December 10, 2007

Las peticiones oportunistas

La democracia no fracasa. Los que fallan son los gobiernos, sus políticas y, desde luego, sus políticos. La democracia en sí no es la que se pone en juego ante la miríada de limitaciones y problemas que tienen nuestros países. Si las cosas siguen como siempre han sido, y en cierto modo peor aún, se debe en gran parte a las incapacidades de las élites políticas y de sus organizaciones además de la sicorigidez e intransigencia de los que se niegan aceptar cambios.


Todavía, pese al aprendizaje político que hemos hecho, la democracia dominicana continúa distante de estar consolidada. Las instituciones y los procedimientos son considerados como instrumentos. Por eso se manipulan en pos de objetivos muy concretos para solo alcanzar y ejercer el poder sin desear ir más allá.


La consolidación democrática es otra cosa y se mide por un aumento en el reconocimiento que la población realiza de la democracia como forma de gobierno y de vida, como un valor en sí mismo. Que hayamos hecho camino eso no significa todavía que exista un compromiso profundo con la democracia.


Ese carácter instrumental y para nada finalista es lo que se advierte en los continuos intentos de acomodar las reglas – obviar, modificar o crear constituciones y leyes para facilitar la consecución de las metas concretas en proyectos políticos contingentes.


Es sabido como las reformas constitucionales se han hecho a la medida y a la conveniencia de los gobiernos que la propician. Nadie se sienta alrededor de una mesa para que, de manera conjunta se proceda a definir y configurar un arreglo institucional que valga para todos, para el que esté en el gobierno o en la oposición. Todas las iniciativas nacen debilitadas precisamente por ser expresión de visiones y acciones de parte y no del conjunto.


Lo mismo pasa con las leyes en general, sean políticas o de otra naturaleza. Por eso lo encontramos en la zona electoral. Está siempre sembrada la desconfianza y la sospecha de parcialidad. Las JCE nunca se salva de los mismo: que una fue de un partido y que la otra de otro. Se busca modificar la ley para la conveniencia del gobierno o de la oposición. Es un continuo ir y venir que no parece terminar.


Estas reflexiones las calzo ante las recientes peticiones de los tres principales partidos. Primero fue que la campaña se abriera a inicio de diciembre; ahora que el plazo para recibir las solicitudes de inscripción de los nuevos electores se prorrogue al 15 de enero del próximo año; y, finalmente, que se libere del costo para la obtención de la cédula tanto en el caso de que sea por primera vez o de solicitud de duplicados por perdida o cambio de residencia y domicilio.


Lucen todas peticiones oportunistas. Los peticionarios no fundamentan objetivamente sus demandas. El PLD sostiene que por los efectos de la tormenta Noel los estragos han generado un contingente inmenso de dominicanos que perdieron sus documentos en el julepe. Pero hay más: según declaraciones del presidente del PRSC el asunto no es únicamente tormentoso. Hay que rodar el plazo simplemente para que no se quede tanta gente fuera del sistema.


Lo curioso es que en todas las elecciones anteriores, desde 1996 a las del 2006, nadie había hecho ese reclamo. Desde aquellas presidenciales la JCE, por resolución, cambio la fecha del cierre al 16 de diciembre. Es ese, hoy día, plazo para quienes se inscriben.


Sin embargo las estadísticas muestran que el crecimiento del registro ha seguido un patrón similar. Cada cuatro años el total de electores hábiles crece por encima de los 850 mil electores. Para las elecciones del 2008 se ha afirmado que en dos años el incremento rondara los 500 mil. Entonces ¿dónde está el raquitismo?


La JCE tiene la facultad de mover el plazo de acuerdo (articulo 6 Atribuciones Reglamentarias literal i) Pero si desde hace 12 años dispuso otro es porque hay razones técnicas que lo aconsejan. Pero el problema va más alla.


Hay una peligrosa debilidad en el régimen electoral: no hay seguridad ni estabilidad en las reglas y es una expresión de un sistema en el que el oportunismo decide.

December 4, 2007

A pesar del número

Cada vez, cuando afloran en público diferencias entre los miembros de la JCE, se escuchan voces, que apelando a la cordura, entroncan por igual críticas a la actual estructura del organismo y su crecido número de integrantes.

Sin duda alguna crea incertidumbre que los responsables de administrar, reglamentar y arbitrar las elecciones anden airando sus contradicciones y diferencias de criterios. No es esa una manera políticamente correcta. Para eso es que están las sesiones de trabajo y la posibilidad de hacer constar las opiniones disidentes de manera profesional, sin alusiones personales ni enjuiciamientos impropios.

Lo cierto es que esa belicosidad interna ha afectado la imagen de la institución a la vez de estimular en muchos una proyectada preocupación sobre lo que podría ser y ocurrir en los momentos críticos de las próximas presidenciales de 2008.

Sin embargo, no hay razón para temer malogramiento alguno del proceso electoral. A lo sumo estas diferencias y enconos lo que pueden es crear ruido, provocar especulaciones y crear alguna que otra incertidumbre momentánea. Pero nada más. En ninguna de nuestras elecciones la sangre ha llegado al río. Eso es importante tenerlo en cuenta.

El problema no es la cantidad de miembros en sí misma. En una Junta de tres o de cinco miembros podrían darse los mismos conflictos personales y políticos que en una de siete o de nueve. Pero la tanta gente no es conveniente además de lo costoso que resulta en varios sentidos.

Si hoy en la JCE contamos con una muchedumbre se ha debido a los acomodos y reparticiones políticas y no a una decisión racional de diseño institucional. Cuando a partir de 1979 la competencia se empernaba en dos partidos eran tres los miembros: dos para la mayoría senatorial y uno para la minoría. Pero ya en la conformación de la Junta de 1987, el tercer partido en emergencia, el PLD, avanzaba su demanda de contar también con un miembro.

Fue así que la reforma de la Ley Electoral en 1992 la matricula se fijó en cinco. Previamente, ya en enero de ese mismo año, Peña Gómez abogaba por el modelo venezolano al estilo del entonces Consejo Supremo Electoral con personalidades independientes y miembros de partidos.

Con la integración de la Junta de 1992 es cuando de manera acelerada y abierta se inicia la partidarizacion del organismo, y con ella, además de los choques de personalidades, se agregan las disparidades partidarias. Hasta ese momento las inclinaciones políticas de los miembros se manejaban con cierta discreción y disimulo. Pero después comenzó la lucha abierta.

Es bueno hacer notar que los conflictos han siempre existido en el seno de la Junta. Es algo imposible de obviar en un contexto y una cultura política como la dominicana. Lo distinto de ahora es el acceso a los medios de comunicación que todos tienen sin que se aplique y ni respeten una política informativa.

Cuando el reglamento interno de la Junta establecía que el presidente era el jefe de los servicios técnicos y administrativos y la voz autorizada para hablar en nombre del organismo, nadie lo hacía. Al respecto cabe recordar que durante la presidencia de Morel Cerda éste no permitía declaraciones ni contradicciones. Es más, llegó al extremo, rudo e inelegante, de llamarle la atención públicamente si algún miembro lo hacía. A Castaños Guzmán, por ejemplo, lo regañó y desautorizó en una transmisión en vivo cuando era entrevistado por televisión. Fue la época del odioso e inconveniente presidencialismo en la JCE.

Las cosas cambiaron en el 2002 pero no para bien. Se crearon varias cabezas de poder que coexisten bajo un mismo techo sin que se haya podido cristalizar un liderazgo sólido. La estructura actual conspira para ello. No es esquizoide, de desdoblamiento de personalidad. Es un asunto de pluricefalidad. La JCE solo es esquizoide cuando se le crean Comisiones de mediadores que desdoblan su identidad. El caso más elocuente fue el de 1986.

La raíz de estos males no está en la cantidad de integrantes. Es el esquema institucional adoptado desde 1923, el que ya no responde a las nuevas necesidades de la sociedad aunque los partidos -más atrasados hoy que nunca- así lo quieran.

© Julio Brea Franco 2007
Florida, USA

Publicado originalmente en Periódico HOY de
República Dominicana
Diciembre 4, 2007

November 26, 2007

El fracaso del intento

A ojos vista hay contento con el fracaso del último intento de reglamentar algunos aspectos de la campaña electoral. Nuevamente volvió a triunfar el estatus quo. Evidentemente, hay mucha resistencia y aversión a las restricciones tanto en los partidos como en los medios de comunicación

Que hayan fracasado cinco intentos en catorce años nos dice lo poquísimo que hemos cambiado. Y más cuando los argumentos que se han planteado siguen siendo los mismos. Todo lo dicho fue reiterativo a lo que se escribiera en 1993, 1999, 2004 y 2006. Excepto, en un solo caso, en los que hubo cambio total de posición: la FINJUS, en 1999, en documento público sostuvo exactamente lo contrario a lo que defendió hace apenas unas cuantas semanas.

La serie de intentos fallidos acusa a la JCE de no haber estudiado o al menos considerado las experiencias pasadas. Si lo hubiese hecho sin duda hubiera procedido de otra manera. El problema es que siempre los que llegan se creen que lo saben todo.

Si se analizan los argumentos expuestos de reciente en torno al proyecto de reglamento de campaña se aprecia la tónica negativa y de rechazo. En ningún caso se detecta actitud propositiva alguna. Se insistió de manera sobrada en que algunas de sus disposiciones violentaban algunos derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.

Por otra parte, que la Junta no dispone de facultad reglamentaria con la potencia suficiente para derivar reglas del genero. Que la aprobación y vigencia era ya extemporánea por que la campaña ya se ha iniciado (sic!). Que en vez de ayudar a corregir excesos, se favorecía al poder en reelección. Finalmente, que lo mejor era dejar eso para después de las elecciones para que con cabeza fría se retomara el tema. Ya eso se ha hecho varias veces.

El punto fundamental es este: ¿cómo lograr y asegurar una razonable igualdad de oportunidad en la competencia política en el tiempo destinado al que los partidos promuevan sus símbolos y candidatos, sin cortapisas, de manera que puedan llegar con las mismas facilidades a los potenciales electores? Encontrar la vía, contribuir y promover ese ambiente y controlar que no se rompa el equilibrio, y restaurarlo cuando ocurra, esos son los propósitos de una reglamentación democrática de la campaña.

Es obvio que no estamos contestes con el fin pues no nos hemos sentado a pensar colectivamente en el ni en las vías para lograrlo. Se han propuestos recetas ya cocinadas. En un ambiente tan evidentemente en desacuerdo, ninguna iniciativa del género tendrá éxito. La causa del fracaso es múltiple, pero la JCE con su secuela de reglamentos rechazados en todos estos años tenía que optar por otra estrategia.

Hay que sentarse a escribir el reglamento, pero todos juntos: partidos, medios y organizaciones. No es un asunto de buscar el consenso. Es un asunto de construirlo entre todos. Y eso no es un imposible. Hay ejemplos y casos de acuerdos logrados en sesiones de trabajo de la JCE con los partidos. Y quienes participaron en esos esfuerzos saben muy bien lo beneficioso que resultó.

Criticamos las largas campañas, su desorden, el dinero que se gasta y se malgasta (incluyendo las derivaciones que hacen quienes los administran), la utilización de los recursos del Estado, las ventajas económicas a las que nadie quiere abdicar, la paralización total del Estado y de las instituciones por meses, además del cansancio, la agitación y la intranquilidad que producen en la ciudadanía.

Estos son problemas reales. Entonces ¿que se ha propuesto para que reorientemos las cosas? Seria muy interesante que el Dr. Rafael Molina Morillo nos dijera algo más alla y diferente a las inconstitucionalidades e algunas reglas. Que la FINJUS se deje de estar negando y afirmando una cosa y su contraria. Que Participación Ciudadana defina lo que quiere decir en audiencia y lo que declara después.

Que los partidos formulen sus planteamientos, más serios y más sólidos, que no se limiten a pedir que la campaña se inicie el 1 de diciembre para que sea la más larga de toda la historia electoral dominicana.

© Julio Brea Franco 2007
Florida, USA

Publicado originalmente en Periódico HOY de
Republica Dominicana
Noviembre 26, 2007

November 20, 2007

La partidocracia en alta mar

La retórica de la “revolución democrática” del Presidente anda en pausa desde hace unos buenos meses. Su ímpetu para canalizar el proyecto de reforma constitucional, que navegaba a velocidad de crucero, ha quedado por el momento anclado en alta mar. Varias cosas cambiaron en el escenario.

En primer lugar el desacuerdo en la alta dirigencia de su partido a consecuencia de la decisión sostenida de buscar la reelección. El reflejo fue inmediato: la otrora compacta mayoría congresional se vio súbitamente descompuesta, evidenciándose a pesar del acostumbrado encanto de la discreción peledeista. Todo indica que la herida sigue abierta a pesar del abrazo funerario.

Luego, como se esperaba, llegó para hacernos compañía por un buen tiempo los febriles proselitismos al punto que a todos les causó sorpresa la tormenta Noel, dejándonos bien mojados y desgraciados. Todos estaban en eso.

Estamos en pleno combate aunque fuera de la arena electoral. No es verdad que ahora, cuando se quieren marcar diferencias, aunque simples y maniqueas, hay temperamento para oír, conocer ni mucho menos aprobar nada. ¿Están asistiendo los diputados a la sesiones del Congreso? No. El Presidente de la Cámara asi lo ha informado y Lila Alburquerque lo corrobora en el confesionario público haciendo “mea culpa” cuando mas de la mitad de todos ellos andan con los mismos pecados a cuestas.

La reforma de la Constitución, la bandera del declarado “pronunciamiento” institucional no solo se ha pospuesto: se ha convertido en un secreto de alcoba. Por ahora, todo quedará en papeles a menos que, a resultados conocidos, y en el interregno de gobierno a gobierno, se desempolve la reforma con el ajetreo de la conveniencia mediata.

Ninguno de los redentores que buscan el favor de los votantes, los enflusados del gobierno, los del estilo diferente al del “pichirri”, ni los que andan en carreta con pollos, puercos y papeletas no se refieren al tema como si todos estuvieran de acuerdo con el desorden y la pobreza institucional nuestra. Estos aprendices de brujo que con sus menjurjes alquímicos dicen que curarán nuestros males y miserias ni hablan de ella tampoco la tienen en sus agendas. Es mejor dejar eso para mañana.

En los últimos tiempos se ha hablado de muchas cosas. Una de ellas fue el de la partidocracia”. Fue el Presidente de la República quien tan solo señaló el fenómeno sin hacer propuestas concretas para su atenuación. Aun suponiendo que en el sistema político dominicano puedan detectarse empíricamente los elementos configurativos de un dinámica patidocratica, como poder determinante y monopólico de los partidos -algo que esta aun por demostrarse- pueden detectarse alguna que otra regla institucional que lo facilita.

Hace cuarenta y seis años, en el mejor documento diagnostico y propositivo escrito sobre el ordenamiento institucional y su reforma, se hizo el siguiente señalamiento:

“El Artículo 20 de la Constitución dominicana (en el texto actual Núms. 19 y 20, JBF) establece otro procedimiento que se aparta de la norma democrática en lo que respecta a la elección de suplentes de los Senadores y Diputados. No se hace por el voto popular directo, lo cual tratándose del órgano legislativo, que mas directamente ejerce la soberanía delegada, acentúa visiblemente la contradicción de dicho articulo con el segundo de la misma Constitución, que proclama ‘el gobierno esencialmente civil, republicano, democrático y representativo’. Si faltando los principales, electos por el voto popular, se reintegran el Senado y la Cámara por la voluntad de los propios Senadores y Diputados, en virtud de ternas propuestas por los partidos cuyos congresistas hubiesen originado las vacantes, los así nombrados carecen del necesario mandato popular.”

La recomendación del Informe fue que la vacancia de los legisladores se resolviera mediante la elección conjunta de suplentes de Senadores y Diputados. Fue acogida en el texto de 1962. Desapareció en la constitución de 1963. Y así se mantuvo hasta el periodo 1966- 1970. Luego se volvió al sistema anterior. Desde entonces esta ahí. Las “roscas” de los partidos todavía hoy tienen el poder de nombrar diputados y senadores. República Dominicana es el único estado en Latinoamérica que mantiene este mecanismo.

© Julio Brea Franco 2007
Florida, USA

Publicado originalmente en Periódico HOY de
Republica Dominicana
Noviembre 20, 2007

November 12, 2007

El saber en gerundio

La esencia del pensar investigativo es la curiosidad. El ansia de saber, de conocer y averiguar. La principal herramienta de la curiosidad es entonces el preguntar. Y el preguntar es un abrirse al mundo y a la vida que nos circunda en pos de entendimiento. Un buscar que nunca concluye.

El preguntar siempre nos lleva mas allá de nuestras limitaciones. Las trata de empujar o reducirlas con el propósito de ampliar nuestro saber y entender las maravillas que hay a nuestro derredor. Preguntar no es exigir a los demás que te respondan. Tampoco es un averiguar motivado y movido por la morbosidad y la mala fe.

Preguntar es un permanecer todo el tiempo permeable, abierto, sin opinión previa y cerrada. Oir y meditar como manera de recopilar trozos de información. Simplemente para comprender, para entender mejor. Preguntar es aceptar lo que se responde, sin juzgar, siempre confiado de que, en el momento oportuno, se arribará a un entendimiento mas completo y correcto. Precisamente por eso el entender y el entenderse termina siendo beneficioso para el bien de todos.

El genuino preguntar no proviene del miedo. Pero tampoco es agresión. Es tan solo la expresión de un profundo deseo de saber, de la voluntad y decisión de escuchar los demás, pero también y sobre todo, de recibir…

La lección fundamental que nos regala la naturaleza es diversidad. La variedad de todo y en todo es sencillamente grandiosa. En el mundo de los seres con vida y en los inanimados, en lo animal, en lo vegetal y en lo mineral. Y algo ademas muy importante: todo coexiste bajo el mismo sol y las mismas estrellas.

Precisamente por eso es que resulta difícil creer que la razón solo puede estar de un solo lado como quieren unos para los que todos los demás están equivocados. Luce carente de sentido esa arrogancia tan típica de los ignorantes que no logran descubrir, ni mucho menos aceptar, que la suya tan solo es una cabeza mas.

No hay nada definitivamente verdadero, solo cosas definitivamente falsas y otras provisionalmente verdaderas. En esa observación de Karl Popper recomparece el relativismo que torna la ciencia con un caminar con soluciones de continuidad: cuando comparece un nuevo paradigma que suplante el hasta ese momento aceptado. Así es que avanza el conocimiento.

Nada puede ser definitivo. Vamos aprendiendo, descubriendo cosas replanteando situaciones a la luz de lo que va averiguándose y de las experiencias que se van conociendo y viviendo. Cualquiera que sea la faceta del mundo del hombre en la que localicemos nuestra atención con el propósito de buscarle, si es que lo tiene, algún sentido que permita entenderlo, requiere de un tipo de pensar que vaya algo más allá de las apariencias de las impresiones. Un pensar armado precisamente de curiosidad.

Es inaudita la avalancha de opiniones que se vierten en los medios de comunicación hoy mas abiertos en posibilidades como nunca antes. En particular, el auge y crecimiento del Internet ha democratizado el compartir puntos de vistas, reflexiones, intereses, ideas y visiones. Es por ello la mas extraordinaria enciclopedia de la experiencia humana. Hay de todo: desde lo mas sublime, elevado y noble hasta lo mas perverso, malévolo y denigrante.

La nuestra es una cultura reacia a lo factico. Impera en mucho la postura de saber las cosas sin el trabajo que cuesta investigarlas. De ahí el atractivo de las tertulias: es mas fácil escuchar a alguien un rato e improvisar que sentarse dia tras dia y penetrar las capas de lo mundano y trivial en búsqueda de lo profundo. Gente que actúan como si tuvieran una percepción totalizadora y mágica del mundo y de los actos de las personas que solo emiten opiniones y declaraciones apresuradas con ligereza muy poco profesional Y sin embargo hacer investigación en países como el nuestro, además de fatigoso y exasperante, requiere de decidida voluntad y gran vocación. Es difícil hacerse de datos e informaciones no solo por la penuria de encontrarlos sino por el trabajo que implica extraerlos de su estado crudo. Un trabajo de refinería y destilación inmenso cuando son tan pocos los operarios disponibles.

© Julio Brea Franco 2007
Florida, USA

Publicado originalmente en Periódico HOY de
Republica Dominicana
Noviembre 13, 2007

November 6, 2007

Entre los unos y los otros

El gobierno no tiene la culpa de que una fuerte tormenta tropical haya interesado la geografía nacional causando cuantiosos daños. Tampoco es el Presidente el único que andaba en actividades de promoción política. En eso están, por igual, los candidatos de los principales partidos de oposición. Todos están inmersos en una campaña, que a pesar de todo no es campaña aun.

Esta contienda electoral tan prematura desde ya se siente larga cuando aun quedan algo mas de siete meses. Quizás habría menos distracciones si solo anduvieran en caravanas y mítines, los escogidos de los opositores y que al presidente le acompañaran sus amigos cercanos. Lo lamentable es que andan todos: dirigentes, activistas, pescadores de colocaciones, inversionistas en oportunidades y, claro: funcionarios -altos y medios- empleados públicos -comunes y corrientes. Este extendido involucramiento estimula la distracción de lo que no debería dejarse de hacer cada día.

Cuando el gobierno está imbuido en una actividad de ese genero es más probable que se afecte la conducción de los asuntos públicos. Pero aun en campaña, haber previsto los daños y las muertes que ha acarreado la desgraciada tormenta era difícil. Hay cosas que por mas que se quiera no se pueden evitar. La Oficina de Meteorología emitió un parte advirtiendo precipitaciones e inundaciones “efectos asociados a un sistema de baja presión localizado al Suroeste del país en aguas del mar Caribe”. Quizás debió haberlo hecho mas temprano y con mas insistencia, pero hay que reconocer que por mas afinadas que sea la tecnología del pronostico, hay un margen de incertidumbre. Siempre.

Precisamente por eso lucieron destempladas y alegres las tempranas acusaciones al poder público de no haber advertido y actuado en consecuencia. Muchas veces es dificilísimo convencer a la gente que deben ser evacuados.

Enfrentarse a los efectos mediatos e inmediatos de un meteoro de la naturaleza puede crear insatisfacciones muy variadas. Y las fallas pueden ser en diferentes momentos. Recuérdese los estragos que causara el huracán Katrina que sumergió New Orleans y una vasta zona circundante. El gobierno federal fue acusado de imprevisión, de reaccionar lento e ineficazmente en la administración de la ayuda para atender a los miles de damnificados. Luego vino la reacción: en las semanas y meses posteriores rodaron cabezas entre la alta dirigencia de la FEMA, la agencia federal encargada de esas labores.

Ese mismo espectáculo se ha visto en países de la región. ¿Acaso no fueron muy ácidas las criticas a las autoridades peruanas con el terremoto que de reciente sepultó pequeñas ciudades?

Nadie que haya sido gobierno puede hablar de eficacia ante estos problemas. Ni lo fueron cuando el ciclón David y la funesta tormenta Federico apenas un año de la instalación del gobierno del Presidente Guzmán. Muchos años después estaban los barrancones repletos de hacinados y paupérrimos damnificados. Tampoco cuando el ciclón George.

Lo que nunca ha ayudado ni antes ni ahora es la improvisación y el desorden que parecer ser consustancial a nuestra cultura. No hay planes asumidos y aprobados ni voluntad sostenida de ejecutarlo. No hay recursos humanos calificados y respetados independientemente de sus inclinaciones partidarias. Y eso es penoso siendo Republica Dominicana un país en el trayecto de los huracanes.

De todas maneras, la situación será aprovechada políticamente en el curso de esta campaña. La oposición criticara el pobre desempeño, planteará sus criticas, algunas las exagerará, vendrán las denuncias del aprovechamiento político que hará el gobierno. Y este dispondrá de un justificativo adicional a su no hacer ante algunos problemas. Y de seguro el Presidente terminara cargado en brazos por la amplia clientela que ha venido construyendo.

Si unos días antes subrayaba el Presidente su personalización del liderazgo inteligente que requiere el país para sortear los difíciles tiempos, descalificando por incompetentes y poco lúcidos a los demás, ahora la situación que es “gravísima” por el “alza de los precios del petróleo y por la tormenta Noel”. Habrá que ver quien sacara mas filo político a la desgracia.

El Episcopado ha llamado a la solidaridad. Ahora todos ofrecen misas. Es importante cerrar filas para encarar la situación. Pero lo es por igual denunciar a quienes instrumentalicen. Entre los unos y los otros.

http://jebfa.blogspot.com

© Julio Brea Franco 2007
Publicado originalmente en Periódico HOY de
República Dominicana
Noviembre 6, 2007

October 28, 2007

El humor intermedio

La tendencia reformadora dominicana con respecto a las elecciones ha apuntado a la celebración separada de las presidenciales y las congresionales. Ahora, sin embargo, se la quiere revertir.

En los inicios del proceso se buscó sembrar la idea de que las elecciones debían ser entendidas en plural. Fue así como en 1990 se hizo la diferencia presentando tres recuadros en la boleta. En el 1994 se dio otro paso: tres boletas electorales diferentes y tres urnas. Y después la separación de la Presidencial de las congresionales y municipales. Como consecuencia se han realizado ya tres congresionales-municipales: 1998, 2002 y 2006. Dicho sea de paso uso “congresional” pues el vocablo aun conserva legitimidad de uso pese al recomendado “congresual”. La Academia Dominicana de la Lengua también así lo ha dictaminado.

El paso hacia atrás lo recoge el anteproyecto de reforma constitucional que reposa en manos del Ejecutivo Nacional. Se establece un calendario conjunto: que la presidencial se celebre simultáneamente a la congresional manteniendo separada, a distancia de dos años, la elección del nivel municipal.

Al parecer, y atendiendo a las críticas expuestas – el fracaso en la contención y reversión del arrastre de candidatos y el activismo estéril, costoso y distractor- se ha propuesto la reconcentración de las elecciones a un solo día cada cuatro años como una solución superadora de las perversiones del clientelismo. Este y el activismo desmedido responden a factores difícilmente controlables por la ingeniería institucional.

Lo que sorprende en todo este asunto es que no se haya traído al debate el aspecto más importante que explica el arreglo de celebrar elecciones en tiempos distintos. Con la separación lo que se procura es ofrecer la posibilidad que el electorado pueda expresar sus preferencias y enjuiciamientos sobre el hacer del gobierno en un momento intermedio del periodo constitucional.

Al ofrecer la posibilidad de una renovación política, total o parcial del Congreso, se facilita dentro del periodo hacer un “corte” de situación en la expresión del apoyo político del que goza una Presidencia. Es obligar al poder a tener sensibilidad reactiva hacia. Alguno dirá que para eso están las encuestas pero de ninguna manera una exploración de preferencias sustituye a las elecciones. Los indicadores se asumen o no; resultados de una votación no solo se acatan sino que potencialmente modifican o cambian las cuotas de poder.

Abrir la puerta a los cambios en el humor político mediante elecciones intermedias es una vía para provocar reacciones del Gobierno, en un sistema presidencial, rígido por definición, a diferencia del sistema parlamentario construido para ser reflejo continuo de las ondulaciones de la mayoría.

Al eliminar esta posibilidad -las elecciones intermedias- se obliga a la congelación de una dosis saludable de cambio dentro de un cuatrienio constitucional.

A los gobiernos no les agrada las complicaciones y menos los disensos. Que todo siga igual por cuatro años es preferible que verse obligado al juicio político incómodo cuando se esta a mitad. Precisamente en momentos en que las promesas quedaron en el aire y la dinámica del ejercicio del poder le hace descubrir sus enormes ventajas y las tentaciones se han convertido en pecado. De ahí que se hable de gobernabilidad. De los peligros que conlleva la asincronía con el Congreso y de la conveniencia de la “dictadura de la mayoría” como parte de la “inteligencia” requerida para gobernar en tiempos difíciles.

La estructuración de una mayoría estable y sólida es sin duda una buena condición de eficiencia y eficacia política. Pero las mayorías son tales solo cuando se pueden contar. Para eso es que se hacen las elecciones: para cuantificar el apoyo. Cuando este se resquebraja la mayoría se convierte en algo pasado. Se requiere entonces su reconstrucción. Y se reconstruye ajustando, cambiando, la ejecución del plano si es que se dispone de alguno.

La política democrática es posibilidad. Nunca imposición. Es cambio continuo y sobre todo apertura realista, razonable e inteligente inclinada a recoger demandas posibles y viabilizarlas. Es dar espacio a las posibilidades y no cerrarlas por contrario.

© Julio Brea Franco 2007
Florida, USA

Publicado originalmente en Periódico HOY de
Republica Dominicana
Octubre 30, 2007

October 21, 2007

De la conjunción a la separación

Desde los inicios mismos de la ejecución de la reforma constitucional de 1994 se levantaron voces de oposición al arreglo de efectuar, en tiempos distintos, las elecciones presidenciales y congresionales–municipales. Su adopción fue un producto de coyuntura, de negociación y acuerdo político.

A algunos el asunto no le cuadraba: si aquellas fueron elecciones seriamente objetadas, era incongruente que se aceptara el resultado de los niveles congresionales y municipales y se desechara el presidencial. Lo lógico hubiese sido reprogramar las elecciones en los tres niveles. Pero fue ahí donde se encontraron las voluntades políticas.

Hasta aquel entonces la idea de eliminar la simultaneidad electoral estaba en el ambiente. Se quería vitalizar el poder legislativo, tornarlo menos títere del Ejecutivo, con el propósito de estimular la dialéctica de control recíproco que caracteriza la dinámica constitucional democrática. Fueron numerosos los encuentros dedicados a la reforma política y muchos los escritos producidos al respecto.

Si se quería que el Congreso tuviese columna vertebral y la Justicia estrado sin pasadizos, las elecciones separadas eran un buen camino. En el coro estaban también las críticas aquellas al remolque de candidatos que el carro del presidente empujaba a tal punto que el victorioso terminaba siendo el ocupador del poder “mayoritario” en el Estado.

Reflejo de esta tendencia muy anhelada lo fueron los cambios en la boleta electoral: desde una sola, en modelo único (1986), a una única con tres recuadros (1990), al tres boletas únicas, una por nivel (1994) con urnas separadas. Se sembraba la idea de que se votaba en tres elecciones por tres conjuntos de candidatos. Este era el temperamento existente cuando se pergeñó al vapor la reforma del 14 de agosto.

A partir de ella se han conocido siete elecciones: cuatro presidenciales (tres más una segunda vuelta) y tres congresionales-municipales. El 1994 fue el “spartiacque”, la frontera del cambio. La separación trajo como ventaja separar el conflicto post electoral. Cuando se celebraban juntas, el periodo después de la votación resultaba muy pesado. Impugnaciones en una presidencial significa crisis política nacional. Afortunadamente no ha sido frecuente.

Reclamos en las congresionales y las municipales sí lo han sido y asi continúan. La violencia por igual. La granada del 1982, el tiroteo en la plaza de la JCE, en 1986, la decena de vidas perdidas en las del pasado año, son hechos reales. Tanto las elecciones de 1986, 1990 y las de 1994 resultaron aciagas por la espera de definición.

Todas esas experiencias, cuando las elecciones eran conjuntas, fueron sino peligrosas, sí delicadas. Las elecciones presidenciales a solas facilitan considerablemente una más rápida dilucidación de los resultados. Ni se arrastra ni pesa el tiempo largo del conocimiento y decisión de las impugnaciones locales a los Ayuntamientos y al Congreso.

La que se señala no es una razón tenida en cuenta pero se afinca en experiencias tangibles, que por demás, influyen muchísimo en el buen clima post electoral.

Lo del arrastre es relativo. Pretender eliminar o matizar el remolque es una ilusión. Fue una fantasía muy valorizada por jefes de partidos pequeños y progéricos. En cualquier sistema político, sin tomar en consideración su nivel de desarrollo, hay arrastre.

Incluso en un ambiente político tan pragmático como el de Estados Unidos, los partidos fungen como brújula que determinan legiones de electos. Basta pensar en la multiplicidad de cargos electivos en los condados y en los Estados. Es muy común que los electores no sepan ni conozcan mucho acerca de estos candidatos. Por eso se impone el voto partidario.

Que siga habiendo remolque no es motivo para desandar lo andado. Pero hay otras argumentaciones de los que están a favor de la reunificación. Una que atañe al activismo electoral continuo y estéril. Otra a los costos de tanta campaña junta y seguida; y consecuencialmente, a la distracción y “desenfoque” de gobiernos y funcionarios. Este es un efecto retorcido en la realidad política nuestra.

Habrá que seguir en el tema. Sin embargo, ha de decirse que plantear la reconjunción pura y simple de las elecciones, la simultaneidad de las presidenciales y congresionales dejando las municipales perdidas en el océano, no es una solución inteligente.

© Julio Brea Franco 2007
Florida, USA

Publicado originalmente en Periódico HOY de
República Dominicana
Octubre 23, 2007

October 16, 2007

Consensos y disensos

No hay razón para valorar como fallida la iniciativa de la JCE de reglamentar las actividades de campaña electoral con miras a las presidenciales del 2008. Hay motivos que son muy obvios: no hay reglamento aun sino un anteproyecto que fue presentado para que sobre el se opine. El plazo para hacerlo apenas expiró. Además, será con posterioridad a la audiencia pública convocada para conocer de los distintos pareceres, cuando el organismo se abocará a tomar su decisión. Ciertamente hay quienes lo consideran “perturbador” y quisieran que fuese dejado de lado.

De reciente se han venido exponiendo consideraciones, en particular del sector de los medios de comunicación y de algunas organizaciones cívicas. Las principales objeciones se refieren a la colisión de algunas de las proyectadas disposiciones con la Constitución de la República. Se citan la libertad de expresión del pensamiento y la de empresa. Además, de tropezarse con otras disposiciones legales vigentes.

Más sutiles y rigurosos son señalamientos de la Fundación Institucionalidad y Justicia con respecto a la facultad reglamentaria de la JCE que ha de estar -según plantea- enmarcada en el ámbito que le fija la Constitución y la legislación electoral, en particular. La Junta no puede emitir disposiciones autónomas, esto es, fuera de ese ámbito.

No reparo bien si la FINJUS tomó en consideración la disposición –por cierto muy peligrosa- que aun subsiste en la ley electoral, agregada en 1977, que confiere a la JCE la facultad de tomar las medidas administrativas y reglamentarias que considere necesarias en un periodo electoral, aunque válidas para ese, con el propósito de rodear el sufragio de mayores garantías. Habría que analizar si en esos casos la facultad puede ser autónoma.

Lo cierto es que pretender reglamentar una materia tan sensible y controversial como es la campaña electoral, apoyándose en su facultad reglamentaria pueda no resultar todo lo efectiva como es el propósito. Desde siempre ha sido costumbre en la Junta en no hacer un uso entusiasta de su derecho de iniciativa legislativa.

Es difícil poner orden en un desorden desbordado como el existente. Pero bregamos con esto desde hace 15 años. Los argumentos que hoy se esgrimen son exactamente los mismos que pudieron leerse en septiembre de 1993. Si se continúa avanzando las mismas objeciones es de pensar que hay una muy fuerte resistencia a cambiar la dinámica de las cosas.

Como en todo en la vida, la razón esta desparramada y no concentrada en una sola posición. Pero hay críticas sin fundamento. Tal es el caso de la promoción de la abstención y del ausentismo.

La Constitución de la Republica es muy clara cuando establece el votar como un deber y obligación. Y también lo es cuando prohíbe cualquier incitación o provocación a la desobediencia de la constitución y las leyes. Por eso no se entiende por que se dice que son legales los llamados irresponsables al ausentismo. Que no tengamos el voto en blanco es una cosa, que la única forma que existe de mostrar el desacuerdo sea anulando el propio voto, es otra, pero es una tremenda violación pedir a los electores que no voten.

Resulta sorprendente que en democracias constitucionales de mayor desarrollo que la nuestra –España, Italia, Alemania, para mencionar algunas- paises en los que el respecto de los derechos individuales y sociales no se cuestionan, existan desde hace mucho tiempo estas disposiciones que hoy se reproponen. Ninguna voz se levanta para argumentar que limitan o ahogan ciertas libertades fundamentales.

Arribados a este punto lo mas conveniente parece ser que la JCE haga un balance de consensos y disensos. No creo que el asunto salga ganancioso dejando para después lo que se puede hacer ahora. Esperar que pasen las elecciones para retomar el tema significará retomarlo nueva vez en las puertas de otras elecciones.

Es importante avanzar aunque no sea todo lo que se desearía, La Junta requeriría de apertura mental. Hay muchos aspectos que no se objetan. Es esa la base de consenso. Con el disenso habría que ser más cuidadoso. Insistir en lo que más y mejor pueda ayudar a la celebración de las elecciones sin generar inconformidades de tal magnitud que se reviertan a votación concluida.

© Julio Brea Franco 2007

Florida, USA

Publicado originalmente en

Periódico HOY de

Republica Dominicana

Octubre 16, 2007

October 16, 2007

Las palabras de la ley

El anteproyecto de reforma constitucional que ha circulando no se encuentra en Internet. El que lo tiene es porque alguien se lo ha enviado. Quizás el origen sea una filtración del documento desde la misma comisión que lo redactó. A nuestras manos llegó de reciente vía relacionados distintos. Que circule no es reprochable aunque hubiese sido mejor si hubiera sido difundido desde la misma fuente original. El secreto produce esos efectos.

Aun con el documento a la vista queda siempre el interés de conocer las motivaciones de la misma comisión redactora que explicarían su contenido. Avanzar especulaciones y, peor aun, juicios precipitados sin tomarse el esfuerzo de hacerse de una mínima cultura constitucional, no parece ser una actitud deseable. Lo mismo vale para los redactores: no hay justificación para los excesos de susceptibilidad.

Es cierto que no se puede pedir mucho en los tiempos que corren cuando donde la ecuanimidad esta siendo un valor escaso. Cada dia es mas frecuente ver profesionales, economistas y científicos sociales que se producen con tanta cerrazón, paraojos, apasionamiento y arrogancia que se asemejan mas a los políticos de poca monta.

Decir que el documento es extenso es una cosa y contabilizarla es otra. La aritmética ayuda a verlo en magnitudes comparables. El anteproyecto tiene 24 mil 572 palabras, esto es, mas de 11 mil 961 palabras que la constitución vigente. Por consiguiente, es dos veces su extensión. Se podría entender un aumento en las 12 mil 600 palabras del vigente pues hay novedades en el anteproyecto. Sin embargo, el indicador nos invita a examinar el documento en clave de concisión.

La sistemática del anteproyecto es mucho mas detallada que la constitución vigente -lo que no es malo siempre no se abuse. El texto vigente está organizado en títulos, secciones y artículos. El anteproyecto también en títulos, pero incluye capítulos, secciones, sub-secciones y artículos. El actual tiene 14 títulos, el anteproyecto 13; no contiene capítulo alguno mientras que el anteproyecto tiene 27. Existen 19 secciones en la actual constitución pero se proponen 43 y 4 sub-secciones. En cuanto a la cantidad de artículos de 124 actuales se pasa a los 289 de la propuesta

Del análisis de la sistemática se advierte que fue bien construida, con buena lógica y dominio de la materia constitucional. Los comisionados han realizado un muy buen trabajo de montaje. Esta todo y bien organizado. Esa es una virtud.

Pero es demasiado extenso. Se detalla mucho, muchas veces innecesariamente. De ahí que habría de realizar una revisión detenida -preferiblemente por una comisión de estilo- para tornarlo mas conciso, y lo mas claro que sea posible.

Una constitución no puede ser un texto para especialistas. Se escribe también para que sea comprendida por la mayor cantidad de personas de diferentes niveles sociales y culturales. De lo contrario, pierde utilidad práctica apoyar reivindicaciones, reclamar contra los violadores en el poder o en la oposición. Hemos acumulado demasiada mala experiencia en textos y artículos infames, poco entendibles, ambiguos y oscuros hechos con el propósito de manipular.

Mas allá de la clásica dicotomía breve/extensa en que la doctrina clasificaba las constituciones (se consideraba larga las que excedían las 6 mil palabras) lo cierto es que la virtud de la precisión se ha perdido. Hay un gusto por la retórica democrática pero también la extensión es una argucia para consensuar la multiplicidad de grupos mediante incisos, párrafos y aun artículos de dudosa necesidad.

El anteproyecto – en sus aspectos formales- representa un excelente punto de partida para el afinamiento. Requiere poda, es cierto, pero ello no implica dejar de lado preceptos programáticos de derechos de tercera y cuarta generación. Incluirlos no constituye una invitación a desprestigiar el texto. Afirmar eso es hablar por hablar y no entender que la gran mayoría de las constituciones de hoy dia los incluye con el propósito de recordar a los gobernantes las responsabilidades del Estado e indicarles hacia donde es que deben caminar.

© Julio Brea Franco 2007

Florida, USA

Publicado originalmente en

Periódico HOY de

Republica Dominicana

Octubre 9, 2007

October 16, 2007

La materia de septiembre

Es aceptable la afirmación de que las tres cuartas partes de las tareas para el montaje de la presidencial de 2008 han sido ya realizadas. Es creíble aunque la JCE no disponga en su portal de Internet de un calendario electoral dinámico, de actualización continua, que permita la comprobación de la aseveración. El icono aparece, pero no el documento. La información es útil a la transparencia incluso para las organizaciones de observación electoral internacionales.

El restante 25 por ciento de lo que aun queda por hacer se refieren a acciones y actividades que solo podrán realizarse con posterioridad a apertura del proceso electoral y del agotamiento de ciertos plazos legales. Ese es el caso del diseño de la boleta electoral que requiere el esclarecimiento previo de los candidatos y con la definición de los vicepresidentes. La impresión de los cinco a seis millones de boletas, la publicación de la normativa incluyendo las resoluciones y reglamentos. La misma logística de distribución de los materiales y útiles sólo puede llevarse a cabo cuando todo haya sido definido.

Se aprecia una actitud y disposición de trabajo en la JCE – en particular de su Cámara Administrativa- no solo de cumplir con la organización técnica de las elecciones, sino mas aun: de hacerlo bien. Ese, sin duda alguna, es un componente muy positivo que no se ha proyectado adecuadamente por las diatribas y los problemas internos, la multitud de declaraciones, algunas contradictorias, entre los integrantes del organismo.

Ciertamente, el aspecto técnico organizativo contribuye en mucho al éxito de unas elecciones pero no necesariamente todo depende de el. Hay muchos factores que pueden dinamitar los buenos deseos. No debe perderse de vista que las elecciones son un fotograma del proceso político. Que las elecciones expresan la naturaleza y las características tanto de la sociedad como del mismo sistema político en particular. Y de la lucha política.

Una presidencial –celebrada a solas- es relativamente fácil. Basta repasar algunos aspectos. Es una elección nacional para cargos nacionales inseparables: Presidente y Vicepresidente de la Republica. Por más partidos que existan, los candidatos no suelen estructurarse en más de unas pocas opciones –de 6 a 10 como máximo- tomando en consideración las alianzas y las coaliciones. No hay pues la avalancha de impugnaciones que se producen en las congresionales y las municipales. Hay estadística infame de cambios, sustituciones de candidatos que hacen las secretarias de los partidos al punto de desvirtuar sus primarias electivas.

Por otra parte, no es lo mismo manejar 6 millones de boletas de un único tipo que 13 millones, de 208 formatos diferentes. No es igual manejar 12 mil urnas que bregar con 25 mil, que es la cantidad requeridas para las congresionales-municipales. Tampoco es equivalente ofrecer un cómputo electoral que conlleva un volumen de 225 mil datos que otro de un millón, a pesar que eso ya no impacta como antaño cuando había que digitarlos. Ahora con el avance tecnológico se utiliza el escáner y la transferencia a través de un network protegido.

Los cómputos presidenciales más recientes – 2000 y 2004- se articularon en 14 y 10 boletines con una duración de 24 y 39 horas, respectivamente, para el total de mesas electorales. Las congresionales y municipales de 2002 y 2006, se ofrecieron en 18 boletines cada una, con una duración de 91 y 188 horas respectivamente. Nótese la diferencia.

Las presidenciales no son suficiente para graduar a ninguna JCE en su capacidad organizativa. La asignatura pendiente son las congresionales y municipales que han sido las que mas problemas han evidenciado de las 13 elecciones que se cuentan desde 1982 a la fecha. Ahora se escucha que se propone conjuntar dos y dejar perdidas en el desierto las municipales, a las que, de ser asi, irán a votar solo los vecinos mas cercanos.

Es importante tomar en consideración estas diferencias no para desvalorizar o degradar el mérito de quienes la organizan sino para que entendamos que los peligros de estos procesos no lo constituyen factores técnico-organizativos sino otros, eminentemente políticos, como los entendemos los dominicanos.

© Julio Brea Franco 2007

Florida, USA

Publicado originalmente en

Periódico HOY de

Republica Dominicana

Septiembre 25, 2007

October 16, 2007

El secreto y el Presidente

Un secreto muy guardado continúa siendo el documento de propuesta para la reforma constitucional que aun reposa en las manos del Presidente de la República. Se desconoce cuando será introducido al Congreso Nacional y, obviamente, también su contenido. La comisión a la que se encargó de redactarlo concluyó sus labores en abril pasado.

Si algo se ha sabido al respecto hay que agradecerlo a CLAVE que tanto en su formato digital como en el escrito, ha hecho avances y calzado algunos comentarios. Sin embargo, no es recomendable analizar ni valorar nada sin tener los papeles en la mesa. No solo el anteproyecto, sino también el pliego de motivaciones, consideraciones y razones que sustentan las más importantes reformas y novedades. Es lo menos que puede pedirse para realizar un análisis profesional y responsable.

El presidente, al parecer, ha considerado que el momento político no ha llegado. Por eso no lo ha introducido. Sin embargo, ya se vive la euforia del proselitismo para la elección presidencial del próximo año con las tensiones y el malestar propio de un intento de reelección. Precisamente, por esa decisión, en el partido oficial, hay inconformidad que no se supera. En la oposición, en particular el Partido Revolucionario Dominicano, ya está en andanzas de contrapunto electoral.

El ambiente, por consiguiente, no sería el mas adecuado para una reforma constitucional que no este atada a lo contingente. La propuesta presidencial no será tomada como superparte, sino todo lo contrario. Será vista como un planteamiento que interesa al presidente y a sus intereses de parte. Pero a pesar de ello, no puede descartarse que sea presentada y se trate de aprobar antes de las elecciones venideras o inmediatamente después, en el interregno, antes de iniciarse el próximo periodo constitucional. No seria eso lo sensato pero la nuestra es una política de insensateces.

Es de pensar que el documento elaborado por la comisión sea el resultado de un trabajo ponderado y lúcido. Nada obliga a que sea de otra manera. Tampoco que refleje ni evidencie partidarismo ni mala fe. Ha debido ser un esfuerzo profesional y bien intencionado. Ciertamente que habrá diferencias de criterios con relación a algunas soluciones dadas el documento pero para eso es que se debate.

No se sabe si el Congreso cuando apruebe la ley que declare la necesidad de reforma de la Constitución y se inicien los trabajos en la Asamblea Nacional, si se abrirá un periodo de debate abierto. Debería hacerse después que se llevará a cabo una consulta popular –nada novedoso pues eso mismo se realizó en 1998- y que sirvió como insumo o imput para el trabajo de la comisión.

A trabajo concluido –si se es coherente con las declaraciones entusiastas del Presidente- se impone la discusión ex-post para que la iniciativa sea “genuinamente democrática” previo a su deliberación y aprobación. También eso sensato pero no probable.

Hay aspectos que merecen comentarios por separado. A guisa de ejemplo: la reelección presidencial, la unificación de las elecciones presidenciales y congresionales y la reestructuración del organismo electoral.

El primer aspecto es muy sensible: el documento establece una única reelección consecutiva con la imposibilidad absoluta volver a ejercer la presidencia y la vicepresidencia. ¿Qué sucederá con el actual Presidente Fernández quien fue elegido y se juramentó con el texto vigente en el 2004 que establece: “El Presidente de la República podrá optar por un segundo y único período constitucional consecutivo, no pudiendo postularse jamás al mismo cargo, ni a la Vicepresidencia de la República”?

Si es reelegido lo lógico será que no podrá postularse jamás. ¿Y si se juramenta en el 2008 con un texto reformado? ¿Pretenderá reelegirse arguyendo que se trata de un orden nuevo? Ese es un asunto que hay que considerar y clarificarlo mediante una disposición transitoria. La claridad sin embargo no va con la manera en que hacemos política. Per ha de hacerse. Es que no hay Presidente que resista más de una reelección ni país que lo aguante. Aunque entre el mar, sea un salto al vacío o que sea por la “gobernabilidad”.

© Julio Brea Franco 2007

Florida, USA

Publicado originalmente en

Periódico HOY de

Republica Dominicana

Octubre 2, 2007