publicado originalmente en Periódico HOY de
República Dominicana
Enero 22, 2008

January 7, 2008

Paradoja de la Reforma

Resulta paradójico abogar por una reforma “global” del sistema electoral dominicano y urgir, al mismo tiempo, que sea realizada en unos pocos meses, de manera que este lista antes de las venideras elecciones. Una reconstrucción “total” requiere de mucho análisis, discusión, participación. Es un acto de inteligencia y concertación.

Las reformas electorales realizadas en los últimos 50 años se llevaron a cabo en la proximidad de comicios. Salvo las de 1962 y 1997, que fueron reformas extensas, todas las demás han sido modificaciones puntuales y, las más de las veces, contingentes e interesadas.

La ley No. 600 del 11 de mayo de 1977 y la No 3-86 del 3 de febrero 1986 son paradigmáticas. La de 1986 fue una modificación a la ley del Registro Electoral, que dió al traste con la seguridad electoral: las reglas del juego no pueden cambiarse al último momento. No existe en nuestra Constitución disposición alguna que asegure esta seguridad restringiendo cambios en la normativa electoral en los ocho meses previos a una elección.

El peligro que la iniciativa sucumba es enorme. La nuestra es una política huérfana de sentido de Estado, desprovista de ideas, concepciones y planes. Nuestras competencias electorales se han convertido en cruda garata por el poder basada en el dinero y por dinero.

Objetivamente es difícil tratar de propiciar, en este tipo de ambiente, una reforma profunda y amplia del sistema electoral. Pero lo seria por mucho más si se hace ante la prisa y la presión de elecciones próximas, cuando como ya se aprecia la proliferación de tantas ambiciones en elecciones por los puestos congresionales y municipales.

Por otra parte, continúa la presentación de proyectos de ley surgidos en el Congreso Nacional como iniciativas aisladas, que no toman en consideración el conjunto ni las consecuencias y requerimientos que pueden implicar para los votantes y la administracion de las elecciones.

Evitar el ruido de la pugna de intereses coyunturales y la dispersión de las iniciativas es necesario si se busca una reforma electoral de largo respiro. ¿Por qué es necesaria y recomendable? Simplemente, porque nuestra legislación es disfuncional, poco clara, incoherente y muy antigua. Muchas de sus disposiciones provienen de la ley cubana de 1908, por demás muy mal adaptadas.

Considerables son los avances en la teoría y técnica electoral en general.
La experiencia ha evidenciado, además, los muchos aspectos que requieren reglamentacion y procedimientos de controles necesarios para asegurar la competición electoral.

Para encarar la dispersión normativa esta la opción de su codificación en un único instrumento llámese este Código Electoral o Ley Orgánica de Elecciones. Pero elaborar un código es tarea muy ardua que exige mucha dedicación y atención.

La JCE es la llamada a asumir el liderazgo institucional de la reforma. Pero no siendo únicamente reactiva ante los planteamientos de los partidos y otras entidades de la sociedad. Ha de asumir, proactivamente, la responsabilidad de animar y conducir el proceso, sin prisas ni festinación.

© Julio Brea Franco 2008
Florida, USA
Publicado originalmente en Periódico HOY de
República Dominicana
Julio 1, 2008

December 31, 2007

Los inicios de la Cuba electoral

Si bien es harto evidente la influencia de la ley electoral cubana de 1908 en la primera Ley electoral de República Dominicana, el texto que probablemente fue utilizado en su elaboración, en 1923, fue el Código Electoral del 8 de agosto de 1919.

Hay dos razones que lo explican. La primera, que era esa la normativa electoral vigente en Cuba en los años veinte. La segunda: la ley del 1908 no recogía disposiciones específicas sobre los partidos políticos, que sí se encuentran en la de 1919. Y la ley dominicana –núm. 35 de 1923- dedica precisamente el capítulo XV a su reglamentación.

Es cierto que las constituciones cubanas del siglo XIX establecían los principios de naturaleza electoral (Guájimaro, en 1869; Baraguá, en 1878; Jimaguayú de 1895 y la de la Yaya de 1897) pero fue la Constitución de 1901 la que recogió un buen número de preceptos que establecían los principios generales que debían regir en los procesos electorales. También abordó cuestiones propias de un sistema electoral, tratando de esa manera de ir adelantando las guías que debían seguirse a la hora de la preparación del texto electoral final.

Aparte de las estas constituciones, se habían dictado por igual algunas leyes electorales. La de 1897, por ejemplo, aun en plena guerra, había establecido el sufragio activo directo para “todo cubano varón” mayor de 16 años. Era algo singular en el derecho electoral comparado y que décadas después, en la Cuba revolucionaria, sería una de las característica del ordenamiento electoral posterior a 1959. La siguiente Ley fue la de 1898, que modificando el anterior, fijó en cambio la edad de 21 años para el ejercicio del sufragio masculino.

Ya terminada la guerra y durante la intervención militar de Estados Unidos las autoridades elaboraron la Ley Municipal Electoral, puesta en vigor por la Orden General No. 164 de 18 de abril de 1900. Con esa base normativa, completada por la núm. 316 se convocaron y celebraron elecciones para la Asamblea Constituyente de 1900. En ella se autorizan además las candidaturas presentadas por los partidos políticos aunque solo participaron agrupaciones de carácter regional a nivel provincial.

Proclamada la Constitución de 1901 al mismo tiempo se dictó una ley electoral con carácter provisional. Se estableció en ella un mecanismo de elección presidencial idéntico al vigente en Estados Unidos: votos por provincia en la que el candidato que obtuviese la mayoría se adjudicaba la totalidad de los delegados.

En las elecciones de 1903 se escogió el primer Presidente de la República, Estrada Palma, y en su gobierno se promulgo la primera ley propiamente cubana. Sin embargo, por el afán de reelegirse dio lugar a la “guerrita de agosto” que dio lugar, de acuerdo a la enmienda Platt, a la segunda intervención americana (1906-1909) Estrada tuvo que renunciar.

Como ya se anotara en la entrega anterior (“La influencia mayor” 16/12/2007) fue ese el ambiente en el que se elaboró la ley electoral de 1908. Puede decirse que con ella se establecieron las bases del derecho electoral republicano en Cuba y en el inicio de su vigencia reglamentaron las siguientes elecciones en las que resultó victorioso Juan Miguel Gómez (1908-1912).

El régimen electoral seria modificado en 1912 únicamente para unificar las elecciones presidenciales y provinciales con respecto a las municipales que empezaron a celebrar en un mismo día cada cuatro años. Mario García Menocal fue electo en esas presidenciales y agotaría dos periodos consecutivos: 1913-1917 y 1917-192.1

Esa experiencia arrojó dos aspectos significativos. Uno relativo a la integración de las Juntas electorales que al permitir que formaran parte dos miembros de partidos políticos, introducía elemento de parcialidad. El otro, al dar participación solo a dos partidos, se lesionaba el derecho a la fiscalización de los demás.

Precisamente con el propósito de corregir estos males y reconocer el papel de los partidos y regularlos jurídicamente en lo concerniente a su vida y funcionamiento se procedió a promulgar el Código Electoral del 8 de agosto de 1919 que sustituyó la ley de 1908. Ese Código, fue preparado por una comisión en la cual fue determinante la presencia, por segunda vez de Enoch H. Crowder, el representante de Esatdos Unidos en La Habana, llamado el “proconsul” o el “Virrey” por la influencia y el poder de que disponia.

Fueron estos los inicios de la Cuba electoral republicana.

© Julio Brea Franco 2007
Florida, USA

Publicado originalmente en Periódico HOY de
República Dominicana
Enero 1, 2008

December 17, 2007

La influencia mayor

La ley electoral dominicana, tal y como se promulgó el 8 de marzo de 1923 por el Presidente Vicini Burgos, fue una adaptación mala y deficiente de la ley electoral cubana en sus versiones del 11 de septiembre de 1908 y del 8 de agosto de 1919. El aserto puede fácilmente comprobarse mediante una lectura comparada de esos instrumentos.

Vista documentalmente, la ley electoral, pese a las cuarenta modificaciones que ha registrado su texto desde 1923 al 2005 no presenta solución de continuidad alguna. Eso implica que aun en el texto vigente pueden identificarse artículos que son iguales o idénticos a los de la ley del 1923 y más aun a los de la ley cubana de 1908. A guisa de ejemplo, y tomados al azar, pueden examinarse los siguientes artículos (el orden es: 2007/1923/cubana): (29/34/44V); (12/35/44); (33/37/43VIII); 74//86/105); (97/91/119); (130/111/172); (165/125/206).

Mas alla de esta similitud detectable a lo largo de los textos, la influencia de la legislación cubana se hace por igual evidente en denominaciones, vocabulario y conceptos. La denominación de Junta Central Electoral, la de Junta Electoral y de Mesa electoral nos provino de ella. En Cuba tanto la Constitución de Cádiz y el derecho constitucional español, que usan aun el término de “Junta”, tienen una vigencia más dilatada por dominio español.

La ley electoral de Cuba fue asumida como patrón para República Dominicana. Summer Wells, Comisionado del gobierno de Estados Unidos durante los últimos años de la ocupación fue quien dirigió la constitución de la comisión de Representativos que asumió la tarea de elaborar la ley dominicana. El proyecto obviamente no fue elaborado por ellos. Fue una tarea que Wells debió haberla comisionado a alguien, quizás a uno de sus asistentes.

Lo que se hizo entonces fue adaptarla al ordenamiento legal dominicano, sin la participación ni el involucramiento de ningún jurista calificado. A esa conclusión se llega viendo el resultado: fue un ajuste tosco y mal hecho: un trabajo propio de diletantes. No hay una visión sistemática y por eso se copiaron artículos de manera descontextualizada.

Una ley electoral, como cualquier otra, es un edificio normativo en que sus diversas partes han de tener entre sí el enlace y concordancia necesarios. Y eso no es lo que se advierte en la ley 35 de 1923. Por esa razón su lectura resulta árida, pesada y cuesta esfuerzo aprehender el todo y sus partes.

La ley cubana no es así. Basta examinar la manera en que se elaboro y sobre todo la metodología aplicada tal y como lo explican los mismos comisionados.

Después de concluida la guerra hispano americana con el tratado de Paris de 1898 que sanciona la cesión de las Filipinas, Cuba y Puerto Rico a Estados Unidos, el gobierno militar norteamericano en Cuba dicta al año siguiente una normativa electoral simple y limitada que sería utilizada para la integración de una Asamblea Constituyente en 1901 y para los primeros comicios presidenciales de 1903 en los que resultó electo Tomas Estrada. Tres años después se produce la “guerrita de Agosto” provocada por los liberales contrarios a la reelección del presidente.

A la constitución del 1901 se le anexo la famosa enmienda Platt que hacía de Cuba un cuasi protectorado de Estados Unidos. En base a ella Estrada solicito la intervención americana, que de 1906 a 1909 genera la segunda ocupación. En ese contexto es que el Gobernador provisional, Charles Magoon, crea una comisión consultiva con el propósito de elaborar varias leyes de importancia entre ellas la electoral.

La comisión fue presidida por el general Enoch Crowder e integrada por once miembros adicionales. La comisión delineo su metodología de trabajo: se dividió en cuatro subcomisiones de tres miembros, cada una de las cuales debía ocuparse la elaboración de una ley específica. La electoral le correspondió a Crowder y otros dos juristas cubanos.

Si bien la resultante ley electoral de 1908 delata su época, su análisis muestra la excelente técnica y la claridad teórica y procesal. Ciertamente fue la influencia mayor en nuestra ley electoral pero definitivamente existe un abismo entre la calidad de ambas.

© Julio Brea Franco 2007
Florida, USA

Publicado originalmente en Periódico HOY de
República Dominicana
Diciembre 16, 2007